Chihuahua, Chih.

No es un episodio cualquiera el sucedido en la semana, a raíz de la denuncia presentada por la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Alejandro Gertz Manero, en contra de 31 académicos, científicos, funcionarios y ex funcionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), por la presunta comisión de varios delitos relacionados con el ejercicio de los recursos públicos puestos a disposición del órgano científico del país; una parte de los cuales éste había derivado al Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), con base en varios ordenamientos que se sustentaban en la derogada ley del Conacyt, vigente hasta fines del 2018.

Sin embargo, a la que debería ser una acusación de peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, el Fiscal Gertz Manero agregó que existen suficientes datos como para acusarlos de haber incurrido en los delitos de ¡Uso de recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero y delincuencia organizada!

Y como presumió que se trataba de presuntos delincuentes, extremadamente peligrosos, además de considerarlos como proclives a  fugarse, en el supuesto de que los jueces dictaminaran la vinculación a proceso y, “por la calidad de los delitos cometidos”, no aptos para cursar el proceso en libertad, decidió citarlos en el penal de ¡Almoloya!

¡Se salvó el gobierno de México de ser el hazmerreír internacional, pues mientras Ovidio Guzmán goza de plena libertad, el gobierno de la 4T habría metido a la cárcel a 31 académicos y científicos!

Afortunadamente, para la 4T, un juez federal resolvió, dos veces, (y apoyado por resoluciones de la Corte) en contra de las pretensiones de Gertz Manero. 

Pero éste es tesonero, intentará una tercera.

Imposible desligar de este asunto el antecedente de que una parte de los acusados tuvo que ver en la negativa a concederle, al ahora fiscal de la república, el carácter de miembro del Sistema Nacional de Investigadores, grado III, por la pequeña circunstancia de haber encontrado que la obra presentada por Gertz era un plagio -en un 40%- de la obra publicada por otro investigador.

Pasaron los años, se las guardó y ahora los quiere ver en Almoloya.

Bonito se vería el gobierno de México enviándolos al penal reservado para los más connotados criminales, en tanto que a los acusados de haberse apropiado y/o aceptado multimillonarios sobornos -como es el caso del ex director de Pemex, Emilio Lozoya-, o haber defraudado a las arcas públicas como Alonso Ancira -quien mediante una cómoda devolución, en abonos “chiquitos”, se libró de ir a la cárcel- o el expresidente Peña Nieto y algunos de sus funcionarios, se mantienen en libertad, incluso sin acusación alguna.

¡Qué cosas!

Siendo grave lo anterior, no es lo peor. Hay más.

Entre los antecedentes más reprobables del caso se encuentra el hecho de que, a consecuencia de que se rompieron las pláticas entre la actual directora del Conacyt y los directivos del FCCyT, en las cuales estos exigían 50 millones de pesos para sus actividades y Conacyt, “bajo los principios de la austeridad republicana”, ofreció apoyar con un monto “modesto y suficiente”, el FCCyT rechazó la contrapropuesta e interpuso un recurso de amparo.

A raíz de eso, y luego de alegar haber encontrado irregularidades ejecutadas a través de asignaciones directas millonarias a favor del FCCyT, el Conacyt una denuncia de hechos, de la que se derivaron todos los hechos.

En términos rancheros: -como no te ajustas a mis términos y encima recurres al Poder Judicial, entonces te denuncio y te mando a Almoloya.

-Y, además, como ya lo dijo el presidente, “el que nada debe, nada teme”.

¿De veras es un asunto más, como muchos de los que se presentan casi a diario, en los que “grupos de conservadores intentan desestabilizar al gobierno de López Obrador, todo por la pretensión de no perder sus privilegios”?

Dejemos sentada una premisa: Es probable que sí se hayan cometido irregularidades en el ejercicio de esos recursos y que muchos de ellos hayan servido para mantener el régimen de privilegios, no de la élite científica, sino de la burocracia existente a su alrededor y que algunos de sus integrantes pasen de una a otra, pero de ahí a acusarlos de ¡Delincuencia organizada! Es, como lo dijeron Ricardo Monreal, líder de los senadores morenistas, y Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de CDMX, un exceso sin parangón en el México moderno.

Hay cosas aún más graves que todo lo anterior.

Durante décadas, los sectores más progresistas de la sociedad mexicana -algunos de ellos muy golpeados por las decisiones arbitrarias del poder- propugnaron por dotar de autonomía a la Fiscalía General de la República, -y con ella, a todas las fiscalías estatales- para que su actuación no dependiera de los intereses, voluntades y decisiones del presidente en turno.

La historia reciente del país es pletórica de ejemplos en ese sentido. La procuración de justicia era al modo del gobernante.

El presente caso es uno más, con un agravante: El Fiscal Gertz le miente a la nación -bueno, igual que los anteriores- pues ahora, tanto él como el presidente no dejan de presumir la autonomía de la FGR.

No hay tal. 

Los ejemplos en ese sentido sobran, pero el asunto de hoy pone los pelos de punta: Tiene un indudable componente de revancha o venganza personal.

Más de uno de los seguidores acríticos del presidente argumentará que no es cierto y ese dicho será semejante a los alegatos usados por la directora de la sección presidencial de “Quién es quién en las mentiras de la semana”; deberá aceptarse como verdadero, sólo porque ellos -y ella- lo dicen.

No, ahora hay un hecho que confirma el uso atrabiliario del poder de la FGR y de la presidencia: Pretendieron llevar a los científicos y académicos a la cárcel de “mayor seguridad” del país, Almoloya.

¿En qué cabeza cabe semejante torpeza?

Más aún ¿Cómo es que el presidente se atreve a apoyar semejante acción que, además de ilegal, raya en el máximo de las torpezas cometidas desde el actual poder presidencial?

Así, paso a paso acudimos a la reconstrucción de la parafernalia que era la presidencia “imperial” en tiempos del viejo régimen, solo que ahora reconstruido y mejorado, basado en el apoyo irrestricto de otra élite, la beneficiaria del presupuesto de la seguridad pública, de las fuerzas armadas, de la secretaría de Turismo (su presupuesto se incrementará casi el 70% en 2022… para construir el tren maya); de la SCT (por hacerse cargo de las aduanas y los puertos mercantiles y la construcción del aeropuerto de Texcoco) y otros arrimadijos.

¿Autonomía de la FGR? ¿“No perseguimos opositores”?

Esa son falacias del actual gobierno, para refutarlas ahí están 4 agricultores chihuahuenses presos (Andrés Valles, Rosendo Lerma Lechuga, Juan Lechuga Montes y Juan Rivera Márquez) por participar en la lucha por el agua, activos participantes en la recuperación de La Boquilla.

Contra ellos -y otros- este régimen fue capaz de inventarles delitos, antecedentes; espiarlos; congelarles cuentas bancarias y mantenerlos ilegalmente en la cárcel, prácticamente de manera indefinida.

¿Actuó la FGR de manera autónoma en este caso? ¿No siguió las indicaciones presidenciales?

Por desgracia, los casos irán aumentando; al contentillo de quien les exigió a los legisladores -en una ocasión, abiertamente- que no le cambiaran “ni una coma” a una iniciativa de ley suya.

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