Chihuahua, Chih.

Para evadir la prohibición de realizar actos anticipados de campaña, los actores políticos interesados en contender como candidatos en el próximo proceso electoral local del 2021 (ya sea a gobernador, a diputado o presidente municipal), han iniciado -por conducto de terceros ‘desinteresados’- campañas de proselitismo a través de las redes sociales; evitando con ello, cualquier sanción electoral que los pudiera dejar fuera de la contienda electoral.
Al día de hoy, abundan publicaciones de encuestas (sondeos de opinión) a través de las cuales se promueve -de manera sumamente anticipada- a los posibles candidatos de los partidos políticos a cargos de elección popular; lo anterior, para colocar, cuando menos, los nombres de los ‘suspirantes’ en el debate político.
En este contexto, debemos tener presente la extrema pasividad de los órganos electorales para evitar este tipo de fraude a la ley electoral; ya que, en última instancia, fomenta este ilícito tipo de proselitismo electoral; en especial, de aquellos personajes que ocupan un cargo público.
Así, mediante actos ‘oficiales’, los servidores públicos con pretensiones político-electorales intensifican su agenda oficial, ya sea mediante un sinnúmero de eventos públicos y/o una inusual inauguración de obras públicas; sin mencionar, claro está, su intención de postularse o reelegirse a un cargo de elección popular.
Así las cosas, y dada la inequidad que genera este desleal activismo, aunado a que durante las campañas electorales los servidores públicos no están obligados a separarse de sus cargos; me veo obligado a dar a conocer mi intención de participar como candidato independiente a diputado local en los comicios del 2021.
Toda vez que constituye un hecho notorio que los candidatos son muy propensos a ‘piratearse’ las propuestas de campaña de sus adversarios; en esta ocasión, me permito dar a conocer a la ciudadanía chihuahuense mi principal propuesta legislativa. Previo a ello, resulta oportuno citar los siguientes antecedentes:
a) Al inicio de su mandato, Peña Nieto estableció una serie de acciones “para el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos y de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público… (y) para racionalizar el uso de los recursos públicos, reduciendo los gastos operativos y reorientando los ahorros obtenidos a los programas sustantivos de la Administración”.
b) En el año 2013, el ‘vulgar ladrón’ emuló esta estrategia “ahorrativa” a través del “Acuerdo para las Políticas de Racionalidad, Austeridad y Disciplina del Gasto Público de la Administración Pública Estatal”; el cual, generaría un ahorro superior a un mil millones de pesos… y una notoria eficiencia en la Administración Estatal.
c) Al inicio del 2017, Javier Corral publicó el ‘Decreto Ejecutivo’ que contenía “las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público que habrán de ser aplicadas por los funcionarios del Poder Ejecutivo estatal… que nos asegure lograr una estabilidad presupuestaria, y por otro lado, la eliminación gradual del déficit con el que se da inicio a la presente administración”.
d) Hace un año, los diputados locales de Morena presentaron una iniciativa de ley para crear la ‘Ley de Austeridad en el ejercicio y asignación de recursos públicos del Estado de Chihuahua’; misma que ni siquiera ha sido dictaminada.
Luego, para erradicar las hipócritas ‘iniciativas del corazón’ de los candidatos partidistas, así como para evitar que las iniciativas de los partidos de oposición sean enviadas al ‘congelador legislativo’, mi propuesta consiste en otorgar una real participación a la ciudadanía en el procedimiento legislativo.
En especial, convocaré a un ‘Pacto Político’ que sea suscrito por todos y cada uno de los candidatos con el propósito de erradicar los privilegios de los funcionarios públicos estatales y municipales.
En especial, promover el incremento del sueldo base, pero eliminar el pago por concepto de ‘compensación’.