Chihuahua, Chih.

¿Cómo entender la historia aún inconclusa del caso César Duarte, que se ha convertido en una afrenta, y una obsesión ética y política durante los últimos seis años? 

Desde luego que es una compleja y ardua lucha contra la corrupción en Chihuahua y en México. La detención de César Duarte y su cercana extradición, puede entenderse como un avance significativo en esta lucha. 

¿A quiénes les corresponde el reconocimiento y el posible triunfo de esta lucha? 

A varios actores, empezando por Jaime García Chávez y Unión Ciudadana, continuando con Javier Corral y el aparato de justicia del gobierno de Chihuahua, y siguiendo con el trabajo diplomático del gobierno de López Obrador para encaminar la detención y extradición de Duarte, de Estados Unidos hacia México. 

Pero este caso amerita ser analizado desde otra perspectiva. 

La tesis que se sostiene en este artículo, es la siguiente: El caso César Duarte requiere ser analizado a partir de un conjunto de mecanismos que han dado lugar a una politización de la justicia. 

Lo que ha sucedido desde el día de ayer en las redes sociales y en las declaraciones a los medios, es una lucha encarnizada por colgarle las medallas de la detención duartista, a unos u otros. 

Este es un síntoma de la politización de la justicia. Desde los inicios del caso Duarte, con la denuncia presentada por Jaime García Chávez y la fundación de Unión Ciudadana en 2014, la lucha en contra de la corrupción duartista se politizó. 

Cuando la justicia se politiza como en el caso Duarte, queda claro que los mecanismos jurídicos son rebasados políticamente. En este caso, la politización de la justicia tiene que ver fundamentalmente con tres cuestiones: 

A) El signo inequívoco de la corrupción institucionalizada que abarca los tres poderes, y que se extiende por los distintos niveles de gobierno.

B) El fracaso de las instituciones del poder judicial en Chihuahua y en México, que tienen que ser presionadas políticamente para que se aplique la justicia.

C) La puesta en marcha de un conjunto de jugadas políticas que se generan desde la sociedad para exigir la aplicación de la justicia. Estas jugadas políticas se desdoblan hacia las coyunturas electorales de manera “sui generis”. 

Concretamente, ¿de qué maneras la aplicación de la justicia en el caso César Duarte ha sido politizada? Se identifican cuatro estratos de politización de la justicia que han quedado traslapados, pero que requieren ser analizados en su especificidad y en su conjunto. 

Estos estratos se mencionan de manera sintética, sin profundizar en cada uno de ellos: 

1er estrato.- La presentación de la denuncia contra César Duarte por parte de Jaime García Chávez y la fundación de Unión Ciudadana en 2014, que ha dado lugar a una continuidad y una congruencia en el reclamo de justicia durante seis años. 

2o estrato.- La retirada de Unión Ciudadana por parte de Javier Corral, de un grupo de panistas y de un conjunto de militantes de la izquierda, y la posterior fundación de Alianza Ciudadana durante la coyuntura electoral del 2016. Corral y quienes impulsaron su candidatura, usaron el caso César Duarte como plataforma política para ganar las elecciones por la gubernatura en Chihuahua. 

3er estrado.- La administración política de la justicia en el gobierno corralista, que ha dado lugar a una aplicación selectiva y a modo de la justicia, en donde el caso de Jaime Herrera es emblemático. Sobre esta cuestión, el actual gobierno del estado tiene que dar cuentas claras ante la sociedad chihuahuense. 

4o estrato.- La protección del gobierno de Peña Nieto a César Duarte y sus cercanos, y la ruptura de esa protección por parte del gobierno de López Obrador, que ha dado lugar a la detención de Duarte en Estados Unidos y su cercana extradición a México. La detención de César Duarte mientras López Obrador estuvo en Washington no es una coincidencia, sino el obsequio de un trofeo de persecución política. 

Es a partir de estos cuatro estratos que la justicia se politiza en el caso de César Duarte. Hay un cúmulo de indicios que permiten afirmar que, durante el proceso electoral del 2021, la aplicación de la justicia en este caso seguirá siendo politizada de manera genuina o mezquina. 

Cuando la politización de la justicia es genuina, como en el caso de Jaime García Chávez y Unión Ciudadana, hay que decirlo y subrayarlo. Toda politización de la justicia que es genuina merece reconocimiento e impulso. 

Cuando la politización de la justicia es mezquina, tal como sucedió durante las elecciones de 2016, mientras Javier Corral y sus aliados usaron el caso Duarte para posicionar el triunfo panista en la gubernatura de Chihuahua, hay que hacer los señalamientos y las críticas respectivas.