Chihuahua, Chih.
La apabullante aparición de nuevos acontecimientos de la “cosa” pública hacen imposible detenerse suficientemente en cada uno de ellos.
El triunfo de Andrés Manuel López Obrador ha catapultado la atención ciudadana sobre los asuntos del gobierno, y de la vida política en general del país, como ningún otro protagonista de la función pública.
No es tarea fácil acometer ninguna de las tareas de gobierno en el momento actual del país, la crisis económica, política, social e institucional es, quizá, la más grave de la vida contemporánea de los últimos 90 años, o más.
Sí es, claramente, el agotamiento de un régimen, el cual posee la suficiente fuerza como para imponer condiciones y limitantes a quienes pretenden distintas reformas; limitaciones que se potencian, además, por el entramado económico vigente, en esta etapa conocida como la era de la globalización, de la cual prácticamente ningún país puede desentenderse, menos el nuestro, dependiente en grado extremo de la economía norteamericana, fruto de la política económica aplicada por quienes fueron expulsados de las tareas gubernamentales gracias al tsunami lopezobradorista.
Pero ese mismo impulso y las trabas existentes, además de las concepciones y actitudes propias de quienes accedieron al poder, los lleva a caer en numerosas y frecuentes contradicciones, de las que obtienen provecho los partidos de la oposición.
Dos temas, uno en cada ámbito, son, hoy, los principales temas de interés mediático, aunque el del nombramiento de los mandos de la Guardia Nacional, es, quizá, el más importante debido a la puesta en vigor de este nuevo agrupamiento policial, mediante la incorporación de no solamente la tropa, sino de sus mandos, en contraposición a todo lo sostenido previamente por los dirigentes de Morena, incluido el propio presidente López Obrador, a lo largo de su extensa carrera política como aspirante presidencial.
El nombramiento de un militar en activo -así el presidente diga que está en “proceso de retiro”- y de un abigarrado grupo de militares al frente de la GN, en contraposición a lo acordado con los partidos y legisladores de oposición para aprobar la creación de la GN es -será- uno de los temas más controversiales del sexenio del tabasqueño.
En el ámbito local, la designación de Néstor Manuel Armendáriz Loya, a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, -hasta ahora Director de Control, Análisis y Evaluación en la propia CEDH, luego de ejercer la Visitaduría en Cuauhtémoc- en la cuarta ronda de votación efectuada por el Congreso del Estado, develó la profunda pérdida del control político, que hasta la víspera había ejercido el gobernador Javier Corral.
Ninguna de las opciones presuntamente de las simpatías del mandatario pudo llegar al segundo día de votaciones y, sobre todo, la que se presumía como la carta fuerte del grupo encabezado por la Consejera Lucha Castro, -la defensora derechohumanista, integrante del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CDHM), pero ahora funcionaria de la Fiscalía General del Estado- Irma Villanueva, quedó fuera.
Y se quedó a la orilla pese a los esfuerzos del gobernador Corral por sacarla adelante, como quedó evidenciado por el intenso cabildeo efectuado por sus personeros, especialmente el del subsecretario de Gobierno, Luis Fernando Mesta Soulé, que en plena sesión de votación llegó a reforzar al equipo corralista.
No pudieron y la designación del nuevo presidente deberá ubicarse como el evento más sintomático del declive de la actual administración, en lo que se refiere al control y capacidad de liderazgo de Javier Corral, quien deberá arrostrar que sus bonos bajaron -lo que se evidencia a cada momento y, ahora, en casi todos los eventos públicos a los que acude- además de que una parte del panismo se apresta a darle la batalla en casi todos los escenarios de la disputa por el poder.
Quien pierde es la consejera Luz Estela Castro, en la búsqueda de una de las posiciones que al inicio del sexenio podría haber sido de lo más natural que ocupara alguna de las abogadas-activistas del CDHM, pero que al involucrarse en la vorágine del poder, ejerciéndolo, perdieron la brújula de los organismos derechohumanistas que, por esencia, deben permanecer ajenos, primero, al ejercicio del poder político y, segundo, en consecuencia, a las lógicas disputas por esa razón.
De ahí que parezca paradójico -e ilógico- que una de abogadas más capaces y mayor currículum de ese grupo, Villanueva, -además, cercano al gobernador- hubiese querido pasar, sin tocar baranda, de un puesto en la Fiscalía, a la presidencia de la CEDH.
Solo imaginémonos que en tiempos de los gobiernos priistas lo mismo hubiesen pretendido. Se habrían encontrado una férrea y estridente oposición a tal designación, lo que demuestra palmariamente la incongruencia, tanto del gobernante, como del grupo que aspiró a tal posición.
Y es en medio de ese mar de incongruencias que el grupo parlamentario de Morena no logra ubicarse como la fuerza política que es, o que, peor aún, intentan usar estratagemas que los hagan aparecer como guardianes de la honra política.
Para ilustrar esto último, enviaron un comunicado en el que se enorgullecieron de no haberse ausentado del recinto parlamentario, en los recesos decretados, para que quedara evidenciado que ellos “no negocian en lo oscurito”, precisamente en los momentos en que las fuerzas parlamentarias aprovechan para cabildear, negociar, convencer, atraer a sus posiciones y posturas a otras fuerzas políticas.
Y si no lo creen, ahí está el ejemplo del cabildeo realizado por Ricardo Monreal, líder de los senadores de Morena, para obtener la mayoría calificada que les permitió aprobar la creación de la GN. Para eso son los espacios parlamentarios para cabildear, parlamentar, acordar; si se puede, si no, como decía el letrero en el rancho, “po’s no”.
Y esas son de las vicisitudes de Morena, aquí, pero en el plano nacional se ven aumentadas, por la dimensión de los problemas y los retos, indudablemente, pero también por la excesiva exposición del presidente a la escena pública.
Además de que Amnistía Internacional rechazó, de inmediato, el nombramiento de militares al mando de la GN, el periodista Jorge Ramos hizo ver mal al presidente y mostró la impreparación con la que llega a las conferencias mañaneras, por supuesto, no siempre, pero sí con una relativa frecuencia.
El periodista argumentaba que se seguía matando a muchos mexicanos en su gobierno, igual o peor que en los sexenios de Calderón y Peña Nieto. López Obrador insistió en mostrarle los promedios diarios de ejecuciones, sin percatarse que sus cifras, al sumarlas, eran superiores a las reclamadas por Ramos.
Pero ni uno ni otro tomaron en cuenta que ambas cifras, al proyectarlas al año, arrojarían una notoria disminución, al compararlas con el último año de Peña Nieto.
López Obrador mostró el promedio diario de homicidios por mes: Diciembre, 79 diarios, (para un total, al mes, de 2,449); enero, 75, (2,325); febrero, 83, (2,324); marzo, 77, (2,387).
Total, en los primeros cuatro meses, 9,485 homicidios, lo que llevaría, en la proyección anual, a un total de 28 mil 455 asesinatos, para una tasa de 21.88 homicidios por cada 100 mil habitantes.
En cambio, en 2018 se presentaron 34 mil 202 asesinatos, para un promedio diario de 91 víctimas y una tasa de 26.3 por cada 100 mil habitantes, superior a la del actual sexenio.
Tales cifras le dan la razón al presidente López Obrador, respecto a los cuestionamientos del periodista Jorge Ramos, que también poseía la razón, pues éste solo se refería al total de homicidios presentados (Poco más de 8 mil, decía) y en cambio el presidente se refería al promedio diario.
Pero nadie, en el equipo del presidente, atinó a aportarle tal estadística y le permitió al periodista aparecer como quien sí tenía la razón.
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