Chihuahua, Chih.
A partir de 1945 la ONU reconoce los derechos de las mujeres de forma progresiva. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y entró en vigor el 3 de septiembre de 1981. México la firmó en 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981. La declaración y programa de Acción de Viena de 1993 apresura para que todo tratado e instrumento internacional sea urgido a su aplicación en termino de derechos humanos de las mujeres y en 1996, la Organización Mundial de la Salud determina que la violencia de género es un problema de salud pública con grandes costos al erario, económicos y sociales. Todos ellos, pensados y enfocados en las victimas; sin embargo, ¿cumplen el país y todas sus entidades federativas con las obligaciones a las que se comprometieron firmando acuerdo y tratados internacionales?
El anterior contexto ya se lo he explicado en mis muy diversas colaboraciones; empero, viene nuevamente a cuento porque siguen reverberando las emociones y discusiones sobre las protestas de mujeres, específicamente en la marcha del #8M.
Cuando hablamos de violencia de género, también estamos hablando de recursos para atenderla y todo el que se destina a su atención es dinero que deja de asignarse a la inversión para el desarrollo comprometiendo su impacto en la sociedad; sin embargo, al hablar de esta problemática, no se considera a la batería de especialistas del trabajo social, psicología y el derecho que se profesionalizan con especial énfasis en la perspectiva de género, que es indispensable para estar en contacto con víctimas y así, ofrecerles una atención digna y efectiva. Año con año, el estado como la federación, vienen restringiendo la contratación de nuevo personal y se niegan a generarles el mínimo de condiciones y estabilidad laboral a quien se dedica a este trabajo a pesar de los costos para el estado y la sensible de su labor.
Para hablar cuantitativamente, al término de 2018 en Chihuahua se atendieron un total de 11,548 personas en situación de violencia. En porcentajes, se puede expresar que, de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de 2016, en nuestro estado el 43.3% de las mujeres padecen violencia a manos de su pareja a lo largo de su relación actual y en general, el 68.8% sufren violencia de algún tipo; este dato se encuentra un poco más arriba de los 2 puntos respecto a la media nacional que se establece en el 66.1%. Desde luego las cifras han aumentado exponencialmente en los últimos años.
Para el 2020, el presupuesto para atender temas de género giraba en torno a tres grandes temas: el avance de la igualdad a través de la institucionalización de la perspectiva de género en la administración pública, la prevención y atención de mujeres en situación de violencia y el programa integral de apoyo a familiares de víctimas de feminicidio, que en su conjunto con un total de participaciones federales y estatales suman un total de 75,885,644.00; tan solo el estado aporta 51,747,724.96 pesos y el resto proviene de prerrogativas federales; tan solo para el ejercicio de ese año con acciones como la atención de víctimas en 11 centros especializados en el estado, refugios, programas federales, entre otros necesarios rubros.
El asunto es que, a pesar de que existen partidas presupuestales y que todos los presupuestos son sensibles al género, deben incluir esta perspectiva desde su planeación para que las mujeres y acciones que nos favorezcan estemos incluidas, su progresividad, es decir, que no se detengan y no desciendan año con año, los dineros no alcanzan. No alcanzan para brindar contratos de planta para el personal especializado, que este sea suficiente para los centros de atención que ya existen, que se abran más dónde sean estadísticamente requeridos y para la debida procuración de justicia, porque entre las asignaturas pendientes, se hace urgente la discusión sobre los motivos de la muy constante rotación de ministerios públicos en las fiscalías especializadas en delitos de género y la sobrecarga judicial que invariablemente, obliga a que muchas carpetas de investigación caigan en inactividad procesal.
Con todo el contexto anterior, ¿cómo se justifica la contratación de vallas que lo único que consigue es interponer barreras entre el eventual dialogo entre las mujeres que se manifiestan y las autoridades del estado? El costo para el erario, presumiblemente fue de 39,268,191.94 de acuerdo un documento que circuló profesamente en redes sociales; casi la mitad de lo que se ejerció en un año para la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y la atención y prevención de la violencia de género; cada una de las que se manifiestan en las calles, sin excepción, son también afectadas por la falta de criterio a la hora de implementar recursos, que se otorgan así, sin criterio ni prioridades para definir cuestiones tan básicas, como…
¿Qué es más importante en el actual gobierno? ¿Las paredes o la vida y la seguridad para las mujeres y las niñas?
Si hablamos de atención y prevención de la violencia de género y el acceso y procuración de justicia con esta perspectiva, ¿qué serviría más a más largo plazo? ¿La contratación de vallas metálicas o la contratación de más ministerios públicos para las fiscalías especializadas? ¿La apertura de más centros de atención? ¿refugios con mayor capacidad para mujeres y sus hijos e hijas que padecen violencia doméstica?
Esta y otras preguntas quedan en el aire.
Usted dirá si es justa la forma en que se gastan los dineros cuando de temas de mujeres se trata.
@marielousalomé
