Chihuahua, Chih.

Visto en su totalidad, el balance electoral de las elecciones del 6 de junio, para Morena, es, sin duda, positivo, pues además de conservar la cantidad de diputaciones federales obtenidas en 2018 (incluso, obteniendo algunas más que ese año), con la posibilidad de alcanzar la mayoría absoluta conjuntando a sus aliados, triunfó en la mayoría de las gubernaturas de los estados, con lo que se convertirá en el partido con más gobiernos estatales emanados de sus filas o, por lo menos, postulados por el partido del presidente.

Pero el mal humor presidencial se hizo presente. Vistos así los resultados electorales no se apreciaba que lo pudiesen explicar, si no es que se razonara que en realidad el presidente López Obrador sí esperaba que Morena, por sí solo, alcanzara la mayoría calificada (de 334 diputados federales). 

Pero lo que indudablemente desató la ira presidencial, fueron los resultados del Valle de México, no solo los de la Cd. de México, en los que perdió la mayoría de los municipios capitalinos (que cuentan con los presupuestos más abultados, tanto en la capital, como en el Estado de México.

Probablemente vistas así las cosas sí haya justificación para el malhumor del tabasqueño. 

No en cualquier lugar se pierden 29 diputados federales, 12 en la Cd. de México y 17 en el EdoMex, además de perder la mayoría en el Congreso del Estado de México, justamente cuando esta entidad -emblemática por su comportamiento electoral en los años previos a las elecciones presidenciales- se encamina a celebrar la elección de gobernador del estado en 2023, un año antes de la elección presidencial.

Por si fuera poco, en la Cd de México, Morena perdió las alcaldías que concentran el 85% del impuesto predial, esto significa que son las menos dependientes de los gobiernos de la ciudad y del federal, por tanto, podrán actuar de tal manera que su obra influya de manera directa sobre el electorado, sin tener el temor de los recortes presupuestales.

De este modo, encuentra claramente una explicación la abrupta salida del operador electoral por excelencia del presidente, Gabriel García Hernández, que lo ha sido en los últimos 10-12 años y que ahora, con su oficina al lado de la presidencial, era el jefe de los “superdelegados”, cuya actuación, en la abrumadora mayoría de los casos, obedeció a una más que evidente estrategia electoral.

No deja de sorprender que levantara muy pocas opiniones críticas -tanto en el interior del gobierno y Morena, como en el exterior- el hecho de que ese depurado operador electoral fuera el jefe de la oficina encargada de la operación de los programas gubernamentales de López Obrador, bajo la eufemística denominación de Coordinación General de Programas para el Desarrollo del Gobierno de la República.

De la importancia de su desempeño y cercanía con el ahora presidente habla el hecho de que, a la edad de 23 años, se convirtió en el Director de Adquisiciones de la Oficialía Mayor del gobierno del Distrito Federal de 2000 a 2005, cuando el hoy presidente era jefe de gobierno. 

Algo debe saber García Hernández de la estructura organizativa, política, financiera de la capital del país y de los beneficiarios del muy robusto presupuesto de la Cd de México.

Es especulación pura, pero, sin duda que la remoción de su cargo obedece a los catastróficos resultados (para su jefe) en el centro del país, en la que los partidos de la izquierda electoral, por primera vez desde 1997, sufren derrotas de tales magnitudes y que han generado el acendrado malhumor presidencial, desatado irracionalmente sobre las “clases medias”, tema que ha acaparado su atención prácticamente desde el día posterior a las elecciones.

Y todavía les espera otro balde de agua fría: El de enterarse que los muchos votos emitidos a favor de la oposición (más que los obtenidos por la coalición gubernamental) obedecen a que la mayor parte de esos electores de ese modo han mostrado su rechazo al presidente.

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