Chihuahua, Chih.

"Ellos no son terroristas, ya tienen tres meses (ahora 9) encerrados sin ser culpables de nada, no mataron a nadie, no dañaron a nadie; es una injusticia lo que está pasando”: Estela Rivera Márquez, hermana de Juan.

En la noche del 8 de septiembre del 2020, luego del violento enfrentamiento de La Boquilla entre los productores y habitantes de la región centro-sur del estado, y la Guardia Nacional (GN), una partida de este agrupamiento detuvo a Rosendo Lerma Lechuga, Juan Lechuga Montes y Juan Rivera Márquez, productores del municipio de La Cruz que habían participado en las protestas.

Los acusaron de haber sustraído armas de uso exclusivo del ejército y de poseer unas granadas-bombas. 

Pocos momentos después, otra partida de la GN balaceaba al matrimonio de Jessica Silva y Jaime Torres, también productores participantes de los hechos del día alrededor de la presa más grande de Chihuahua. Ahí murió Jessica, con tiros por la espalda, igual que su esposo, Jaime, quien sobreviviría y deberá sobrellevar severas complicaciones a causa de las heridas de bala de grueso calibre recibidas a bordo de su vehículo.

Rosendo y los Juanes ya cumplieron más de 9 meses detenidos, acusados de delitos no cometidos, a los que en la audiencia de vinculación a proceso, la FGR intentó acusarlos por el delito de terrorismo, el cual fue descartado por un juez, todo porque la GN les encontró unos artefactos que clasificaron como “bombas” y que en realidad eran recipientes (latas) de gas lacrimógeno, usados por los elementos castrenses (que sostienen las autoridades federales que ya son policías) para reprimir las protestas de los productores del sur de Chihuahua.

A la larga cadena de desaguisados cometidos por la autoridad federal en el conflicto del agua de las presas del año anterior, se agregó el informado por el presidente López Obrador, en el sentido de que algunas de las armas que, dijo, fueron “sustraídas” en La Boquilla a la GN habían sido decomisadas en un operativo del agrupamiento en contra de elementos del crimen organizado, en Nayarit, más de 7 meses después del conflicto.

“En el movimiento en Chihuahua había gente vinculada con los que operan en Jalisco, en la delincuencia del Grupo de Jalisco (Cártel Jalisco Nueva Generación)”, dijo el mandatario en una conferencia “mañanera” celebrada en abril de este año.

La respuesta de los dirigentes de los productores, de dirigentes partidistas, autoridades federales, así como infinidad de testimonios periodísticos fue palmaria: Se trata de un infundio más. 

Hay una buena cantidad de videos, fotos y testimonios de los participantes en los que se demuestra que el total de las armas en poder de los militares fueron contabilizadas una a una, acopiadas en un vehículo bajo la atenta mirada y supervisión del general Vázquez, encargado de las tropas acantonadas en La Boquilla.

Si muchos meses después algunas de las armas fueron encontradas en manos de los integrantes del crimen organizado, la responsabilidad no es de los productores sino de los cuerpos militares y sus jefes.

No fueron las únicas acciones represivas en contra de los participantes de las protestas. 

Al menos 50 cuentas bancarias de dirigentes de los productores, de sus organizaciones, de la región Centro-Sur del estado de Chihuahua y del Ayuntamiento de Delicias, participantes de las acciones para evitar la extracción de agua de la presa La Boquilla, fueron bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, debido a que, arguyó la dependencia, se detectaron “movimientos irregulares en el sistema financiero nacional”.

A la fecha aún se mantiene bloqueada la cuenta personal del dirigente Salvador Alcántar, en la que le depositan la pensión generada por haberse desempeñado como catedrático de la UACh, que no cuenta, por supuesto, con ningún movimiento “irregular”.

Postergadas una y otra vez las audiencias para resolver la situación de los tres productores detenidos, la impresión generalizada es la de que los funcionarios judiciales (de la FGR) y los mandos de la GN están efectuando una ofensiva claramente revanchista en contra de quienes tuvieron la osadía de oponerse a una determinación presidencial y, por si fuera poco, participar en un enfrentamiento en contra de la GN y de elementos del ejército, al punto de obligar a sus integrantes a abandonar sus instalaciones temporales, ubicadas en las inmediaciones de la presa, para impedir que los productores se apropiaran de ella y con ello cerrar las válvulas y evitar que se extrajera más agua para entregarla al gobierno norteamericano.

Los abogados defensores de Rosendo y de los Juanes han demostrado claramente que no se configura ningún delito federal. Las latas de gas lacrimógeno no son una “arma de uso exclusivo del ejército”. 

A pesar de ello los mantienen presos sin que ninguna autoridad federal -o el ex delegado del gobierno federal, que luego se convertiría en el candidato de Morena a la gubernatura, Juan Carlos Loera- se manifestara con una actitud de clemencia hacia ellos y, que ahora, una vez celebradas las elecciones, se antojaría como una medida lógica, natural, esperable, que la Fiscalía General de la República se desistiera de los cargos en contra de los productores de La Cruz.

Y es que los argumentos usados por los jueces son verdaderamente ridículos. El juez Pedraza los mandó a prisión preventiva y argumentó  para  ello que uno de los detenidos había amenazado a un elemento de la Guardia Nacional, ante lo cual los de la GN, dijeron, se sintieron intimidados, “pues creyeron que un convoy de agricultores los sacaría de la cinta asfáltica para rescatar a los muchachos”.

La supuesta posesión de granadas -que resultaron ser latas de gas lacrimógeno- merecieron, a los ojos de ese juez, una pena de 30 años de prisión.

Demostrada la falsedad de la acusación, los abogados y los dirigentes de las diversas organizaciones de productores han solicitado a los jueces y a las autoridades federales su intervención, a fin de que se dé un cambio en la medida cautelar (la prisión preventiva) y de esta manera pudieran enfrentar el proceso en libertad.

La respuesta ha sido el silencio.

Los tres campesinos originarios del municipio de La Cruz deberán comparecer de nuevo ante el juez el próximo 5 de julio.

Ahora se le presenta una oportunidad de oro a la delegada del gobierno federal, Bertha Alcalde Luján. 

No son las funciones de la delegada del Bienestar, pero es sabido que representa en el estado de Chihuahua al gobierno federal y el presente asunto es de una trascendencia social tal que debería concitar la atención de los gobernantes federales pues evidentemente es, a todas luces, un acto injusto, en el que toda la fuerza del Estado mexicano -ahora dirigido por un hombre cuyo slogan preferido ha sido el de que “por el bien de todos, primero los pobres”- se ha cebado en tres familias a cual más de humildes, indefensas, además, en un proceso cuyas características no se diferencian de las usadas por los gobiernos del viejo régimen.

El presidente ha esgrimido, una y otra vez, que su gobierno no es igual a los de antes; ahora tiene una oportunidad de demostrarlo, así sea en un asunto tan “pequeño”, frente a la dimensión de los problemas nacionales, pero que le enviaría un mensaje, totalmente contrario a los que a lo largo de nueve meses ha enviado, a los habitantes del centro-sur de Chihuahua y reiniciar una buena relación con la parte mayoritaria de esa sociedad, la que, no solamente en ocasión del conflicto, sino también electoralmente reaccionó oponiéndose a un gobierno al que consideraron ajeno y hasta opuesto a sus intereses.

No solo el presidente tiene esta oportunidad, también Javier Corral, el gobernador saliente de Chihuahua, quien se reunirá con el presidente en el curso de la semana. 

El presente caso es uno de los que debería presentarle. 

Es uno de los pocos que sí pueden resolver de inmediato; basta con que la Fiscalía General de la República se desista de los cargos en contra de los detenidos. 

¿Qué tanto les cuesta? ¿Quién creen que protestará por dar fin a un acto por demás injusto?

¿Las granadas de gas lacrimógeno que les fueron aseguradas, podrían considerarse como artefactos explosivos?

La liberación de los “3 de La Cruz” no es el único acto reivindicatorio que puede efectuar el gobierno federal en esa región de Chihuahua, la que, al igual que todo el estado está sometida a la devastadora sequía, agravada allá por el hecho de que las presas están prácticamente vacías. 

No hay agua suficiente para el siguiente ciclo agrícola. 

Las repercusiones económicas y sociales en toda la región serán catastróficas para casi la totalidad de la población. 

Es el momento de la intervención de la 4T.

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