Chihuahua, Chih.
De manera vertiginosa, los uniformes que cada estudiante del Colegio de Bachilleres debía adquirir para este nuevo inicio de clase, han pasado ya por varias etapas: la del anuncio de su adquisición, la controversia que desató entre responsables de familia y población en general, las declaraciones del Secretario de Gobierno justificando el precio por su calidad, el anuncio de que bajarían su costo (nada significativo el descuento), la socialización en redes sociales y otros medios de la intención de acudir a la herramienta jurídica que provee el amparo para que la obligación impuesta no fuera aplicable a quien consiguiera protección de los tribunales, el anuncio de que sí hay que comprarlo pero en abonos, las declaraciones de la Gobernadora definiendo a su administración como humanista y que, finalmente derivó en la separación del cargo del director de la institución y la suspensión de la venta de los mismos, deja múltiples aristas para el análisis y la reflexión.
Al margen de que la gratuidad de la educación es obligatoria y se encuentra constitucionalmente tutelada, el imponer la compra de un uniforme tan oneroso en paquete sin opción alguna, resultó ofensivo porque lo que a la vista de esta administración resalta, son placas y revalidación vehicular de las mas caras del país, el aumento de las tarifas de agua potable y la falta de servicios básicos como las constantes fallas en el alumbrado público, los múltiples viajes de la gobernadora al extranjero sin resultados tangibles para el estado y los semáforos que llevan meses sin funcionar; es decir, se cobra mucho por todo pero con pocos o nulos resultados visibles.
Todo, en medio de una crisis inflacionaria que hace que cada vez rinda menos el dinero y de lo que se puede interpretar como que la medida de los uniformes caros tenía afanes recaudatorios.
No tener para pagarlos, en primera instancia limitaba o cancelaba la posibilidad de miles de familias de mandar a sus hijas e hijos a la escuela.
Sin embargo; el desarrollo público de la discusión que dio como resultado la suspensión temporal de la venta y la renuncia del director del COBACH, tras la declaración de la gobernadora de que habría consecuencias para aquella persona que tomó la decisión del cambio de uniformes en la institución por no haber informado a su cabeza de sector, el mero Secretario de Educación; nos orienta a preguntarnos si no fue la renuncia obligada por lo impopular que resultó la medida lo que abrió la posibilidad de que la titular del ejecutivo estatal se erigiera como benefactora -estrategia ya muy desgastada en ella- con un discurso “humanista” y de supuesta escucha cuando en realidad, no es posible que alguien que se ha desempeñado como administrador general de aduanas, director administrativo de los 33 COBACH de la entidad, subdirector administrativo de la Secretaria de Educación, Cultura y Deporte de la Zona Norte, director de control de contratos y adquisiciones del municipio de Juárez, entre otros cargos de igual relevancia, no tuviera cuidado ni conciencia de una decisión de esta magnitud que tiene fuertes implicaciones políticas que podrían eventualmente dañar la imagen de la gobernadora.
Desde luego que sabían, que no actuó solo y que fue el chivo expiatorio de una estrategia que salió mal desde el principio; podría decir cualquiera… y yo coincidiría, aunque la afirmación quede solo en el campo de la especulación.
En este punto habría que tener cuidado; después de todo, la producción de miles de uniformes listos para la venta ya está hecha.
Aun cuando el desaseo de la decisión que no consideró opciones para las y los responsables de familia ni tampoco transparentó cuentas en cuanto a la licitación, ni quienes serían los eventuales proveedores ni justificó por qué esos y no otros y por la marcada preferencia que este gobierno tiene con la clase empresarial y no con la sociedad, habría que mantenerse en la observancia puesto que es probable alguna argucia presupuestal como los subsidios para la compra masiva por parte de las autoridades para su venta con costo mínimo y así matar dos pájaros de un tiro: satisfacer el reclamo masivo inserto en la sociedad por el abuso y cumplir con un compromiso más con algún empresario.
El tema de fondo y que no quiero dejar de mencionar es el que tiene que ver con la visión de este gobierno y que es tan característica de los gobiernos de derecha y que tiene que ver con quién selecciona para brindarle “educación” y a quién no, con la forma en que se restringen derechos elementales para luego, reiterar la forma en que acuden a un discurso meritocrático para justificar sus decisiones.
De ahí que se pretendiera persuadir “por calidad” la compra o que se ofreciera la compra en abonos aún cuando ni así podrían hacer la compra algunas familias.
Y así con la salud, los servicios públicos, la seguridad pública y la larga lista de competencias municipales.
A la larga, se sabe quién queda excluido del sistema educativo que eventualmente, podría generarle oportunidades laborales, profesionales y de desarrollo humano, precisamente por las acciones de un gobierno que se dice “humanista”; empero, está más que dispuesto a dejar fuera de las aulas a quien no puede pagar un uniforme y que precariza de modo importante y deliberado a las familias que sí desean hacerlo.
A estas alturas, habrá familias que aún estén debatiéndose entre pagar placas o las inscripciones, así de ese tamaño la injusticia que describe la desigualdad en nuestra entidad, generada por autoridades que pretenden beneficiar carreras políticas o llenarse los bolsillos.
Un día previo a la redacción de la presente colaboración se suscitaron los lamentables y dolorosos hechos en Ciudad Juárez, la jornada del jueves negro, de los que manifiesto mi profunda solidaridad y abrazo para quienes viven en aquella ciudad y que tanto les ha fallado la autoridad.
@MarieLouSalomé
