Chihuahua, Chih.

¡Cuánta necedad! ¿A quién le conviene mantener en la ignorancia a las personas o seguir difundiendo desinformación sobre el aborto y otros temas controversiales en nuestra entidad?

El aborto es un tema que sin duda confronta, con serios matices que van desde lo ideológico hasta lo concreto en materia de reivindicación de derechos, porque justo es eso, un derecho. 

Habrá a quien le resulte chocante mencionarlo de esa forma y ¡vaya! no es obligación aceptarlo o incorporarlo a su propia experiencia de vida como algo deseable, ni siquiera, reconocerlo como lo que es; sin embargo, así como no hay licencia para tratar de interferir con alguien mas para el ejercicio de sus derechos, no habría porque pretender limitar o cancelar este si alguien desea ejercerlo o hacerse de información del mismo.

Bien, pues de modo regular, a pesar de los recientes y enormes avances en materia de salud reproductiva para las mujeres, existen medios de comunicación e incluso instituciones (de la actual administración) que se encuentran centrados en negar dichos avances; la declaratoria es contundente (equivocada y desinformada, también): en Chihuahua no se puede abortar bajo ninguna circunstancia porque es ilegal.

Nada más lejos de la realidad.

A estas alturas, conviene recordar que la lucha por la justicia reproductiva y la autonomía de las mujeres lleva décadas y sus efectos jurídicos, también. 

Desde la expedición por decreto de la NOM046 que en espíritu recoge las demandas de grupos de feministas respecto al derecho a decidir sobre el cuerpo propio y la obligación que el estado mexicano tiene de garantizar la seguridad y vida de las mujeres en materia de atención a la violencia de género hasta las recientes sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay una enorme brecha de herramientas de orden federal que por ordenamiento jurídico se implementan en el estado y se garantizan porque la integridad, salud, vida, la justicia reproductiva, autonomía corporal y el ejercicio de ciudadanía son derechos humanos que el Estado mexicano debe cumplimentar desde sus diversas instituciones.

Como ejemplo, podemos citar el muy reciente (publicado en junio de este año) Lineamiento Técnico para la Atención del Aborto Seguro en México, expedido por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud, que es de aplicación para todo el país al menos, en alguna de las unidades de salud pública que dependa de la Secretaría de Salud; en nuestro estado, el Hospital General Salvador Zubirán y si se requiere en alguna comunidad o ciudad de la entidad existe un equipo itinerante, NO objetor de conciencia que se traslada a donde exista alguna mujer que requiera servicios de aborto por violación sin averiguación previa, sin investigación alguna ni presencia de ningún ministerio público, acorde al cumplimiento de la Ley General de Víctimas bajo protesta de decir verdad, cuidando no revictimizar y garantizando los derechos a la intimidad y a elegir procedimiento médico de quien solicita un aborto.

Es decir, la brecha para acceder a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas se está acortando con las condiciones que se han venido generando a pasos agigantados en los últimos tres años por la presión que los movimientos feministas jóvenes y el trabajo de incidencia y político que también realizan y que ha traído aparejado otro efecto palpable: la despenalización social. 

Y es que tenemos como nunca antes, una sociedad crítica que cada vez se cuestiona dogmas y lo que antes era incuestionable: los movimientos religiosos y el activismo que realizan. 

Lo anterior se puede comprobar con descenso de los ataques violentos y agresivos a las movilizaciones feministas por la aceptación de sus discursos y el aumento del cuestionamiento a las movilizaciones de carácter religioso por su falta de credibilidad por los escándalos de violencia sexual y pederastia y a las y los evangélicos por su doble moral. 

Este encontronazo no es una confrontación inusitada, es normal por el choque de ideas -todas políticas- en el tránsito de la historia cuando se lucha por conquistar derechos; sucedió cuando se logró el voto femenino y es de larga data la oposición de estos grupos a que se provea educación sexual en las escuelas públicas, por mencionar tan solo dos ejemplos.

La sociedad chihuahuense está cambiando en el reconocimiento de su realidad y necesidades, con lo que se está demostrando que no es tan conservadora como se considera, al contrario, se está orientando a cuestionar la desigualdad social y las consecuencias de la misma. 

El aumento de la tensión en las discusiones solo indica que los grupos que históricamente han luchado contra las garantías individuales y específicamente, contra los derechos humanos de las mujeres se han quedado vacíos de justificaciones legales, porque si bien su moral y conciencia la pueden tener como brújula para sus personas, grupos, familias y comunidades, no son de aplicación general, por mucho lobbing que realicen para que así sea.

Así como en otros tiempos se luchó para que las mujeres no votaran, al día de hoy, nadie obliga a ninguna mujer a sufragar o participar de modo activo en política; así como el derecho a abortar no expresa obligación de ejercerlo si no se desea. 

Hay que recordarlo siempre, mucho, especialmente en estos días teniendo en Chihuahua un gobierno de carácter confesional que seguirá insistiendo en limitar el acceso a los derechos conquistados e impulsando desde el Congreso la necedad de insistir en leyes que para efectos concretos, no sirven para nada mas allá de infundir miedo en las mujeres que desean interrumpir un embarazo, a pesar de la sentencia de la Corte que les obliga a remendar el Código Penal para dejar de criminalizar mujeres por hacerlo.

En Chihuahua SÍ se puede acceder a un aborto legal, que nadie les convenza de lo contrario.

@MarieLouSalomé