Chihuahua, Chih.

Hay un extraño territorio donde lo legal y lo ilegal se traslapan y se confunden. La coexistencia de lo legal en lo ilegal, es una zona de penumbra que marca de manera rotunda a los primeros años del siglo XXI. “Existe una relación estrecha entre las exigencias de los mercados legales y la creación y florecimiento de mercados ilegales. Es decir, las diversas estructuras de la ilegalidad funcionan por demanda de la legalidad, muchos tipos de acciones ilegales nacen y están protegidas bajo los marcos de lo legal” (Sayak Valencia, “Capitalismo Gore”, 2010).

La política y las empresas que son legales conjugan sus actividades con el crimen organizado que trabaja desde la ilegalidad. Las raíces de este problema están sujetas a los principios del neoliberalismo que ha encontrado nuevas formas de comercio que diseminan y borran las fronteras entre lo legal y lo ilegal. El ejemplo más claro de ese territorio legal y a la vez ilegal es la piratería. Es una cuestión evidentemente contradictoria y paradójica.

En la política la corrupción converge con la legalidad gestionada a conveniencias, el peso de la ley no vale lo mismo para los poderosos que para los ciudadanos comunes y corrientes. En la economía el robo en despoblado está garantizado por las leyes mercantiles y financieras, que permiten la explotación y la acumulación de la riqueza desmedida en unas cuantas manos. Para las formas de vida en sociedad, se emiten leyes que prohíben los narcocorridos, mientras las televisoras proyectan narcoseries que muestran a los capos y sicarios como modelos de vida a seguir. En la relación que establecemos con la naturaleza se crean leyes que buscan el desarrollo sustentable, pero se permite la depredación de manglares, bosques y selvas.

De forma inconsciente, el slogan del gobierno estatal refleja este territorio de luces y de sombras. Los asesores de imagen de Javier Corral definieron la frase que estaría significando al actual gobierno: “Chihuahua. Amanece para todos”. Se intentaba subrayar la luz en lugar de la oscuridad. Pero el slogan mediante el cual buscaron resignificar al ejercicio de gobierno, va convirtiéndose en un vacío retórico y simbólico. Lo que destaca en el ejercicio de gobierno de Javier Corral, son las sombras y no la luz. El contenido simbólico de la metáfora que intentó significar positivamente al gobierno de Corral, va inclinándose hacia una negatividad que resulta desconcertante.

El desbarrancadero del slogan del actual gobierno estatal, no es más que el síntoma de una pudrición mucho más profunda en la sociedad. Desde hace tiempo, este territorio claroscuro va marcando un ritmo de destrucción que parece indetenible. Los acontecimientos que van dando lugar al crecimiento de esta anomalía, son numerosos y se manifiestan con una intensidad que resulta cada vez más preocupante. Durante las últimas décadas este territorio, legal pero ilegal, prohibido pero permitido, se ha ido expandiendo y complejizando.

Las notas de ocho columnas de los periódicos “El Diario de Chihuahua” y “El Heraldo de Chihuahua” del viernes 13 de octubre, son una evidencia de esta anomalía que ha roto los límites éticos y jurídicos que sustentan nuestras formas de vida. “El Diario de Chihuahua” publica la nota: “Congreso pide legalizar el contrabando: AMDA” bajo la firma del reportero Manuel Quezada Barrón. Por otra parte, “El Heraldo” publica la noticia: “Narcopolíticos tras crimen de Miroslava”, firmada por el reportero David Varela.

En la nota de “El Diario de Chihuahua” se aborda el asunto de los automóviles chuecos que han entrado al país desde la década de 1980 hasta la fecha. Es un problema que se ha repetido numerosas ocasiones y que los gobiernos federal y estatal no han logrado resolver. El comercio y el uso ilegal de automóviles importados de Estados Unidos a México, es un presunto delito que termina siendo permitido a conveniencias.

Mientras los diputados locales abogan por una legalización de los automóviles, los integrantes de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) exigen la aplicación estricta de la ley. Mientras los líderes de las organizaciones luchan hasta el último aliento para preservar el patrimonio de más de 20 mil familias chihuahuenses que tienen este tipo de vehículos, el gobierno estatal es presa de un asunto que se puede convertir en un terreno pantanoso hacia el año electoral del 2018.

¿Dónde está lo legal y dónde lo ilegal en el caso de los automóviles chuecos? ¿Dónde concluyen los límites de lo permitido y empieza entonces lo prohibido? Lo “ilegal” de los automóviles “chuecos” termina convirtiéndose en una forma de vida socialmente aceptada, y en una serie de medidas políticas que una y otra vez legalizan a lo ilegal mediante censos y regularizaciones. Lo legal y lo ilegal terminan siendo imprecisos y elásticos.

El caso de los autos chuecos es un mecanismo mediante el cual lo ilegal se legaliza. En primer plano, se ubican los intereses de la economía y la cultura del automóvil en el siglo XXI, que ponderan el transporte individual por sobre el transporte colectivo. En segundo plano, se ubica la política que termina convirtiéndose en una herramienta remedial del problema de los automóviles chuecos. En este caso, el lugar donde lo legal y lo ilegal se cruzan es un limbo que ha resurgido una y otra vez de forma repetida. La anomalía es reiterada y sistemática.

En el caso de la nota de “El Heraldo de Chihuahua”, la situación es mucho más preocupante. Esta noticia afirma que la narcopolítica es una de las hipótesis del asesinato de Miroslava Breach. La corresponsal de “La Jornada” destapó una cloaca que está a la vista de todos, y le puso nombres y siglas partidistas a la narcopolítica en Chihuahua.

La narcopolítica, ese territorio dónde se entrecruzan los intereses del crimen organizado, de los integrantes de la clase política y los empresarios, va resultando monstruoso en sus deformaciones de lo legal y lo ilegal. Los efectos de la narcopolítica se cuentan y se viven por miles de asesinados y desaparecidos en los últimos diez años.

El concepto de “narcopolítica” contiene en sus entrañas un territorio dónde lo legal y lo ilegal se han conjugado de forma irresoluble. En estos momentos no hay manera de destrabar las relaciones que se han entablado en los capos del crimen organizado, los políticos y los empresarios. Tal vez, Javier Corral no tenga un Genaro García Luna en su gabinete, tal como lo tuvo el sexenio de Felipe Calderón, pero los mandos medios y bajos de las corporaciones policiacas municipales y estatales, están infiltrados por el crimen organizado. De la misma forma, numerosos gobiernos municipales encabezados por distintos partidos políticos, han sido infiltrados por el narco, tal como lo demuestra la nota periodística de “El Heraldo de Chihuahua”.

El narcotráfico y la política que están presentes en el concepto de la “narcopolítica”, se desprenden de los intereses económicos del neoliberalismo que incentiva y protege el comercio de la piratería, de los autos chuecos, de los contratos de obra pública, de las drogas y de los cuerpos de los seres humanos sometidos a novedosas formas de explotación .

Hay un triángulo del cual se deriva el territorio donde lo ilegal y lo ilegal terminan confundiéndose. Este triángulo está formado por los principios del neoliberalismo rapaz que está dispuesto a comercializarlo todo, por el crimen organizado convertido en un poder fáctico ante el estado y la sociedad, y por las acciones políticas que no logran construir equilibrios y deslindes entre lo legal y lo ilegal. Al final, las acciones políticas terminan rendidas ante los intereses del neoliberalismo y del crimen organizado.

Este es el nudo donde la corrupción y la impunidad se enraízan y expanden como tragedia de nuestro tiempo.

Este es el nudo que es necesario destrabar.