Después de unas horas de indefinición, la PGR, finalmente, decidió incluir al Gobierno de Chihuahua en el paquete de impugnados en el tema de la creación de la Fiscalía Anticorrupción. Lo hizo en horas de la noche del lunes anterior cuando ya la atención nacional la habían acaparado los casos de Veracruz y Quintana Roo.

En todos los casos, con sus diferencias por supuesto, el recurso de inconstitucionalidad sobre la legislación que creó los fiscales estatales, sus mecanismos de nombramientos y la duración de su encargo, así como la forma de su relevo fueron impugnados por la PGR, en su calidad de representante jurídico del Presidente de la República (escrito, así, con mayúsculas).

No hay espacio para la especulación, fue el mismísimo Enrique Peña Nieto quien ordenó la presentación de tal recurso a fin de responder a lo que es un reclamo nacional: La protección oficial, presidencial, a la presunta comisión de actos de corrupción de los gobernadores señalados.

Asimismo, en las tres entidades, el argumento de la PGR fue que se modificó el marco jurídico “sin esperar para tal efecto la publicación de las leyes generales que establece el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)… la PGR detectó que éstas contienen vicios legales, los cuales no son acordes al sentido y el fin de la reforma constitucional del 27 de mayo de 2015” y se presentó, asienta la dependencia, “con el propósito de que el máximo tribunal del país revise la reforma local de dicha entidad federativa, con base en los principios y reglas de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción”. (Nota de J. Pérez-Espino/P. Mayorga, El Diario, 13/VII/16).

La diferencia con aquellos estados quizá radique en que en Chihuahua no se ha nombrado al Fiscal y aún no existe la reglamentación necesaria para hacerlo; sin embargo, el mensaje político es muy claro, más, si se toma en cuenta, lo que no puede ser coincidencia, que el tema central del discurso de Enrique Ochoa Reza, al momento de su unción como nuevo dirigente nacional del PRI, fue precisamente el combate a la corrupción cometida por los funcionarios públicos emanados del PRI “y de otros partidos”, en lo que se tomó como la descalificación a la gestión de algunos de los gobernadores, en cuyos estados el PRI perdió las elecciones el pasado 5 de junio.

Más allá de la resolución que adopte la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para cuyo efecto ya aceptó los casos de Veracruz y Quintana Roo, y quizá hoy el de Chihuahua, las señales son más que obvias.

La PGR presenta los recursos de inconstitucionalidad el lunes, y el martes asume Ochoa Reza la presidencia del PRI nacional, en un deslucido y criticado relevo con la asunción de una dirigencia que necesitará echar mano de una gran cantidad de recursos políticos para enfrentar los siguientes episodios, entre los cuales están las elecciones a gobernador de Coahuila, Nayarit y la del muy importante Estado de México, como antesala de la elección presidencial.

Y es ahí en donde podrían ubicarse algunas de las principales acciones del gobierno de Peña Nieto, para intentar remontar las bajísimas calificaciones obtenidas a lo largo de ya casi cuatro años de gestión, motivadas, sobre todo, por los escándalos de corrupción, no sólo de algunos de los gobernadores, sino, fundamentalmente, por su propio caso y el de varios de sus colaboradores a los que se les señala, con certidumbre, haber cometido varios conflictos de interés con relación a las mansiones en las que viven o poseen, particularmente los casos de la “Casa blanca” de Peña Nieto y la del principal impulsor de Enrique Ochoa Reza, Luis Videgaray, el poderoso Secretario de Hacienda, que ve fortalecer sus esperanzas de convertirse en el candidato priista del 2018 con la llegada del ex Director de la CFE.

Pues bien, si el gobierno de Peña Nieto optara por intentar recuperar la credibilidad, sin duda, una de las vertientes sería la de fincarles responsabilidades a los mandatarios más señalados de indicios de corrupción y llevarlos ante los tribunales como una manera, fácil, de lavarse la cara.

Nada de lo anterior podrá descartarse, los problemas en que se desenvuelve el PRI y su gobierno son verdaderamente graves.

En medio de crisis tan severa se le ocurre designar a un amigo de su amigo, inexperto políticamente y que ha arrancado, por decenas de miles, la pregunta: ¿Quién es Ochoa Reza?

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