Chihuahua, Chih.

Como se esperaba, la polémica por los libros de texto gratuitos (LTG) escaló hasta convertirse, más allá de las polémicas en las redes sociales y los medios de comunicación, a las calles, y se convirtió en un acelerador de la confrontación política, en cuyo fondo, como era de suponerse, en muchos de los casos, tiene su origen en la fila o la fobia al presidente de la república.

O en el apoyo o rechazo a la 4T.

Y sólo hasta que grupos de ciudadanos -por su cuenta, ú organizados por Morena- salieron a la calle, el gobierno de Chihuahua difundió masivamente las razones aducidas en la  controversia constitucional planteada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En este caso, el Ministro Luis Aguilar determinó la suspensión de los LTG. Días después, ante la presentación de un recurso semejante interpuesto por el Gobierno de Coahuila acordó la misma medida, a la que agregó que, en tanto se resuelve el asunto, se aplicaran los programas y LTG del año anterior.

Además, al amparo interpuesto por el diputado de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez, deberán sumarse los interpuestos en fechas anteriores por la Unión de Padres de Familia.

La resolución podría acelerarse si la Corte le da la razón al diputado Francisco Sánchez, que le planteará el próximo viernes ejerza la atracción del caso.

Lo argumentos esgrimidos en todos ellos guardan similitud en un aspecto central: Que para la elaboración del Plan de Estudios, Programas y LTG no se tomó en cuenta lo señalado en la Ley de Educación, que establece la obligación de «consultar» con los sectores involucrados, entre los cuales destacan mayormente los gobiernos estatales.

Y si la Corte encuentra justificados sus argumentos, entonces podría dictaminar cosa semejante a la resuelta provisionalmente en el caso de la controversia coahuilense o, peor aún, si decide atraer el amparo de Sánchez, y resolver en el mismo sentido, entonces la resolución sería obligatoria para todo el país.

De ese modo, en este conflicto se podría resolver -para bien de todas las partes- en la instancia en la que debieran resolverse todos los conflictos sociales existentes, la SCJN, y dejar fuera de la controversia político-electoral algo tan importante para la sociedad como la educación.

La Consejería Jurídica de Chihuahua adujo la existencia de  «posibles violaciones a los procedimientos para la realización de los contenidos… (pues) se despreció la participación de maestros y especialistas» y, además, porque los «materiales se hicieron sin planes y sin probar sus contenidos con los niños, niñas y adolescentes». (Comunicado del Gobierno de Chihuahua, 23/8/23).

Contra esta versión, se han alzado diversas versiones de maestros que, afirman, sí participaron en el proceso de elaboración, tanto del Plan de Estudios, como de los Programas y, también, de los LTG.

Seguramente que para la definición de la Corte adquirirá un valor determinante levantar la «reserva» de la información por cinco años, decretada por el gobierno federal sobre la documentación de la supuesta participación de todos esos actores, en las asambleas, también supuestamente realizadas.

Para este efecto, seguramente tendrá una gran importancia lo resuelto por la Corte el día de ayer, de permitirle al Instituto de Transparencia (INAI) sesionar legalmente con la participación de solamente 4 de los consejeros, pues este será uno de los temas que, con toda seguridad, resolverán y anularán la determinación presidencial de reservar la información sobre los LTG y planes de estudio por 5 años.

Yadira Medina, jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa, ya había ordenado, en mayo, en otro amparo, que se sometiera a consulta de todas las secretarías estatales «la elaboración de los libros», así como «publicar los programas de estudio en los que serán utilizados y capacitar a todos los maestros del país para su uso, entre otros requisitos». (Nota de Víctor Fuentes, Reforma, 22/8/23).

La SEP publicó el nuevo Plan de Estudios para Educación Básica en agosto de 2022, «pero fue hasta el martes de la semana pasada que difundió los programas de estudio específicos para cada grado». (Ídem).

Los libros de texto exhibidos por las autoridades ante la jueza «fueron impresos en enero (primer grado), febrero (segundo grado), abril (tercer grado), abril y mayo (cuarto grado), junio (quinto grado y multigrado) y julio (sexto grado) de 2023, mientras que los programas de estudio para cada grado fueron publicados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) hasta el 15 de agosto». (Ibídem).

La jueza Medina, al igual que el Ministro Aguilar, ya trazó una ruta de solución, si la Corte resuelve en ese sentido: Aplicar los programas y usar los mismos libros del año pasado, además de «reponer el procedimiento».

*Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023

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