Chihuahua, Chih.

Tema central en la construcción de un régimen democrático es la de la existencia de una sólida red de medios de comunicación, capaces de establecer el necesario vínculo entre la sociedad y la administración pública.

La decisión en torno al número de consejeros del Ichitaip, efectuada a contrapelo de los tiempos constitucionales y del interés que pudieran externar diversos ciudadanos y agrupaciones de la sociedad chihuahuense sobre tema tan importante no abonan a las expectativas democráticas.

Nadie, en el mundo de la vida democrática pudiera oponerse a un aspecto esencial del desarrollo democrático de una nación, como el de imponer una regulación al gasto gubernamental en materia de publicidad oficial.

Por ello, no podemos más que coincidir en la iniciativa cuando establece en la exposición de motivos que “La asignación discrecional de la publicidad oficial a los medios de comunicación continúa siendo el principal medio de censura indirecta en México”, y que obstaculiza a la vida democrática la “Ausencia de un marco normativo que otorgue claridad a los fondos públicos destinados a la publicidad…”.

Pero, de entrada, al contrario de la ley federal que aborda el mismo tema, que se denomina “Ley General de Comunicación Social”, porque intenta regular un concepto más general, que abarca el total del quehacer gubernamental en esta materia, la iniciativa del gobernador Javier Corral se denomina “Ley para la Asignación de Publicidad Oficial del Estado de Chihuahua”, lo que tiene un sentido claramente restrictivo, para la fiscalización ciudadana y hasta gubernamental, sobre el ejercicio del presupuesto en esta materia, ya que deja fuera de la normatividad propuesta el ejercicio en comunicación social, que debió haberse privilegiado a la hora de proponer un mecanismo regulatorio del gasto, no sólo en publicidad oficial, sino de la comunicación gubernamental, ya que la norma propuesta deja sin ningún control aspectos como el de las estaciones de radio y televisión y, por supuesto, deja fuera, también, el gasto efectuado en la impresión de revistas o periódicos por los entes públicos.

Se creará, en cada dependencia una “Unidad para la asignación de Publicidad Oficial” y como apoyo a estas unidades, se propone la creación de un Consejo Consultivo para la Evaluación y Seguimiento de la Publicidad Oficial”, integrado por 5 personas.

Este organismo, en la práctica, será nombrado por la Coordinación de Comunicación Social, que “podrá” nombrar un “comité especial de evaluación”, quien seleccionará a los integrantes del Consejo.

El establecimiento de un padrón de de medios de comunicación, con base en criterios “objetivos” deberá someterse, también, a criterios subjetivos, no de la autoridad, sino de un ente, una especie de Ombudsman de los medios de comunicación, de un consejo de especialistas que evalúen la trascendencia o importancia de un medio, no en base, solamente, en los que obtengan la mayor audiencia o el mayor rating, sino obedeciendo al derecho que tienen todos los ciudadanos a acceder a la información pública.

El gasto no deberá exceder del 0.5% del total del presupuesto del ente, pero le facultan para que puedan hacer ampliaciones o traspasos a ese gasto, que no deberá exceder otro 0.5%, lo que llevaría a todas las dependencias, en la práctica, a poder ejercer hasta el 1% del presupuesto en publicidad oficial.

Un aspecto, aparentemente, positivo, es el de que ningún medio podrá recibir más del 15% del presupuesto de publicidad oficial, o que un medio reciba más del 30% de la pauta total de una campaña en particular.

Eso lleva, otra vez, a plantearse que un medio podrá recibir hasta 48 millones y medio de publicidad oficial, o a acaparar el grueso del gasto de cualquier campaña publicitaria del gobierno estatal, lo que contribuirá fortalecer la monopolización de los medios de comunicación, pues por esa vía, por ejemplo, Televisa, Tv Azteca, junto con, ahora también, el Canal 28, el favorito del sexenio, a acaparar casi la mitad del presupuesto del gasto en publicidad oficial.

La iniciativa propone destinar un 20% de los ingresos en la capacitación de su personal, así como en el los salarios y prestaciones, lo que está claramente especificado en diversas regulaciones y que, además, es violatorio de los derechos de las empresas y/o propietarios de los medios.

Y aspecto esencial de esto es que, por ningún lado aparece el papel del Estado en la preservación y/o creación de los medios de comunicación alternativos, para lo cual es determinante el financiamiento público.

A esta iniciativa le hace falta un ingrediente, esencial para la concreción de la transición democrática, la participación de la sociedad y en este caso, de los integrantes de los medios de comunicación.

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