Chihuahua, Chih.

A nuestra experiencia como analista político-electoral, durante los próximos años habré de agregar los tópicos relativos a las finanzas estatales y municipales. Lo anterior, dada cuenta que en la actual Administración Pública ha omitido -de manera por demás irresponsable- la emisión de un ‘Plan de Austeridad’ mediante el cual el gasto público se ajuste, invariablemente, a los principios de racionalidad y eficiencia.

En días pasados, el Pleno del Congreso local aprobó la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal 2023; en el que se contempla recabar ingresos hasta por 92 mil 185 millones 343 mil 992 pesos. “Cantidad que representa un incremento del 13% en comparación con el paquete económico del 2022”.

En el dictamen legislativo, se afirma -de manera tendenciosa- que “el gasto público se realizará bajo los criterios de austeridad, racionalidad y eficiencia, así como con un estricto control y justificación de las erogaciones”. 

Semejante afirmación será, sin duda alguna, objeto de un riguroso escrutinio mensual y que habré de dar a conocer a la opinión pública chihuahuense durante el año venidero. 

En el comunicado oficial, se afirma que “dentro de la Ley de Ingresos Estatal se establece de manera precisa el monto de los recursos y conceptos por los que la hacienda pública recaudará y obtendrá fondos para el año 2023, y lo que no se encuentre explícitamente contemplado en ella, no podrá ser objeto de recaudación”.

Para los diputados integrantes de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, el Paquete Económico para el 2023, “”busca lograr un equilibrio con presupuestos balanceados, como lo mandata la Ley de Disciplina Financiera, mejorar las condiciones crediticias de los financiamientos de largo plazo, incrementar en términos reales los ingresos del Gobierno del Estado, disminuir el pasivo circulante y el pasivo con proveedores y contratistas, incrementar la inversión pública, transparentar el manejo de los recursos públicos y priorizar la inversión en salud, seguridad y reactivación económica”.

Entre los ingresos más importantes, destacan los recaudos siguientes:

1. Impuestos: 8 mil 636 millones, 586, 088 pesos

2. Derechos: 9 mil 228 millones, 176,611 pesos

3. Productos: 239 millones, 315,900 pesos

4. Aprovechamientos: 3 mil 597 millones, 189,730 pesos

5. Financiamiento: 2 mil 100 millones de pesos

6. Participaciones: 34 mil 569 millones, 838,515 pesos

7. Aportaciones: 26 mil 576 millones, 657,809 pesos

8. Convenios: 5 mil 035 millones, 955,612 pesos

9. Incentivos de la Colaboración Fiscal: 2 mil 201 millones, 626,727 pesos

Del desglose anterior, los primeros cinco rubros corresponden a los llamados ‘ingresos propios’ derivados de la actividad administrativa estatal. 

El monto previsible asciende -en números redondos- a 23 mil millones de pesos. Es decir, apenas el 22.5% de total del ingreso anual. Y el resto, casi 70 mil millones, corresponde a los ingresos que, indirectamente, el Gobierno Federal aporta.

Semejante situación, deja a las entidades federativas en una situación precaria que, durante décadas, los gobiernos federales han utilizado para anular la autonomía estatal. Y a pesar de ello, ni el propio López Obrador ha promovido una reforma hacendaria más justa y equitativa.

Adicionalmente, en el dictamen legislativo, se señalan ridículos estímulos fiscales, entre ellos, los siguientes: a) estímulos por pronto pago del Derecho de Control Vehicular dentro de los meses de febrero a abril; b) una condonación del pago a las personas que se inscriban en programas denominados: “Registro de Nacimiento”, “Matrimonios Colectivos” y “Correcciones Administrativas”.

Un tópico que habré de analizar, a conciencia, es el rubro del inconstitucional costo de las multas de vialidad y tránsito. Cuyo monto es un ‘robo en despoblado’ en perjuicio de la sociedad chihuahuense; dada la ´rapiña’ con la que actúan los agentes de tránsito, en especial, los fines de semana, cuando la gente sale a divertirse ‘al calor de una copiosas’…