Chihuahua, Chih.

¿Cómo podrán explicar las autoridades estatales de Sonora y Chihuahua, y las federales, que los familiares de los asesinados llegaran al lugar del crimen antes que cualquier autoridad?

¿Cómo justificarán las autoridades militares el dicho del Gral. Homero Mendoza, Jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, quien desconocer “el grado de violencia” existente en la zona en la que ocurrió la tragedia, y al mismo tiempo un informe de inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana demostraba la existencia de bandas criminales en la zona, incluyendo un detallado análisis de los jefes y áreas de influencia de los mismos?

¿Cómo, entonces, justificar la ausencia de las fuerzas del Estado mexicano en esa región?

Increíble.

¿De qué sirven, entonces, las reuniones diarias, en la capital del país, de los mandos de seguridad, civiles y militares? ¿Y las que se celebran con alguna frecuencia en las capitales de los estados y las cabeceras municipales más importantes de México?

¿Cómo es posible que un miembro de la familia LeBaron llegase primero al escenario de la masacre, saliendo de la capital chihuahuense y que ningún vehículo aéreo, estatal o federal -en este caso, civil o militar- pudiese llevar efectivos de las corporaciones estatales y/o federales ahí mismo a prestar ayuda a los sobrevivientes?

Lo anterior es sólo una parte de las enormes y numerosas omisiones cometidas por las autoridades de los estados de Sonora y Chihuahua, y las federales.

Las preguntas acerca de las cosas inexplicables ocurridas allá en los límites de Sonora y Chihuahua fluyen prácticamente desde los primeros momentos de la tragedia, sin que hasta la fecha tengamos algunas respuestas medianamente aceptables.

¿Por qué razón se presentó al lugar de la masacre el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard? ¿Acaso es un perito criminal? ¿Porqué no llegó acompañado, siquiera, por el Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, y los gobernadores de Sonora y Chihuahua, si es que querían enviar un mensaje tranquilizador al gobierno norteamericano?

¿En razón de qué se deja entrar un contingente del FBI -impresionante, de más de medio centenar de vehículos- para que participara en las investigaciones? ¿Quiere decir, por tanto, que las corporaciones nacionales, civiles y militares, no tienen capacidad para efectuar las indagatorias y peritajes necesarios para el esclarecimiento de los hechos de este tipo?

¡Híjole, qué cantidad de mensajes han enviado con motivo de estas acciones!

¿Porqué se asombran del éxodo de una parte de los habitantes de La Morita? ¡Lo están haciendo del mismo modo que una década atrás debieran hacer miles de habitantes del Valle de Juárez!

Y del mismo modo que entonces, la ineptitud de las autoridades, de todos los niveles, aunque entonces estatales y federales de diferente signo partidario, es la marca de la casa.

Pero los chihuahuenses estamos en peores condiciones. 

Todavía no asimilábamos la tragedia de Bavispe cuando ya se desataba el infierno en Juárez, que continuaría a lo largo de cuatro días en tanto que se desencadenaban las informaciones de la profundidad de la crisis de seguridad, ocurrida en el presente quinquenio -el de Javier Corral- con las cifras de feminicidios, de la incidencia de la violencia familiar, de los más de 7 mil ejecutados en ese período y de las fosas clandestinas en los tiros de mina de Aquiles Serdán.

Y ante esto último el Fiscal Peniche sólo atinó a aconsejar a los propietarios de las minas ¡Que las tapen!

Po’s sí, para que los sicarios no depositen ahí los cadáveres.

¿Se acuerdan de aquel juarense que colocó un anuncio: “Prohibido depositar basura en esta calle…. Y también cadáveres?

Así está el encargado de la procuración de justicia en Chihuahua, por pura casualidad Delegado de la PGR en la época en la que ocurrió la peor oleada homicida en Chihuahua y que, además, se trajo a su equipo a la fiscalía local y a la Comisión de Seguridad Estatal.

¿Le dirá algo, todo esto, al gobernador Corral?

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