Chihuahua, Chih.

Vaya manera de reaccionar ante la pérdida electoral. Varios gobernadores, tanto del PRI, como del PAN, ante la derrota en los congresos estatales están intentando cambiar las leyes para protegerse, nombrando a funcionarios, cambiando las regulaciones en el nombramiento de otros y estableciendo candados a fin de impedir que las nuevas legislaturas pudieran ejercer una mejor vigilancia y fiscalización de los actuales titulares del Poder Ejecutivo.

Entre ellos se encuentra el gobernador Corral

No puede haber taxativas, si Javier Corral desea comportarse como el gobernante demócrata que pregona un día, y otro también, deberá sugerirle al Congreso del Estado, proponerle, ordenar, o como sea, a fin de detener lo que es la versión corralista del “blindaje” que los gobernadores Claudia Pavlovich (Sonora-PRI), Miguel Angel Yunes (Veracruz-PAN) y algunos otros en menor dimensión, pretendieron hacer para acotar las facultades de las siguientes legislaturas locales.

Dicho en pocas palabras, pretendieron proteger su salida e imponer medidas legales a fin de impedir que un congreso con mayoría adversa pudiera fincarles cargos por el indebido uso de sus facultades.

Como todos los gobernantes chihuahuenses de las últimas décadas, Corral argumentará que es respetuoso de la división de poderes.

Sin duda alguna, no lo es.

La prisa por efectuar el nombramiento de más de 40 jueces y de 7 magistrados -antes del proceso electoral y la ratificación por el Congreso de los segundos, después de ellas- nos lleva a equiparar las pretensiones de Pavlovich y Yunes, con las de Corral.

Porque la prisa la tiene, no solamente en el caso de los jueces y magistrados -nombrados al vapor-, sino con el inminente nombramiento del Fiscal Anticorrupción y con el del Auditor Superior del Estado, designaciones en las que se advierte un interés mayor.

Pretende dejar en esos cargos a personas ligadas a él, esa es la única calidad, independientemente de las calificaciones que pudieran tener los agraciados.

Porque ese es un aspecto no asimilado por la clase política, siempre arguyen que los propuestos, o impulsados por los gobernantes, poseen las más elevadas calificaciones académicas o profesionales, pero se olvidan del principal aspecto: Queremos revisores de las conductas y desempeños de los gobernantes que sean ajenos a éstos.

Javier Corral es autor de la iniciativa de la ley mediante la cual se faculta al gobernador de Chihuahua para designar a los magistrados, de las ternas que le proponga el Congreso, el que deberá ratificar -por mayoría calificada- el nombramiento efectuado por el gobernador Corral.

Hay evidencia plena de la prisa presente en Palacio de Gobierno. El mismísimo gobernador Corral urgió al Congreso a realizar una sesión extraordinaria a fin de efectuar el nombramiento de 7 magistrados, proceso que ha sido impugnado por los actuales diputados de Morena, Leticia Ortega y Pedro Torres, pues, dijeron, “Javier Corral Jurado violenta la división de poderes al imponer el nombramiento de magistrados afines para cubrir vacantes en el Tribunal Superior de Justicia, pues propuso nuevos jueces sin conceder la posibilidad de que los diputados locales elijan entre una terna de candidatos, un procedimiento que la fracción parlamentaria de Morena rechazó e impugnará ante la Suprema Corte”.

Previamente, el proceso para la designación de 40 jueces fue sumamente criticado por el hecho de que algunos de los aspirantes ya eran jueces en funciones y fueron reprobados en ¡La prueba de conocimientos!

De esa manera, el Poder Judicial adquirió otra composición, la de la integración de jueces y magistrados más afines al actual gobernador.

Eso mismo pretende hacer en la fiscalía anticorrupción y la auditoría, aunque en estos casos aún más evidente pues está tratando de que sean nombrados funcionarios afines, igual que lo hicieron sus predecesores.

Igual que antes.

Y tiene razón, el tsunami electoral del 1 de julio produjo un extraordinario vuelco en la correlación de fuerzas en Chihuahua, si se quiere infinitamente menor al presentado en otras entidades, pero lo suficiente como para que el gobernante cambiara muchas de sus posturas.

El mandatario chihuahuense ya no es más el exultante ganador de las elecciones del 2016; su partido y su gobierno perdieron fuerza en el Congreso, dejaron de ser la primera minoría, casi mayoría legislativa, para mantener esa posición de minoría, pero aún menor; con un agravante, de mantenerse la coalición de Morena, PES y PT en el Congreso de Chihuahua, se convertirían en la fuerza mayor -con 14 de los 33 diputados- cosa que el PAN (con 11 diputados), aún conservando la alianza con Movimiento Ciudadano (2 legisladores), no alcanzaría y quedaría relegado a ser la segunda minoría.

Y es que la composición de la nueva legislatura arrojó verdaderas sorpresas:

El PAN tendrá 11 diputados (9 de Mayoría Relativa -MR- y 2 de representación Proporcional -RP-); Morena 8, 5 de MR y 3 de RP; PES 4 de MR; PRI, 4, uno de MR y 3 de RP; PT, 2, uno por cada principio; Movimiento Ciudadano, 2 de MR; y Panal y Verde, uno cada uno, de RP.

De ahí la prisa de Corral; hoy no tiene mayoría y, obviamente, tampoco la mayoría calificada; con los aliados circunstanciales que ha hecho en la actual legislatura puede tenerla, pero en la siguiente, difícilmente.

Corral deberá entender que hasta para obtener la aprobación del presupuesto 2019 -para lo cual necesita 17 votos, cuatro más de los que posee, si conservara a MC- necesitará, obligatoriamente, negociar con cualquiera de los otros partidos pues si decide confrontarse con Morena y los aliados de éste (que probablemente sí conserve, en virtud de que contarán, para mantenerlos, con todo el respaldo del gobierno federal) entonces deberá acudir ¡A los diputados del PRI, PANAL y Verde!

Corral deberá adentrarse a un terreno que conoce poco, y menos ha practicado: El de las negociaciones, el de las mutuas concesiones, el de la atenuación, o desaparición, de las estridencias verbales, obligado, como está, en virtud de no ser, ya, la primera fuerza política de Chihuahua.

Esta es, ya, Morena y sus aliados. Lo escribimos muy poco después de las elecciones, se los predijimos antes de las elecciones; porque las evidencias del desfondamiento del régimen estaban ante los ojos de quienes quisieran advertirlo.

Ante ello, la clase política está obligada a efectuar profundos cambios en su comportamiento, en los modos de hacer política, en la manera de relacionarse con la sociedad; en su conjunto, pero en concreto, en lo particular, también, y mejor.

Corral pertenece a ese establichment, pero aún peor pues su experiencia parlamentaria se convirtió en una forma de vida, de ahí su incapacidad para afrontar la nada fácil tarea de gobernar pues, al igual que miles de integrantes de la clase política, su vida ha estado pletórica de privilegios, entre los que destacan, sobre todo, los abultados ingresos económicos, que les han permitido pertenecer al sector de la población de los de más altos ingresos.

Y dicho todo lo anterior sin añadir un factor, importante por demás: La definición de la elección juarense.

Más allá de que una comida pública, de Corral, César Jáuregui Robles (el Secretario de Gobierno de Chihuahua) y Armando Cabada, en uno de los restaurantes preferidos de los políticos juarenses, pudiera ser el arranque de una nueva relación entre Corral y Cabada -cosa por demás improbable, dados los antecedentes de ella, más la rispidez que se agrandará conforme se acerquen los tiempos electorales- lo cierto es que cualquiera que asumiera la alcaldía del antiguo Paso del Norte -Cabada, o Javier González Mocken- son igual de incómodos para Palacio de Gobierno.

Lo central estriba en que no pertenecen al partido de Corral, que no obedecen las consignas lanzadas a sus subalternos y eso refleja la pérdida de la confianza ciudadana en el actual gobernante.

Y es que en Juárez se dio un profundo y complejo proceso electoral, con un rasgo predominante, el de que la absoluta mayoría de la votación fue “antisistémica”.

Podríamos decir que la mayoría de quienes votaron por Cabada, lo hicieron, también, por López Obrador (en Chihuahua capital ocurrió cosa semejante, alrededor del 30% de quienes votaron por Maru Campos, votaron por El Peje), lo que explica que la elección a alcalde, en términos prácticos, esté empatada, en una emisión del voto juarense con la presencia de un elevado porcentaje de “voto cruzado”.

Y sí, por López Obrador votaron 310 mil 400 juarenses, pero por los candidatos a senadores de Morena y aliados, 280 mil; a diputados federales, 245 mil; a síndico, 228 mil; a diputados locales, 216 mil y por González Mocken, alrededor de 178 mil, cifra semejante a la alcanzada por Cabada, con la diferencia, en uno ú otro caso, de menos de 900 votos.

Más aún, con la excepción de un distrito local, en todos los demás, incluidos los federales, los candidatos independientes -ligados a Cabada- quedaron en el segundo lugar de la votación, muy por encima de los demás partidos, esto es, que la inmensa mayoría de los votantes juarenses rechazaron a los candidatos del gobernador Corral y el PAN.

Son “antistémicos”.

Esa es la realidad que debe asimilar el gobernante chihuahuense.

¿Podrá?

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