Chihuahua, Chih.

La investigación periodística que da título a esta columna, efectuada por un grupo de periodistas, devela con toda crudeza la deficiente investigación realizada por el gobierno de Javier Corral en torno al asesinato de la periodista Miroslava Breach.

A ello se suman, también, los enormes desaciertos de la FGR, que atrajo el caso, a lo que se opuso enérgicamente el gobierno del amanecer.

A unos días del inicio del juicio del único detenido a causa del asesinato, acusado de ser el autor intelectual, enervan la larga lista de omisiones, de indagatorias no efectuadas, de probables cómplices convertidos en testigos protegidos, de hechos falsos a los que la fiscalía otorgó el calificativo de ciertos.

También la terca oposición del gobierno de Chihuahua a que los familiares accedieran a los expedientes, la falta de interrogatorios a testigos; la ausencia de investigaciones en Chínipas; el no seguimiento a las declaraciones de tres funcionarios (uno del partido gobernante, su vocero, Alfredo Piñeira; al ex presidente municipal de Chínipas, Hugo Shultz, y al que despachaba como presidente en funciones del Comité Estatal del PAN, José Luévano, luego, durante largos meses Secretario Particular del gobernador Corral); la cartulina dejada a metros de la casa de la reportera, en la que se achacaba a otro jefe criminal el asesinato; la siembra, junto al cadáver de Gabriel Ochoa, un antiguo maestro de karate, al que asesinaron y al que le adjudicó la fiscalía la autoría del asesinato de Miroslava de la pistola con la que, supuestamente, se había victimado a la periodista.

Hay más, el expediente “no puede ocultar sus deficiencias: pistas y evidencias que nunca fueron investigadas; políticos a quienes no les hicieron preguntas obvias; personas que podrían haber tenido algún grado de participación y, sin embargo, se les otorgó la calidad de testigos con identidad reservada; irregularidades en la escena del crimen; inconsistencias en las pruebas y filtraciones de información a la prensa que sirvieron como distractores de la opinión pública”.

Todo lleva a que estamos frente a un verdadero complot asesino, tanto el elaborado para llevar al cabo el crimen, como el realizado para que quede impune.

No hay atenuantes, el gobierno de Chihuahua es el responsable de la impunidad presente en el asesinato de Miroslava Breach.

El pasado 4 de septiembre inició la publicación del reportaje, en tres entregas, en varios medios de México, que luego ha sido replicado en distintos países. 

En su presentación asienta: “El Colectivo 23 de marzo, un grupo de periodistas que trabajan en México, en colaboración con las organizaciones internacionales Forbidden Stories, Bellingcat y el Centro Latinoamericano de Periodismo de Investigación (CLIP), se unieron para develar qué se ha investigado y qué no sobre este crimen, que no debe quedar impune.

Miroslava Breach vivió bajo acoso constante desde marzo de 2016, cuando comenzó a ser presionada por sus publicaciones sobre los vínculos entre grupos del narcotráfico y sus fichas en la política. Ella advirtió de sus amenazas a su viejo amigo Javier Corral, recién electo gobernador de Chihuahua, y a los encargados a nivel federal del mecanismo para proteger periodistas”.

La investigación explica la larga y persistente negativa del gobierno de Javier Corral a aceptar que la familia de Miroslava accediera al expediente. Esta debió recurrir a la búsqueda de un amparo.

Javier Corral prometió que sería una investigación “ejemplar” y adujo que la principal línea de investigación sería la narcopolítica. 

No hay ningún acusado de poseer esos vínculos, ni los relatos y la relación de Shultz con un grupo criminal de Chínipas fue investigada, ni la premura de los dos funcionarios partidistas en grabar las declaraciones de Miros y entregárselas a los supuestos criminales de Chínipas; jamás se investigaron las relaciones con las bandas criminales de los candidatos mencionados en los reportajes de la periodista.

En los expedientes de las investigaciones se acreditó la existencia de amenazas en contra de Miros y el hecho de que fueron del conocimiento del gobernante, “…Colegas y familiares coinciden en que ella informó a Corral sobre la situación semanas antes de que asumiera como gobernador”.

Se develan, también, las inquietantes coincidencias. 

“En la cárcel espera su sentencia Juan Carlos Moreno Ochoa, El Larry, quien fue presentado como lugarteniente de Los Salazares en Chínipas y como autor intelectual y orquestador del crimen contra la periodista… La persona señalada por la Fiscalía estatal como el sicario que disparó los ocho tiros contra la periodista, el sonorense Ramón Andrés Zabala Corral, fue asesinado seis días antes de que El Larry fuera capturado”.

Por ningún lugar del expediente aparecen las respuestas a preguntas tan simples: “… si la narcopolítica es la hipótesis del caso, ¿cuál es la relación de los criminales que asesinaron a Miroslava con personajes y grupos políticos? ¿Cuál fue la participación de esos grupos políticos en la planeación y ejecución del atentado contra la periodista? Y, sobre todo, ¿por qué la mataron?”.

“Los expedientes del caso también dejan ver que la relación entre las publicaciones de la periodista y las amenazas que recibió como respuesta no abrieron nuevas líneas de investigación…”.

Es una larguísima lista de muy “extrañas” omisiones: “Se desconoce qué información arrojaron los archivos de la laptop en la que Miroslava trabajaba, así como sus tres teléfonos celulares, tres memorias usb y un disco duro que la familia entregó a la Fiscalía, y que permitían conocer los temas que investigaba…”.

Y la cartulina dejada a un lado de la escena del crimen, ¡Ay la cartulina!. 

Aparecieron las imágenes en todos lados, pero “un dron del portal informativo 'El Tiempo’ captó imágenes de la escena del crimen en la que la cartulina no se ve sobre el pavimento”.

Sorprenden Peniche y Corral. Los dos quieren aparecer como peritos investigadores. En ese afán cometen barrabasada y media: Peniche apareció en la escena de aquel enfrentamiento entre decenas de sicarios, entre Rubio y Cuauhtémoc, pero ¡24 horas después de los hechos y se fotografió con guantes!

Del mismo modo, el gobernador Corral declaró que había estado en “el cateo realizado en la casa de Villas del Rey (donde la autoridad supuestamente encontró algunas de las principales evidencias sobre el asesinato de Miroslava)”, entre ellas las “dos grabaciones en las que un mismo hombre (Alfredo Piñera) pide a Miroslava Breach, primero, luego a otra periodista de Chihuahua, Patricia Mayorga, la corresponsal de la revista Proceso, que revelen sus fuentes…”.

¿Qué hacía ahí el gobernador?

Inquietan las omisiones:

“A pesar de la existencia de estas grabaciones y testimonios que prueban el nexo entre políticos de Chihuahua con grupos del crimen organizado, la investigación de las autoridades se centró sólo en la responsabilidad de El Larry, su familiar Wilberth Jaciel Vega Villa, y el sicario Andrés Zabala, en el crimen de Miroslava, sin indagar en la posible participación de actores políticos en el caso”.

“En su declaración, a Schultz sólo le preguntan por el audio. Nada sobre El Larry o el control que ejercen Los Salazares en el municipio que él gobernaba, su participación electoral o sobre la persona a quien tuvo a cargo de la policía municipal”.

La investigación periodística revela, además, que no se investigaron a las personas que hospedaron, que trasladaron, -en la ciudad de Chihuahua, ni a Chínipas- a los supuestos asesinos. A esas personas se les convirtió en testigos protegidos, “no como posibles cómplices”.

Luego, encontraron al supuesto autor material. Lo mataron en Álamos, Son. “Ninguna autoridad, que sepa este Colectivo, ha esclarecido en qué circunstancias ocurrió el homicidio de (Andrés) Zabala…”.

Y fuera de los señalados como copartícipes del asesinato, “No ha sido mencionado que hubiera más gente involucrada en el homicidio. Hasta la fecha, la autoridad tampoco ha explicado cuál es la causa que llevó a estos tres acusados a matarla”.

Los funcionarios públicos o partidistas Alfredo Piñera y Hugo Amed Schultz Alcaraz, fueron “considerados testigos con identidad reservada, e, incluso, sus carreras políticas continuaron sin contratiempo…”.

Incluso Schultz anunció este año “su intención de postularse para dirigir el comité estatal del PAN en Chínipas”, luego, retiró la candidatura.

Más. “La FGR, a través de la Fiscalía encargada de delitos contra la libertad de expresión interrogó al presidente del PAN estatal y su segundo, Mario Vázquez y José Luis Luévano, quienes estaban al frente del partido cuando Schultz habría ido a pedir ayuda porque estaba siendo intimidado por las notas de La Jornada, El Norte de Ciudad Juárez, y Proceso. En ningún momento los cuestionarios parecieran abordar el tema de la narcopolítica”.

En realidad, Vázquez había solicitado licencia debido a su postulación como candidato a diputado, y Luévano era el responsable del partido en ese momento. Hoy se desempeña como director del ICHIFE.

“El 4 de marzo de 2016, Miroslava Breach y su colega Patricia Mayorga de la revista Proceso publicaron al mismo tiempo un reportaje en el que señalaban que en ocho municipios de Chihuahua los precandidatos a alcaldes del PRI (el partido que entonces gobernaba el estado y el país), y uno del PAN, tenían relación con narcotraficantes”. Bueno, esa veta nadie la ha investigado hasta la fecha.

El reportaje del Colectivo 23 de marzo estremece, lo aquí reseñado es sólo una pálida imagen del reportaje, pero, sobre todo, de la realidad que demuestra que lo denunciado por Miroslava a lo largo de los últimos 15 años, causa de su muerte, ha servido para ocultar la verdad sobre su asesinato.

El manto llega hasta muy arriba y abarca muchas áreas…

[email protected]; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF