Chihuahua, Chih.

El gobernador del Estado Javier Corral Jurado ha logrado, en año y medio de su gestión, vertebrar una alianza estratégica con diversos sectores de la sociedad y empresarios; organizaciones civiles de la República y con ello articular el interés ciudadano y el privado con el interés público, como ha quedado demostrado en la Caravana por la Soberanía y Dignidad de Chihuahua a la Cd. De México.

Al margen de los resultados que se deriven de los Acuerdos firmados con el Secretario de Gobernación federal – los cuales a dos horas de ser suscritos fueron puestos en entredicho por él mismo—es de reconocerse que el estilo de gobernar de Javier Corral y los mecanismos utilizados en el conflicto con el gobierno de la República, le han sido eficientes en términos de Gobernanza, concepto que diversos analistas señalan, es fruto de la transición del Estado benefactor al Estado Neoliberal, en el cual el principio de Autoridad y el de la razón de Estado, dejan de ser fuente de legitimidad y credibilidad; el gobierno se descentraliza y cede funciones de autogestión a la sociedad civil e iniciativa privada.

Es evidente que el Presidente de la República, los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, de Gobernación y PGR, no han dimensionado que el Estado autoritario, centralista, clientelar y patrimonialista, va en picada, entre otras razones, por la corrupción e impunidad del que es cautivo.

Lo hasta aquí dicho, no significa en modo alguno que estamos en presencia de un gran e incólume mandatario, como afirman sus colaboradores y seguidores.

Si bien en términos de la gobernanza la situación le ha sido favorable, no le es en cuanto a la gobernabilidad, la cual es la otra cara de su gobierno que no debe desdeñar y mucho menos eludir.

La gobernabilidad se mide en función no del estilo de gobernar, sino de la eficiencia y eficacia para atender y resolver las demandas y necesidades de la población.

En este rubro hay un serio déficit. Es inadmisible que el gobierno del Estado no haga eco de las demandas de los productores de frijol y de los ganaderos lecheros. Con la misma energía y valor con la que se enfrentó al Gobierno Federal para exigir el pago de los 900 millones de pesos retenidos por Hacienda y la extradición del ex gobernador César Duarte debería, también, ponerse al frente de ellos, para negociar un precio mas justo y rentable de su producción.

Igualmente es inaceptable que justifique el clima de violencia e inseguridad por la falta de recursos y, peor aún, afirme que el crimen organizado “Nos quiere calentar la plaza”. Por favor… el Estado está ya en llamas ¿Que no se dan cuenta de ello?

La moneda sigue en el aire. No lo olvide señor gobernador.