Chihuahua, Chih.

‘La carta de Pepa Bueno’

La próxima semana se cumple un año de las elecciones del 23 de julio de 2023 en España y del comienzo de un año electoral de vértigo en todo el mundo que no culminará hasta las elecciones en Estados Unidos de noviembre. 

Los primeros gobiernos autonómicos y municipales que incluían a la extrema derecha en España desde la restauración de la democracia, mediante los pactos PP-VOX (Partido Popular el partido de extrema derecha), fueron un aldabonazo que se tradujo en el resultado del 23-J (Fecha de elecciones municipales). 

Francia ha seguido la misma senda esta semana con la rehabilitación del pacto republicano mediante el cual, y de forma masiva, votantes de izquierda votaron a los candidatos de centro derecha mejor situados, votantes de centro derecha votaron a candidatos de la izquierda y entre todos evitaron que la agenda xenófoba de Marine Le Pen se hiciera con el Gobierno de la República. 

Lo más asombroso tras el inesperado resultado francés –la izquierda en primera posición, en segunda los macronistas y los ultranacionalistas los terceros– es que ahora se presente como un problema mayor el hecho de que los líderes del triunfador Frente republicano tengan que ponerse de acuerdo para sacar adelante un Gobierno. Se duda de que puedan o sepan hacer lo que los franceses de a pie han hecho con inteligencia política y conciencia de la gravedad del momento. Si la democracia no quiere suicidarse más vale que no den ese espectáculo.

El resultado francés obliga a recolocarse a las derechas europeas. Un Gobierno de Le Pen en Francia hubiera provocado inmediatamente un endurecimiento general y habría amparado a quienes han metido a los ultras en las instituciones en otros países, pero no ocurrió.  

Europa está asediada por el crecimiento de los ultranacionalistas y una difícil fragmentación política, pero, tras el ciclo electoral, mantiene tanto en Bruselas (sede del parlamento europeo) como en sus principales países gobiernos socialdemócratas – España y Alemania–, conservadores clásicos –Polonia– o de coaliciones transversales –hipotéticamente Francia–. 

En este contexto, el PP español ha puesto en marcha una estrategia transparente:  los populares necesitan marcar distancias con Vox, pero sin ser ellos los que rompan por si en el futuro precisan de los de Abascal para llegar a La Moncloa. 

Vox asume el coste en el corto plazo de la ruptura en las comunidades autónomas –mantienen los pactos con el PP en un centenar de ayuntamientos y las presidencias de los parlamentos regionales–, pero deja intacto su discurso central con la inmigración y cuenta con la fortaleza a futuro de su alineamiento europeo en el grupo de Orbán y Le Pen. Combate directamente a Alvise y, además, tienen fresca la estrategia de Meloni (Primera ministra italiana) antes de ganar las elecciones en Italia: quedarse fuera de cualquier pacto con el resto de partidos y erigirse en la “derecha auténtica e indomable”. 

A ella le dio resultado, veremos qué pasa aquí. De modo que un acuerdo de mínimos entre el Gobierno y el PP para trasladar a menores inmigrantes desde Canarias hasta comunidades autónomas de la Península –ninguna novedad, ya se había hecho antes– ha sido la excusa perfecta para que unos y otros marquen perfil. 

En cualquier caso, es una buena noticia que cinco comunidades autónomas vean salir a Vox de sus gobiernos y queda por saber si el PP va a revertir las políticas regresivas en materia de violencia de género, movilidad urbana o memoria democrática que han puesto en marcha en virtud de sus acuerdos. 

La última, ayer mismo. Feijóo tiene una oportunidad de oro para recuperar el perfil institucional del PP e ir más allá de aceptar el regalo reputacional que le hace Vox.

*Directora de El País