Chihuahua, Chih.

De acuerdo con la computación de días hábiles en el Gobierno de Chihuahua, el día de ayer venció el plazo para que los titulares de los poderes del estado emitieran la convocatoria, a fin de que inicie el proceso para sustituir a las consejeras del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip), Alma Rosa Armendáriz Sigala y María Nancy Martínez Cuevas, que concluirán su encargo el 31 de diciembre de este año.

Aún al cierre de esta colaboración editorial no se había emitido.

En cambio, apenas 6 días atrás, la diputada panista, Blanca Gámez,  presidente de la Comisión de Transparencia del Congreso del Estado, presentó una iniciativa para reducir a 3 el número de consejeros.

Es decir, no sustituir a las dos que se van. Pero como ha sido la característica del gobierno de Javier Corral, la del profundo desprecio -qué paradójico- por la actividad legislativa, los tiempos se les vinieron encima y pretendieron que la reforma propuesta por Gámez se discutiera y aprobara la víspera del día de la emisión de la convocatoria, esto es, el martes anterior.

Verdaderos chambones en materia legislativa, la iniciativa contiene un artículo transitorio, mediante el cual ordenaban que, por esta vez, no se emitiría la convocatoria en las fechas señaladas por la Constitución.

Los firmantes de la iniciativa, incluido el líder de la bancada de Morena, Miguel Colunga, proponían violar la Constitución de Chihuahua, la del país y diversas normas reglamentarias, todo en aras de ahorrarle al grupo gobernante de Chihuahua el tener que recurrir a la negociación con el resto de las fuerzas políticas a fin de lograr la designación de los nuevos consejeros, para lo cual se requiere mayoría calificada de dos tercios de los diputados presentes en la sesión de la elección.

Peor aún, para obtener la designación de los dos consejeros el grupo gobernante tendría que aceptar que uno de los elegidos no sería de las filias del panismo ni, por supuesto, del gobernador Corral, con lo que se elevarían los grados de “riesgo” para éste, en virtud de la presencia, en el Consejo del Ichitaip, del más incómodo, para el gobernador, de los funcionarios públicos de Chihuahua, Rodolfo Leyva, cuya reclamación acerca de su ilegal destitución como presidente del Ichitaip aún está pendiente de resolverse por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo que puede ser una repetición de las dosis propinadas por el máximo organismo judicial del país al gobierno del amanecer chihuahuense, en las que han quedado perfectamente evidenciados los constantes atropellos al orden jurídico por el grupo gobernante de Chihuahua.

En el momento en el que las evidencias del inocultable derroche del gobierno de Chihuahua, de todo tipo, nos inundan la legisladora arguyó que proponía tal reforma para estar en consonancia con el plan de austeridad impulsado por el gobernador Corral y a que “en 25 entidades del país ya se ha puesto en vigor”, pero sin presentar un estudio sobre el impacto que tendría en el órgano garante de la transparencia la disminución de consejeros, ni el modo en que se afectaría el diseño con el que se hizo, acerca de los nombramientos escalonados de los consejeros, con el fin, precisamente, de evitar que una sola fuerza política intentara nombrar, mediante su mayoría legislativa, a todos, o la mayoría de los consejeros de transparencia y con ello afectar la autonomía del organismo.

Sin embargo, en la pretensión “ahorradora” de los legisladores del PAN, no se advierte intención alguna de incorporar al resto de los organismos autónomos, ni la de proponer una ley de disminución de los ingresos de los funcionarios públicos de Chihuahua y mucho menos el de poner un hasta aquí a los derroches del Poder Ejecutivo de Chihuahua, cuyo titular, para viajar a lugares tan cercanos, como Satevó, emplea las aeronaves del gobierno de Chihuahua, las que prometió vender.

Nada.

Las verdaderas intenciones de esa reforma interpuesta al 15 para las 12 no tenía la pretensión de disminuir el gasto del gobierno, sino el de cerrarle el camino a los opositores de Javier Corral, y no porque sean sus opositores personales, sino porque los actos de gobierno por él ejercidos son contrarios al ejercicio de un poder basado en la ley.

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