Chihuahua, Chih.

“La nueva evidencia de espionaje militar ilegal contra el Centro Pro confirma que el Ejército continúa utilizando el aparato de inteligencia para sabotear la búsqueda de verdad y justicia, y mantener la impunidad militar”

R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales.

Desde la creación de la Guardia Nacional y los debates que ha traído consigo, uno que se ha mantenido únicamente como tema permanente en grupos de interés y algunas personas que se dedican al periodismo o a la defensa de derechos humanos, es el de la ciberseguridad. 

Desde marzo del 2019 que el Ejecutivo federal publicó en el Diario Oficial de la Federación las reformas constitucionales mediante las cuales se logró crear dicho cuerpo de seguridad, ya se venía advirtiendo la necesidad de dejar claro si tendrían atribuciones para realizar cibervigilancia e intervención de comunicaciones privadas.

La clara militarización y el proceso de militarismo al entregarle el poder a las fuerzas castrenses de la función pública, tiene larga data y sus precedentes siguen teniendo sustento sobre todo entre quienes siguen denunciando crisis humanitarias, la corrupción prevalente y excesos de parte de los gobiernos que morena encabeza o colabora, como periodistas y defensores de derechos humanos. 

Y es que, en el tema, pareciera que el titular del ejecutivo federal es donde más se ha equivocado; desde manifestar que la Guardia Nacional tendría un mandó civil para luego desistir y pasarle su control a la SEDENA para luego perder el asunto en la Suprema Corte por la interferencia de facultades constitucionales a partir de la ley de creación de la misma, hasta su supuesta negativa de seguir la política de espiar a sus opositores aunque de modo práctico se sigue haciendo y se ha comprobado.

En tanto Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, lo sabe. Si no lo sabe, es aún peor. El saber en todo momento qué hacen los opositores, dónde están, su movilidad y comunicaciones, son la clave para la definición de un Estado militar, o al menos una de ellas porque la otra gran parte es su financiamiento, poder económico y la concesión para el manejo de la administración pública. 

El Centro Militar de Inteligencia (CMI) es la agencia encargada de generar “productos de inteligencia” a partir “de la información obtenida en medios cerrados”, sin embargo, ni siquiera por transparencia se permite conocer detalles mínimos de su funcionamiento como lo exhiben todas las entidades gubernamentales por ley; su presupuesto, organigrama, personal laborando, informes, comunicados son desconocidos y su página oficial solo muestra su logo y algunas fotos del edificio que alberga sus operaciones. Es decir, se puede suponer que opera en total opacidad. 

Se sabe que si es materia de seguridad nacional o ciudadana la información es sensible; empero, es derecho de la ciudadanía saber cuánto cuesta su existencia y lo que eventualmente logra, puesto que las campañas de espionaje permanentes y transexenales demuestran que los softwares de vigilancia han sido usados para vigilar civiles y no con fines de seguridad.

El CMI es la entidad que se encarga de operar el malware Pegasus. Una filtración obtenida por Guacamaya Leaks permitió saber que esta estructura militar secreta -a través de tarjetas informativas de SEDENA- opera fuera del escrutinio público y se otorga facultades para intervenir comunicaciones privadas sin tener facultad legal para hacerlo. Las licencias para que así sea fueron compradas por el gobierno de Peña Nieto (PGR y CISEN) y actualmente se sigue sosteniendo y renovando la licencia.

Debido al reciente reportaje del New York Times llamado “El espionaje del ejército mexicano genera temores de un ‘Estado militar’” es que ha reabierto el debate sobre la vulnerabilidad no solo de las personas frente al espionaje ilegal sino del mismo gobierno y las filtraciones de seguridad que ha hecho que cientos de documentos clasificados hayan sido dados a conocer quedando al descubierto que la ciberseguridad no es una prioridad ni en lo civil ni lo militar. 

Lo que sí queda clara, es la postura que presidencia asume frente a la problemática: la de la opacidad que siempre ha caracterizado a las Fuerzas Armadas.

Los grupos que se dedican a los derechos digitales tienen tres demandas fundamentales: SEDENA debe entregar toda la información sobre contratos con la proveedora de Pegasus, condenar el rechazo que el presidente manifiesta sobre Pegasus a pesar del cúmulo de evidencia sobre su actual uso, renovación de licencias y presupuestos que se ejercen para el espionaje ilegal y finalmente, montan su exigencia al gobierno federal y a la SEDENA para probar las descalificaciones que se han hecho a la serie de investigaciones sobre la serie de reportajes Ejercito Espía y que se pueden consultar en el website del mismo nombre. 

Desde la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19 y Social Tic se ha lanzado la advertencia, conviene construir ciudadanía también desde ahí.

@MarieLouSalomé