La violencia política no es dispensa impune para la corrupción

La violencia política no es dispensa impune para la corrupción 5 de diciembre de 2020

Mariela Castro Flores

Chihuahua, Chih.

De acuerdo a la OMS (Organización Mundial de la Salud), la violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra sí, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daño psicológico o problemas de desarrollo o la muerte. 

Para su estudio, suele hablarse de “violencias” no de “violencia” en general por la multiplicidad de formas en que se presenta y derivado de ahí, las muy diversas conceptualizaciones de la cual se desprenden. 

El abordaje de las violencias particulares y desde diferentes campos disciplinarios, ha facilitado estudiarla en sus formas y complejidad destacando características precisas, la manera en que se presentan y funciones que asumen, porque toda forma de violencia tiene un objeto claro, específico y contundente.

Todos estos estudios han bastado como para explicar cuestiones conceptuales; sin embargo, no lo que pasa por la subjetividad como, por ejemplo, la manipulación, la tergiversación y la maliciosa forma en el manejo del tema, como suele suceder bajo condiciones de contextos muy particulares como los electorales. 

Tal es el caso de la violencia política y la tergiversación que la alcadesa Maru Campos Galván ha hecho de esta especial forma de visibilizar la violenta forma en que acceden las mujeres a la reivindicación de sus derechos político-electorales.

La exacerbada confrontación entre el titular del ejecutivo estatal y la alcaldesa, aspirante a la gubernatura, más allá de ser solo una cuestión electoral, se dibuja en una ficticia campaña anticorrupción que el gobernador ha realizado, para la cual, la aspirante –que pretende guardar sus ominosos actos debajo de la alfombra para presentarse impoluta a la contienda- ya se enuncia “perseguida política” cubriéndose con el manto que las herramientas conseguidas por la lucha feminista (movimiento social que tanto deplora) han conseguido.

Si problematizamos de acuerdo a lo que verdaderamente la violencia política es, tendríamos que decir, en primer lugar, que el comportamiento, declaraciones o actos del gobernador contra ella le han causado agresiones físicas, sexuales, psicológicas o de cualquier tipo que han menoscabado su empeño por la candidatura a la gubernatura y de las cuales, ha sido sujeta pasiva. 

Todo lo contrario. La alcaldesa no ha visto trastocados o limitados sus derechos políticos, tampoco, su acceso a la justicia se ha visto disminuido y es que, desde la posición de privilegio que ocupa y en detrimento de la imagen del gobernador, se puede decir que cuentan con la misma plataforma para considerarse en igualdad de condiciones.

Lo anterior no implica una defensa del gobernador, al contrario, es deleznable que, bajo el supuesto de tener información de actos de corrupción de la alcaldesa, apostara a que la dañara el efecto mediático antes de acudir a las vías que la justicia provee para dirimir las controversias o resolver delitos si es que llegan a configurarse. 

Su carácter vengativo e irracional, de nueva cuenta le juega en contra para negar la posibilidad de justicia a la sociedad de Chihuahua por la presunta colusión de Campos Galván al esquema de “moches” del exgobernador Cesar Duarte. 

Para sacudirse esas pajas de encima, la alcaldesa, antes diputada local, federal y exdelegada de Liconsa, ha acudido a gritar que está siendo violentada políticamente en vez de construir una defensa de su persona con base sólida, como si el reto de conseguir la candidatura a la gubernatura fuera más importante que el derecho de la ciudadanía a la verdad, así las prioridades.  

Esto no es nuevo, ya mujeres que se han visto involucradas en actos de corrupción han acudido a la misma acusación pretendiendo salir bien libradas y no verse en la necesidad de responder por sus actos. El caso más conocido: el de Rosario Robles, principal articuladora de la Estafa Maestra, aprovechando su puesto como titular de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México.

Que mujeres empoderadas, bien posicionadas y con un cúmulo de privilegios que las coloca casi en una posición intocable utilicen tan a la ligera una conquista feminista, habla mucho de las formas en las que pretenden evadir una responsabilidad para la cual fueron elegidas por decisión popular, digo, no fue para que adquirieran a través de las prácticas políticas corruptas de sus pares varones, posiciones de poder y así, lograr seguir escalando en sus aspiraciones políticas; de ahí la primer gran contrariedad: mientras que utilizan una herramienta derivada de la lucha de las mujeres, en tanto el feminismo no lucha por los privilegios de unas cuantas, sino para que todas a través de nuestros derechos, podamos generarnos espacios y acceso, con sus actos impiden que más lleguen o lo hagan sin ser violentadas.

Desde luego que no son ellas solamente, existe todo un sistema político partidario que impide que las mujeres participen con su voz, opiniones y liderazgo en las pugnas por el poder ya que, tradicionalmente, el poder históricamente se ha manifestado en masculino; no obstante, sí hay una diferencia marcada entre las dos mujeres citadas.

Maru Campos Galván desprecia al movimiento feminista, gran parte de su poder a través del ejercicio de su administración en el municipio ha sido para estigmatizar y criminalizar a las mujeres que salen a las calles a protestar, generando una narrativa de persecución propiciada a  que socialmente se construya un consenso orientado a considerar como correcto violentar los derechos de las mujeres tutelados constitucionalmente, como la libre manifestación de ideas.

Por otro lado, de repente tuvo “conciencia” y para demostrarlo, trajo para su demostración y respaldo a figuras igualmente cuestionables, como la cómplice del genocidio en el país y de la tragedia de la guardería ABC, Margarita Zavala.

Pero como le llegó, se fue; si fuera real, con su complejo sistema de cámaras de vigilancia en la ciudad, con un mínimo de trabajo de seguimiento, se pudiera haber detectado a violadores en activo y para eso no han servido, solo para criminalizar jóvenes, casi niñas que –justamente- protestan por el riesgo de violaciones que en las calles de la ciudad se experimenta y en el que, bien se pudiera trabajar con todos los insumos que se cuentan, pero para eso, habría que reconocer la violencia de género y tener voluntad política y la alcaldesa no la tiene.

En sus manos está poder contribuir a mitigar o desaparecer la ola de violencia sexual que se padece en la ciudad y el municipio y no lo hace porque no hay voluntad de su parte para hacerlo, porque los elementos para lograrlo ahí están, lo que indica que es acomodaticio e instrumental su discurso de estar siendo violentada. 

¿Por qué ella merece justicia, reconocimiento y reparación y miles de mujeres chihuahuenses, no?

Ahí se nota cuando existe violencia y cuando, no. Quien la padece la reconoce y hace lo posible porque no suceda cuando se empodera 

¿Qué le falta a usted señora alcaldesa? ¿Qué podemos esperar si llega a gobernadora? ¿Qué la violencia sexual y feminicida sigan elevándose impune?

Estoy segura que sí.

@MarieLouSalomé

Mariela Castro Flores

Politóloga y analista política especialistas en género y derechos humanos.