A raíz del desmedido gasto en publicidad realizado por el gobierno de César Duarte, innumerables voces, tanto en la localidad, como fuera de Chihuahua llamaron a detener tal exceso.

Si antes intuíamos que estábamos frente a una inmensa red de corruptelas, las revelaciones realizadas por el nuevo grupo gobernante nos pueden llevar a la conclusión de que estuvimos frente a una impresionante maquinación, en la que el objetivo central era el aprovecharse de las finanzas estatales (y en muchos casos, también las municipales) en beneficio propio, además del desmesurado propósito de César Duarte de alcanzar la candidatura presidencial.

Para ello no escatimó gasto alguno. Así, el presupuesto del gobierno estatal se puso al servicio de esos dos objetivos. Prácticamente no hay área de la administración estatal que no haya sufrido los estragos de tales acciones, presididas por el abuso del crédito del gobierno del estado, hasta llevar al agotamiento la capacidad crediticia de la administración estatal, de cuya dimensión damos cuenta en esta misma edición, por medio de un reportaje publicado por el portal digital www.sinembargo.mx.

Pero todo lo anterior sólo podía intentarse si la mayoría de los medios de comunicación se prestaban, de una ú otra manera, a tales pretensiones. Para ello era necesario usar la “mano suave”, es decir, la del dispendio en los medios, en la que la discrecionalidad fue el rasgo central y el control se ejerció a través del uso del presupuesto público.

No hubo criterio mensurable en la asignación de recursos a los medios de comunicación, y a una extensa red de comunicadores, en la que el rasgo central fue la inexistencia de los servicios prestados por los medios, que justificaran las enormes sumas entregadas.

No tuvieron relación, las sumas de dinero, con el número de spots transmitidos, ni con el de las planas publicadas, ni con los anuncios expuestos en los portales, menos aún con las características de los programas

Parte esencial de esa política fue el hecho de que, para encubrir las sumas entregadas a los medios de comunicación, que mejor sirvieron de correas de transmisión a los propósitos de César Duarte, se usaron nombres de distintas empresas; además, distintas dependencias gubernamentales y niveles de gobierno aplicaron la misma política, de tal modo que la lista de medios y periodistas que recibían recursos sin justificación (es decir, por el número de spots, planas, banners, etc. publicados) se repetía en muchas dependencias.

La exageración era que el mismísimo gobernante se encargaba de “palomear” la lista de los medios y las cantidades a recibir, incluidos los organismos descentralizados y los organismos autónomos.

Las cantidades asignadas no tenían relación, ni con las audiencias, ni con el rating, ni con el número de lectores, ni con las visitas a los distintos portales digitales; tampoco con el número de spots radiofónicos o televisivos trasmitidos, ni con el valor de las inserciones en los medios impresos.

La discrecionalidad a su máxima expresión.

La administración anterior siguió al pie de la letra la conceptualización de José López Portillo acerca de la relación del gobierno con los medios de comunicación y el uso de los recursos públicos en la publicidad gubernamental. Al igual que el resto del presupuesto, se gasta en función de las filias y las fobias del gobernante en turno y en el ejercicio, si se gasta más desmedidamente, en esa proporción la corrupción crece pues más funcionarios, con capacidad de decisión en ese rubro, se involucran en tales acciones.

Así, desde Palacio de Gobierno partían los rumores que intentaban crear la percepción que Duarte pronto se iría al gobierno federal, en una posición clave, que, no lo decían en público, solamente a soto voce los cercanos al gobernante, le permitiera aspirar a “la grande”. Una y otra vez, machaconamente, hicieron creer a los chihuahuenses que Duarte se iría a las secretarías de Gobernación, a la Sagarpa, al PRI, donde fuera, pero en los primeros círculos del poder, y si para satisfacer tales apetitos era necesario gastarse el dinero del gobierno de Chihuahua en los medios, adelante!

Los excesos fueron el rasgo fundamental. Por un descuido, Aserto recibió en varias ocasiones los mensajes de los correos electrónicos que la Coordinación de Comunicación Social enviaba a las jefaturas de información y titulares de los principales noticieros radiofónicos de la entidad. Contenían el texto de las noticias que se transmitirían al día siguiente, a tal grado que incluían las partes de los audios que debían usarse, como si fueran redactados por los jefes de información de los medios. No querían descuidos.

Lo hicieron del mismo modo que lo hacen absolutamente todos los gobiernos, sólo que en el caso del gobierno de Duarte fue la exageración.

Hay una veta mayor, la del cúmulo de portales digitales “fantasmas” cuyos propietarios firmaron milenarios convenios y que recibían los recursos pactados en ellos. Era la simulación total.

El signo es el mismo, se parte de la idea que el gobernante le hace “un favor” al medio -por supuesto, económico- a cambio de la cesión de la línea editorial del medio y no del hecho de que los usuarios del medio de comunicación tienen derecho al acceso a la información pública -que eso son en parte los mensajes de la publicidad gubernamental-, que forma parte de la libertad de expresión el que todos los medios de comunicación deben publicar, transmitir o exhibir la publicidad gubernamental y que el presupuesto asignado a esa actividad deberá sujetarse, como el resto, a reglas más precisas en su asignación.

Además, no se asimila el hecho que las empresas de los medios de comunicación no son como cualquier otra empresa, éstas tienen -o debieran tener- un sentido profundamente social y con plenas evidencias de su compromiso con el ejercicio, en la más absoluta libertad, de los derechos de los ciudadanos.

El gobierno de Javier Corral tiene un serio compromiso en esta parte de la función pública, por varias razones, en primer lugar por el extendido apoyo recibido para llegar a esa posición, -fruto del enorme rechazo popular al gobierno de César Duarte y a su grupo político y que la ciudadanía lo hizo extensivo a prácticamente todo su partido-; además, por los antecedentes personales del gobernante en esta materia y sus muchas expresiones en favor del término de tan nefasta práctica gubernamental.

Tiene casi todo a su favor pues el PAN puede construir una mayoría legislativa que permita aprobar una legislación democrática, que recoja las opiniones de vastos sectores de la opinión pública, mediante una discusión razonada acerca de cual debe ser la política gubernamental en materia de publicidad y no solamente de la difusión de la obra del gobernante en turno.

Dio un paso en firme al publicar los pagos efectuados por la administración de Duarte, así como publicar los montos de los convenios de los medios con su gobierno, sin embargo, la lista exhibida adoleció de varias fallas, derivadas de no “cruzar” la información que poseían -los supuestos pagos realizados y los convenios firmados- con la de las transferencias electrónicas efectuadas por Hacienda.

Además, no bastaba publicar la lista de medios y montos sino que debió acompañarla de la debida ponderación, es decir, si por lo menos las cantidades gastadas tenían como objeto la publicación de planas y transmisión de spots, o exhibición de anuncios en los portales -banners- o, si por el contrario, eran las “igualas” que compraban líneas editoriales.

Días después de publicada la lista en la página www.amanecechihuahua.gob.mx por el gobierno de Corral y para subsanar algunos de los errores, le agregaron la leyenda, en la sección de “Convenios”: “No necesariamente se ejercieron en su totalidad”.

Es muy claro que deberán existir las empresas privadas en el negocio de los medios de comunicación, no podría ser de otra manera; lo contrario podría dar pie a la existencia, exclusivamente, de los medios estatales o gubernamentales. En el presupuesto público deberá aplicarse la partida de la publicidad gubernamental, bajo reglas definidas, con la tutela de organismos ciudadanizados que permitan vigilar, fiscalizar, tanto la aplicación de los criterios, como de los recursos utilizados por la autoridad.

El meollo de la necesaria reforma lo constituyen varios aspectos, el principal, por supuesto, es el de la asignación de recursos, en el que debe desaparecer la tónica prevaleciente de que los favorecidos de hoy serán los castigados del mañana, si llega otra fuerza política al nivel de gobierno que está asignando el dinero, o al revés.

En ello deberá tener sumo cuidado la nueva administración. Asimismo, los mecanismos de asignación deberán erradicar el intermediarismo, los responsables de la asignación de recursos deberán ser los organismos gubernamentales y deberán hacerlo de tal manera que los costos de los servicios prestados por los medios de comunicación (spots, inserciones en medios impresos, banners en los medios digitales y contratación de otros espacios publicitarios) estén estrictamente regulados, reglas que deberán contener, además, criterios diferenciados, merced a las características del medio en cuestión y de los segmentos de población a los que llega.

Pueden aplicarse distintos criterios, por ejemplo, en la cotización de los anuncios insertados en los medios digitales, por el grado de penetración, por los “likes” que reciba cada uno de ellos, de tal manera que exista una tabla diferenciada de precios.

Del mismo modo, y quizá con menor amplitud que en los medios digitales, las estaciones de radio y televisión debieran tener cotizaciones, con cierta amplitud de rangos, para que así se pudiera tener certeza de las cantidades asignadas a cada medio de comunicación, tomando en cuenta el grado de penetración.

En suma, es muy claro que estamos frente un muy complejo asunto, vital para la concreción de la transición democrática y en la que las distintas visiones sobre la espinosa relación gobierno-medios deberá transformarse en función de los intereses de la sociedad.