Chihuahua, Chih.

Entre los efectos negativos de la pandemia en México, la Secretaría de Educación Pública estima que alrededor de 800 mil alumnos que terminaron la secundaria el ciclo escolar pasado, no continuarán con sus estudios en el bachillerato. Los estragos económicos causados por la pandemia serán una de las principales causas de la deserción escolar (“SEP estima deserción de 800 mil alumnos de bachillerato por pandemia”, Excélsior, 26 de junio de 2020).

Las investigaciones sobre la deserción escolar en México subrayan que el mayor número de estudiantes que abandonan sus estudios se concentran en la educación media (bachilleratos y carreras técnicas) y superior (universidades, tecnológicos, etc.). 

La deserción escolar tiene la forma de un embudo que se va cerrando mientras los jóvenes avanzan en sus estudios. El espacio más cerrado de este embudo se ubica en la educación media y superior.

La Encuesta Intercensal 2015 aplicada por el INEGI, reveló que 2 millones 200 mil alumnos abandonaron los estudios de educación media superior y superior por diferentes motivos, entre los que destacan los factores económicos. Las cifras del mismo estudio del INEGI, plantean que de cada 100 alumnos que ingresan a la universidad, únicamente 8 concluyen sus estudios. 

Entre los jóvenes en edad para estudiar la universidad en México, únicamente el 24% cursa una carrera en alguna institución de educación superior. 

Esta última cifra contrasta con países como Australia, Islandia y Corea del Sur, donde el 60% de la población en edad para cursar la universidad, está estudiando en este nivel educativo. 

Detrás de los mecanismos mediante los cuales las universidades administran los ingresos y los egresos de estudiantes a la educación superior, se identifican un conjunto de medidas clasistas y excluyentes a las que se ha conceptualizado de manera tramposa como “brechas educativas”. 

En el fondo del problema está la lucha de clases. 

Las desigualdades educativas, sociales y económicas tienen como fondo a la lucha de clases, que queda encubierta por conceptos como el de “brechas educativas”. Los estudios de educación media y superior en México, son un enorme cedazo que separa a los que tienen más recursos de los que tienen menos recursos, que traza una distancia entre los más aptos y los menos aptos, que divide a las poblaciones entre los acreditados con un título universitario y los no acreditados con este nivel de estudios. 

Las instituciones de educación superior se han encargado de construir un complejo conjunto de laberintos para que unos pocos avancen hasta concluir sus estudios profesionales, y para que otros se pierdan a lo largo del trayecto, y deserten. 

Detrás de este mecanismo hay un abandono de enormes segmentos sociales que forman parte de las cifras de la pobreza y la precarización laboral. Los que desertan son los abandonados por el gobierno, son los desahuciados por las universidades, son los desestimados por la clase empresarial y, son también, los olvidados por la sociedad. 

Gabriel Zaid refiere que a lo largo del siglo XX la universidad se ha convertido en un enorme aparato de saber y de poder para distribuir rangos de capacidad económica, política y social:

“La pertenencia a círculos universitarios es la vía de ascenso equivalente a lo que en otro tiempo fueron las órdenes sagradas o el mutualismo masónico. No hay mejor capital para empezar a progresar que los títulos universitarios (sobre todo los que cuentan) y las buenas relaciones (sobre todo las que cuentan). Lo dicen los padres que renuncian a otras formas de acumulación para darle una carrera a sus hijos: es la mejor herencia.” (“De los libros al poder”, 2011).

Son unos cuantos los que pueden acceder a los estudios universitarios y mantenerse en la carrera hasta el final. 

Y son menos, los universitarios que en la carrera de los ascensos logran trepar hasta las cumbres de los más altos salarios y las relaciones políticas de primer nivel, que permiten el trato directo con los gobernadores, con los altos funcionarios de gobierno y con los empresarios más pudientes. 

El  rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Luis Fierro, forma parte de un conjunto de 14 rectores de universidades en México, que ganan más que el presidente. 

El actual rector de la UACH tiene un salario de 119 mil pesos al mes. Hay rectores de otras universidades públicas en México, cuyo salario es austero, como el caso de Jorge Ignacio Peña González, quien está cargo de la Universidad Autónoma de Nayarit y tiene un sueldo mensual de 38 mil 982 pesos (“Supersalarios. Rectores ganarían más que AMLO”, El Universal, 1 de agosto de 2018). 

Los altos salarios de los funcionarios que administran las universidades públicas son decididos por las cúpulas que gobiernan a estas instituciones, y son uno de los símbolos más dolientes de la inequidad educativa, económica y social. 

En la Universidad Autónoma de Chihuahua hay una casta de universitarios cuyos salarios y prebendas forma parte de las élites económicas y políticas de Chihuahua. 

“Más de 80 funcionarios de la UACH, entre directores de facultades y secretarios de la universidad, mensualmente ganan un monto superior a los 60 mil pesos hasta más de 100 mil pesos. Por lo que en estos rubros se destinan millones de pesos; tan solo en 10 funcionarios se gasta más de un millón de pesos.” (“Crea rector de la UACH casta de 34 funcionarios que ganan más de $100 mil”, La Opción de Chihuahua, 25 de enero de 2019). 

Por un lado, hay un conjunto de privilegios salariales y políticos, que son muy notorios entre un grupo de funcionarios de la Universidad Autónoma de Chihuahua (y de otras universidades en el estado). 

Por otro lado, hay una serie de mecanismos administrativos y burocráticos que le dan forma al embudo educativo que cierra el paso a los estudios de nivel medio y superior.

Los exámenes de ingreso a las universidades, las cuotas semestrales, el pago por otros servicios recibidos por los estudiantes, los mecanismos que administran y burocratizan la entrega de becas y otros procedimientos universitarios, son un conjunto de medidas que forma parte de un cedazo de exclusión. 

Los alumnos son orillados a desertar de manera directa o indirecta. 

Hacia principios del siglo XXI, las instituciones de educación superior se han convertido en un embudo darwiniano que administra los beneficios educativos bajo una lógica de privilegios: los más pudientes y los menos pudientes, los más aptos y los menos aptos, los con título y los sin título, los que solo tienen estudios de licenciatura y los que tienen la capacidad de estudiar un posgrado, los que estudian en las universidades públicas y los que tienen la capacidad de pagar  las cuotas altísimas de las universidades privadas más elitistas del país y el extranjero. 

En el texto “De los libros al poder” (2011), Gabriel Zaid analiza los mecanismos de ascenso que atraviesan a la universidad en la carrera por la persecución del poder político y económico a lo largo del siglo XX. 

Miguel Alemán Valdez fue el primer universitario que ocupó la presidencia de la república, y fue referido como el “cachorro de la revolución”. 

Antes de Alemán Valdez, los presidentes de México fueron generales que participaron en la lucha armada de la revolución mexicana. Después de Alemán Valdez, los espacios de poder en el gobierno han sido ocupados por los universitarios. 

Y son los tecnócratas, formados en universidades privadas del extranjero y de México, quienes han ocupado los espacios de poder gubernamental en la etapa neoliberal. 

Al analizar los mecanismos de ascenso político y económico que están presentes entre los universitarios, Zaid deja en claro que no hay diferencias significativas entre la izquierda y la derecha. Entre los universitarios, hay castas de izquierda y castas de derecha, que han sido beneficiarias en la repartición del poder político y económico. 

Los silencios que las castas de universitarios de izquierda y de derecha, guardan ante el reclamo de los estudiantes que demandan una disminución de los costos de las cuotas de inscripción en la UACH en la coyuntura de la pandemia, tiene que ver con la lógica de: “No darle patadas al pesebre”. 

Hay que convertirse en los porteros, que abren y cierran las puertas de entrada a los recintos universitarios. Esta será una forma de resguardar los privilegios de las castas de la izquierda y la derecha, que confluyen en las universidades. 

Hay que prometer la gratuidad educativa, tal como lo hizo Javier Corral en las elecciones del 2016, para incumplir luego la promesa y seguir prometiendo lo mismo en las elecciones venideras. 

Hay que disminuir los costos de las cuotas de inscripción en las universidades, tal como lo hizo la UACH en el año 2018. Pero, no hay que disminuirlos demasiado, porque los alumnos no pueden dejar de ser concebidos como “clientes” que tienen la capacidad de seguir pagando por la prestación de un servicio educativo mercantilizado. 

Hay que reformar el artículo tercero para declarar la gratuidad de la educación superior, tal como lo hicieron los actuales diputados y senadores dominados por Morena, y estrangular enseguida los mecanismos de financiamiento público de la educación superior, para dar continuidad al mecanismo de cobro de las cuotas de inscripción en las universidades. 

Hay que ofrecer becas, como las manejadas por la UACH, para administrar a la población estudiantil por segmentos becarizados y monetarizados. Unos merecen pagar menos y otros merecen pagar más. Los estudios socioeconómicos para gestionar una beca universitaria, sirven también para segmentar a la población estudiantil considerando su poder adquisitivo. 

A partir de la reforma al artículo 3º  del año pasado, que admite la gratuidad de la educación superior en México, la pregunta es muy sencilla: ¿Qué pesa más, una declaración constitucional que concibe a los universitarios como sujetos educativos con el derecho a cursar sus estudios de manera gratuita, o la lógica clientelar de las universidades públicas, que ha mercantilizado a los estudiantes y al proceso educativo en su conjunto?...