Chihuahua, Chih.

Cada segundo de tu vida contiene

esa fuerza que crea universos.

Jodorowsky

La Tremenda Corte de Justicia de la Nación ha vuelto a hacer de las suyas tomando una determinación que, en las condiciones en las que se encuentra el país, genera más inseguridad en la población y pone en riesgo más garantías de las que pueda proteger y es que ha validado la legalidad de los operativos policiacos de revisión sin necesidad de orden de cateo que, previo a esta determinación, eran considerados ilegales dentro de la propia Constitución.

En algunos países este tipo de prácticas son comunes y se aplican cuando un elemento de policía tiene sospechas de que alguna persona podría estar cometiendo algún tipo de ilícito o como mecanismo preventivo para reducir la criminalidad a través de que los delincuentes sepan que se llevan a cabo operativos de revisión.

El problema en México es que ni siquiera la policía es confiable. Si bien es cierto que hay muchos y muy buenos elementos que no solo son comprometidos con su trabajo sino también con la sociedad a la que sirven; también lo es el hecho de que existen algunos malos elementos que hacen mal uso del uniforme para realizar actividades ilícitas como extorsiones o robos abusando del cargo que ostentan.

Pareciera que la Corte no es consciente de estas acciones, que no se hubiera enterado del caso de Marco Antonio Sánchez, el muchacho detenido ilegalmente por policías para un “chequeo de rutina”, desapareció y después apareciera golpeado e intentando el suicidio en un puente del Estado de México.

Quizás los ministros de la Tremenda Corte del país no saben que estos casos son más comunes de lo que imaginan en cualquier lugar y a cualquier hora; que se ha vuelto un tema tan delicado en algunos sitios que incluso los vecinos ya se organizan en grupos ciudadanos para protegerse de cualquier delincuente, incluso si porta uniforme de policía.

Como si para restregarle a los ministros en su cara el error que han cometido, policías de Zumpango se introdujeron la noche de ayer en las instalaciones de la Uaedomex y detuvieron a varios jóvenes sin que existiera un motivo aparente y sin que, hasta el momento, se sepa qué argumentos puede dar la autoridad municipal para justificar semejante acción.

Claro que los ministros no son tontos, saben el tamaño de tontería que están haciendo y tratan de matizar arguyendo que aún no aplicará el criterio porque ahora resulta que podrá haber amparos ante estos operativos de revisión ilegales pese a que ya exista un criterio definido por la Corte; o sea, un sí pero no aunque quién sabe.

De nueva cuenta es necesario poner atención en el trabajo que se realiza en el Poder Judicial de la Nación.

El Índice Global de Impunidad 2018 presentado recientemente por académicos de la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP) señala que nuestro país ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en impunidad y el primero en todo el continente americano, es decir, no hay país en América en el que los delitos queden sin castigo como en México.

El nivel de descrédito que tiene la gente en su sistema de justicia es tal que solo se denuncian entre cuatro y cinco delitos de cada 100 casos que ocurren y muchas de estas denuncias se realizan solo para poder cobrar los seguros contratados con alguna empresa; pese al enorme descrédito en quienes conforman el Poder Judicial, entre sus titulares hay cuatro ministros que ganan más de 4.5 millones de pesos al año, 1.2 millones más que el Presidente de la República; aunque el resto de las magistrados no se queda atrás al percibir casi 3 millones de pesos anuales, apenas unos 300 mil pesos menos que Enrique Peña Nieto.

En el Consejo de Judicatura Federal tampoco cantan mal las rancheras pues lo mismo hay consejeros que perciben ingresos por más de 4.5 millones y otros que están cercanos a los 3 millones y ni hablar de los del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En este tema los partidos suelen no meterse porque saben que muchas de sus controversias serán resueltas en los tribunales y no quieren hacer enojar a quienes tomarán esas decisiones, además de que siempre que hay un intento por poner algo de orden, el Judicial se escuda en el respeto entre Poderes evitando que el Legislativo intervenga en estas cuestiones.

Así pues, la decisión de la Tremenda Corte de Justicia de la Nación nos coloca en indefensión respecto a los abusos policiales mientras los ministros siguen recibiendo los sueldos suficientes y necesarios para mantenerse alejados de la realidad que los ciudadanos vivimos cada día.



Salud y larga vida.



@profesor_F