Juanga 2022
La Tarahumara sí tiene ley, la del crimen organizado
Sin Retorno

La Tarahumara sí tiene ley, la del crimen organizado 26 de junio de 2022

Luis Javier Valero Flores

Chihuahua, Chih.

Los abrazos ya no nos alcanzan para cubrir los balazos”: Sacerdote Javier “El Pato” Ávila

 

-Y ahora ¿Cuándo se irán las fuerzas especiales?

-¿Cuándo volverán las fuerzas estatales a dejarle al “narco” el control total de la zona, como antes, como casi siempre?

-¿Cuándo aplicarán un programa transformador a La Tarahumara?

-¿O debemos esperar la siguiente tragedia?

Los anuncios son espectaculares: 

-“Llegan mil elementos de las agrupaciones especiales de las fuerzas armadas a buscar al ‘Chueco”

-“Nunca más permitiremos una masacre así”

-“Es un deplorable asesinato y vamos a hacer justicia…”

Y así por el estilo.

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Pero frente a esos discursos repetitivos, se alzan, inconmovibles, las figuras de las “Doñas” del Siglo XXI en México, las mamás de los desaparecidos, apostadas a las afueras del templo del Sagrado Corazón de Jesús en la capital chihuahuense, justamente cuando en el interior se realizaba una misa de cuerpo presente de los sacerdotes jesuitas, Javier Campos Morales y César Mora Salazar, asesinados el lunes anterior, junto al guía turístico, Pedro Palma, en el interior de la parroquia de Cerocahui, a manos de José Noriel Portillo, quien ha sido señalado como el autor material y jefe del principal -quizá único- grupo delincuencial existente en la región, integrante del grupo de “Los Salazares” -de Chínipas- y, a su vez, del Cártel de Sinaloa.

¿Y cuándo se vayan las fuerzas armadas? ¿Y cuándo se extinga la atención de la opinión pública mundial -y nacional- sobre los dolorosos acontecimientos de Cerocahui, qué?

¿Sólo nos percataremos del nombramiento del nuevo jefe de plaza de los cárteles y de sus múltiples e impunes fechorías? ¿Habrá cambiado algo, a favor, de los habitantes de la sierra?

¿Volveremos a la prevención de “no vayan de noche a esa región?

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¿Habrán puesto, los gobiernos federal y estatal, ambos con un discurso transformador, siquiera la primera piedra de la extensa, profunda  y larga operación de reconstrucción social que requiere esta devastada región de Chihuahua? 

En ésta sus habitantes originarios pasaron de ser explotados por los caciques ligados a los gobernantes, para formar parte, ahora, del arsenal de modos de explotación a los que los someten, los mismos de antes, a los que se añadieron los delincuentes que, como los caciques del pasado, también son de horca y cuchillo, pero cuyos negocios están íntimamente ligados a la modernidad del mundo y en especial a la de las grandes urbes nacionales y, sobre todo, del gigante norteamericano?

Pero las razones de lo contemporáneo no están desligadas de la inmensa corrupción gubernamental -que genera la consiguiente impunidad- de los gobiernos del pasado y los del presente.

Basta señalar que, fuera del programa “Sembrando vida”, del gobierno federal -que sólo distribuye dinero y algunas orientaciones de cómo sembrar- no existe un solo programa de largo aliento para la región.

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No hay, ni siquiera, el menor asomo de empatía con el grupo social más organizado presente en la región, que ha realizado un conmovedor y fructífero trabajo -de hace siglos-, el de los jesuitas, que ha propuesto, una y otra vez, a uno y otro gobierno, sean del ámbito estatal o nacional, un programa a desarrollar y que ha encontrado, en el mejor de los casos, la atención parcial, momentánea y solo en algunos aspectos, de los gobiernos que mejor empatizaron con ellos y con la comunidad indígena de Chihuahua.

Y, por otro lado, ¿Cuánto pueden, los gobernantes chihuahuenses del pasado, aportar para la resolución de la problemática actual, como pretende la gobernadora Campos obtener si, salvo la mayor presencia del crimen organizado ahora, nada ha cambiado de la época en la que gobernaron?

¿Cuántos y cuánto denunciamos, desde el 2007, la agudización de la penetración de los grupos del crimen organizado en la región, hasta convertirla en “su” región, suya de ellos, en la que determinan quien entra y quien sale, además de las horas en las que permiten transitar; en la que las empresas -sobre todo las mineras, aunque es un hecho generalizado- deben pagar para operar y para permitirle a sus proveedores acceder a la región?

Hemos escrito una cosa errónea: La tarahumara no es una tierra sin ley. Sí tiene ley, la del crimen organizado.

Sólo hasta el asesinato de los padres “Gallo” y “Morita” y de Palma, y ante el reclamo del Vicario de La Tarahumara, directo, sin ambages, tajante, el gobierno de Maru Campos decidió reunirse con los representantes jesuitas ¿Porqué no antes, y no para ver el tema de los asesinatos?

¿Porqué los proyectos carreteros para esta región, anunciados por el presidente López Obrador, no contemplan un solo proyecto de reconstrucción social, ni de atención a las adicciones, ni de la prevención de ellas en una zona en que empiezan a crecer peligrosamente los índices de ello?

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Pero tampoco un programa que catapultara las potencialidades artísticas, económicas de la comunidad rarámuri y de proyectos comunitarios, como en distintos momentos y diversas organizaciones de la sociedad civil han desarrollado, junto con las comunidades, como el de la producción de aves domésticas, de la producción de huevo; del aprovechamiento integral del recurso forestal; de la obtención de agua potable y de tantas otras actividades que permitieran a los integrantes de las comunidades, no “integrarse” a la civilización -occidental- sino el de permitir a sus integrantes tener pleno acceso a los beneficios de la moderna sociedad en la que vivimos.

Igual sucede en el ámbito local.

¿Por qué no preguntarle a las comunidades qué se puede y debe hacer en ellas? ¿Porqué no asesorarse de la comunidad jesuita y de los activistas sociales, indígenas y derechohumanistas presentes en la región y hacer lo mismo?

¿Porqué no echar a andar un verdadero programa de protección a esos activistas y religiosos que efectúan sus actividades en el pleno filo de la navaja, como ahora, dolorosamente, lo atestiguamos?

¿Porqué no se hizo igual, en los asesinatos de los activistas indígenas Isidro Baldenegro y Juan Ontiveros, ambos defensores de los bosques; o en los de Víctor Carrillo, Elpidio Torres y Valentín Carrillo y tantos otros?

Por supuesto que tal situación no es reciente, pero los gobernantes de ahora -estatal y federal- ya lo debían saber. 

“La asociación civil Alianza Sierra Madre documentó que al menos 17 líderes de comunidades de la Sierra Tarahumara han muerto en Chihuahua por oponerse a las actividades del narcotráfico, cinco de ellos durante la administración de Javier Corral. Todos contaban con medidas de protección del Mecanismo para Personas Defensoras de los Derechos Humanos, en el que participan la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General del Estado. (Nota de Jesús Estrada, La Jornada, 21 de octubre de 2019).

Por esos antecedentes enervan las declaraciones de ahora.

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Por supuesto que los homicidios, todos, son del fuero común y les corresponde a las autoridades locales efectuar las investigaciones y canalizar los casos a la fiscalía, pero en homicidios de tan alto impacto -como los ahora comentados y como los de los activistas- que tienen, claramente, un entorno social, económico y criminal extremadamente complejo le corresponde a las instituciones, en conjunto, del Estado Mexicano, cuya cabeza es el presidente de la república, afrontar.

Lo ocurrido en Cerocahui es el vivo retrato de lo que sucede en el país. Nadie se quiere hacer responsable de la grave situación por la que transitamos.

Quien puede -por los inmensos recursos que posee- enfrentarla es el gobierno federal.

No solo tiene el presupuesto federal, sino que ahora -bueno, siempre- tiene el mando de las fuerzas armadas, (las que ahora ha volcado a la seguridad pública), la conducción de la procuración de justicia y el total de las instituciones que podrían detonar la reconstrucción del tejido social.

En cambio, el presidente López Obrador, ante los asesinatos de los jesuitas y de Pedro Palma, entre otras cosas, declaró que 

“… (el gobierno federal) también está haciendo lo que le corresponde el gobierno de Chihuahua, pero dimos la instrucción, aunque se trata de un asunto del fuero común, de enviar a elementos de la Sedena”. 

¿Cómo, encima debe agradecérsele que ante un hecho de tales dimensiones, haya enviado “a elementos de la Sedena”?

Inaudito.

Más. Aunque no es necesario señalarlo, el presidente, por supuesto, sabía de la penetración del narco en la región: “Esa zona de la sierra ha estado desde hace tiempo muy infiltrada, penetrada, dominada por la delincuencia…”, dijo.

¿Y?

No nos preocupemos, el presidente dijo que “está haciendo el trabajo que nos corresponde”.

¿Cuál?

[email protected]; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Fuente de citas hemerográficas recientes: Información Procesada (INPRO)

Luis Javier Valero Flores

Director General de Aserto. Columnista de El Diario