Chihuahua, Chih.
I.- En la reforma al poder judicial impulsada por López Obrador, el problema no son los mecanismos mediante los cuales lo político se impone ante lo jurídico. La historia de México, es una historia en la que lo político se ha colocado reiteradamente por encima de lo jurídico, en el ejercicio de la justicia.
De formas variadas, lo impuro del quehacer de la política ha tenido un mayor peso, que lo pretendidamente puro que subyace en los deseos de impartición de la justicia. Hace falta escribir una historia de México, en la que se analicen las relaciones conflictivas entre los intereses pragmáticos del orden político y, las formas de proceder técnico que forman parte de las decisiones del poder judicial.
Al analizar las correlaciones entre lo político y lo jurídico, se llega a un territorio paradójico, que es comparable a las correlaciones que están presentes en la pregunta sobre la primacía del huevo o la gallina. La pregunta, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Es comparable a la pregunta, ¿en los términos de la impartición de la justicia en México qué es más importante, lo político o lo jurídico?
Si se colocan en primer lugar los conocimientos técnicos del derecho, se le resta importancia a los aspectos políticos, históricos y culturales que se relacionan con la impartición de la justicia.
Al darle mayor peso a lo político, se minusvaloran los componentes técnicos del derecho. En el primer caso, tiene lugar una tecnificación de la justicia, que minusvalora lo político. En el segundo caso, se abre paso a una politización de la justicia, que le resta importancia a los contenidos técnicos del derecho.
De la misma forma en que es imposible contestar, si fue primero el huevo o la gallina. Resulta complicado darle mayor importancia a lo político o lo jurídico, en las maneras de concebir una reforma del poder judicial que reconfigure los equilibrios entre los componentes políticos y técnicos, que forman parte de los complejos procesos en la impartición de la justicia en México.
Es necesario repensar a profundidad los equilibrios entre estos dos componentes, que se alimentan y retroalimentan entre sí, a la manera de un bucle.
II.- En la historia reciente, los mecanismos mediante los cuales se ha politizado la justicia han sido reiterados. El lugar de la división y la autonomía de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, ha quedado desplazado por un escenario de relación conflictiva entre estos poderes, donde lo político se ha colocado por encima de lo técnico del derecho. Enseguida se abordan cuatro ejemplos, en los que las decisiones técnicas del derecho han sido intervenidas desde los territorios de operación política, que son fundamentalmente pragmáticos:
A) El primer caso son las renovaciones del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) en Chihuahua, durante los gobiernos de César Duarte, Javier Corral y María Eugenia Campos. Los últimos tres gobernadores han buscado la conformación de un poder judicial a modo, donde los intereses políticos del poder ejecutivo y legislativo dominado por el priismo y el panismo, se ponen por encima de los intereses jurídicos del poder judicial.
Durante los años 2014 y 2016, el priista César Duarte modificó el poder judicial mediante una jugada que se reconoció como una “reforma oxigenadora” («Van por reformas para “oxigenar” el poder judicial”, El Diario de Chihuahua, 8 de octubre de 2014). Esta reforma permitió el arribo de los operadores del duartismo al STJ.
En el gobierno de Corral, el poder judicial en Chihuahua también fue intervenido desde los poderes ejecutivo y legislativo dominados por el panismo, con el objetivo de remover a los integrantes del Supremo Tribunal de Justicia y los jueces nombrados durante el sexenio de Duarte.
Durante los años 2016, 2017 y 2018, el poder judicial quedó convertido en una arena de confrontaciones políticas, que por la magnitud de las intrigas rebasó los guiones de una telenovela (“Convertido en arena política en poder judicial”, El Heraldo de Chihuahua, 18 de febrero de 2018).
Los señalamientos de las intervenciones políticas sobre el poder judicial durante el gobierno de Javier Corral, fueron reiteradas (“Como gobernador, Javier Corral intervino en decisiones de jueces y magistrados”, Proceso, 20 de junio de 2024).
También el gobierno de María Eugenia Campos ha intervenido al poder judicial desde el territorio de la política. En los primeros meses de este gobierno se desataron una serie de acciones para remover al presidente del Supremo Tribunal de Justicia y, reconfigurar la composición de este órgano del poder judicial.
Estas acciones desembocaron en la destitución del magistrado Pablo Héctor González como presidente del STJ, considerado afín al corralismo. Con esta destitución, vino el nombramiento de Miriam Hernández Acosta a la cabeza del poder judicial en Chihuahua. La actual presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, quien fue reelecta para este cargo en octubre de 2023, ha sido señalada por su cercanía con César Duarte («Eligen a “duartista” como presidenta del Poder Judicial, acusa persecución”, La Verdad Juárez, 13 de noviembre de 2021).
Durante los últimos gobiernos en Chihuahua, los nombramientos de los integrantes del poder judicial son uno de los variados mecanismos de politización de la justicia. Este mecanismo transexenal es una forma “sui generis”, mediante la cual los poderes ejecutivo y legislativo han avasallado al poder judicial. La separación y la autonomía de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en Chihuahua, que son parte de la teoría política del republicanismo, son una ficción evidente.
B) Mediante una jugada que inició con una decisión política, el gobierno de María Eugenia Campos ha iniciado un procedimiento por “faltas graves de enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal” en contra del exgobernador Javier Corral (“Alcanza a Corral terreno caliente”, El Diario de Chihuahua, 6 de julio de 2024). ¿Por qué razones el gobierno de Campos no había iniciado algún procedimiento jurídico, específicamente en contra de la persona de Corral? Esta pregunta está plagada de suspicacias, en un momento histórico en que la manipulación de la justicia desde las trincheras de la acción política, ha sido reiterada.
La intención de iniciar un procedimiento administrativo en contra del exgobernador panista a través de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), tiene como objetivo impedir su arribo al senado. Si entre los meses de julio y agosto siguientes, el TEJA en Chihuahua emite una resolución en contra de Corral, se estaría inhabilitando a este personaje para ocupar un puesto público.
No es casual que en días recientes, el TEJA haya emitido una resolución en contra del exduartista Jaime Herrera, que establece la inhabilitación política y el pago de una indemnización (“Inhabilitan 10 años a Jaime Herrera Corral; pagará indemnización de 2 mil 723 mdp”, El Heraldo de Chihuahua, 1 de julio de 2024).
Entre el 1 y el 6 de julio de 2024, en una acción sincronizada el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa dictó una sentencia contra Jaime Herrera y comenzó un procedimiento jurídico contra Javier Corral, con la intención de colocar a los dos personajes sobre el mismo paredón de fusilamiento político y mediático. En este caso, los intereses del poder político se colocan por encima de los intereses jurídicos, en la lucha contra la corrupción.
C) Desde los meses finales del año 2020, el gobierno de Javier Corral inició una operación política, jurídica y mediática para descarrilar la candidatura de la panista María Eugenia Campos al gobierno de Chihuahua. La intención del gobierno de Corral, era postular como candidato por el PAN a Gustavo Madero.
Incluso en esta operación política, el mismo Gustavo Madero le ofreció un criterio de oportunidad a la entonces alcaldesa por el PAN en la ciudad de Chihuahua, con la intención de convertirla en testigo protegido y evitar algún procedimiento judicial en su contra (“Madero fue quien me ofreció los criterios de oportunidad: Maru Campos”, El Diario de Chihuahua, 9 de octubre de 2021). También en este caso, es evidente que los mecanismos de operación del poder político se colocaron por encima de los mecanismos del poder judicial.
D) El cuarto ejemplo, es la reunión en la que estuvieron presentes la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, y el presidente nacional PRI, “Alito” Moreno («Denuncian a Norma Piña por organizar cena con “Alito” Moreno y magistrados en diciembre de 2023», Milenio, 12 de junio de 2024). La reunión en la que estuvieron presentes estos dos personajes, terminó desacreditando y debilitando al poder judicial en la actual coyuntura.
El encuentro entre la presidenta de la SCJN y el presidente nacional del PRI, es otra evidencia más de la manera en que los intereses políticos se relacionan conflictivamente con las decisiones jurídicas de la suprema corte, que tendrían que ser estrictamente técnicas. Pero que terminan siendo invadidas por los intereses políticos.
III.- El mecanismo del “lawfare” (guerra de leyes) que ha sido utilizado en las décadas del neoliberalismo, le ha sido funcional a la derecha. En lo fundamental, este mecanismo funciona a partir de la interposición de amparos, que buscan limitar o suspender el ejercicio del poder del Estado (el contrato social de Rousseau, cuya racionalidad es republicana) y potenciar el poder individualizado de las personas o las corporaciones (el sujeto individual y el corporativismo empresarial, que son protegidos por la racionalidad liberal).
Durante el sexenio de López Obrador este mecanismo ha sido usado de forma reiterada, tratando de limitar o impedir el desarrollo de las políticas públicas de este gobierno: la construcción de las obras emblemáticas como el Tren Maya y la refinería Dos Bocas, el pilotaje de los nuevos planes y programas de educación básica, la entrega de los Libros de Texto Gratuitos, etc. Los amparos que se han interpuesto para detener las políticas públicas del gobierno de AMLO, se cuentan por cientos o miles.
Ante el triunfo de los gobiernos de izquierda en América Latina, uno de los principales mecanismos que ha sido usado por la derecha es la interposición de amparos, que forman parte de la estrategia del “lawfare”.
Este mecanismo tiene como base una judicialización de la política, que busca empantanar los avances de la izquierda haciendo uso de los laberintos técnicos de aplicación de la justicia, cuyo diseño e implementación forma parte de la historia del neoliberalismo en América Latina.
Mediante los usos técnicos de las leyes que protegen los derechos humanos, los derechos corporativos, los cuidados medioambientales, etc., se han ponderado los intereses individuales y parciales, por sobre los intereses de la colectividad social en su conjunto, que son representados por el Estado.
La estrategia del “lawfare” es un mecanismo del derecho, que tiene una lógica liberal (neoliberal) en la que los intereses personales o parciales, se colocan por sobre los intereses del Estado. De esta forma, lo individual se pone encima de lo colectivo y, lo técnico se pondera por sobre lo político.
La estrategia del “lawfare” y otros mecanismos de tecnificación del derecho, son una elaborada maquinaria para intervenir la política bajo las premisas del liberalismo (neoliberalismo).
Aquí es necesario releer a Foucault, quien plantea que el “liberalismo” no es una filosofía o una teoría política, sino que es una “tecnología de gobierno”, que camina entre lo jurídico y lo político, entre el poder del Estado y el poder liberalizado que se le otorga a los sujetos individuales y las corporaciones (“Seguridad, territorio y población”, 2007).
La reforma a la ley de amparo y la reforma judicial que forma parte del plan C impulsado por López Obrador tienen una lógica diferente, que se contrapone al “lawfare”.
Lo que está haciendo el actual gobierno no es una “guerra de leyes”, sino una guerra política. Este mecanismo novedoso en la historia de los gobiernos progresistas de América Latina, no pretende intervenir la política a través de una “guerra de leyes” (“lawfare”), sino que pretende intervenir el territorio tecnificado del derecho y la impartición de la justicia mediante una guerra política, en la que el nombramiento de los integrantes del poder judicial quedará definido por la elección directa.
Desde luego, que en coyuntura postelectoral del 2024 caracterizada por el debilitamiento de la oposición (PAN, PRI y PRD) y el fortalecimiento de Morena, la estrategia de la guerra política estará beneficiando al gobierno de Claudia Sheinbaum.
El mecanismo de la guerra política, mediante el cual se comienza a intervenir al poder judicial en México, coloca la acción de la política por sobre la acción técnica en el ejercicio de la justicia, pondera la colectividad del Estado por encima de los intereses individuales de las personas, subraya la racionalidad republicana del contrato social (Rousseau) por sobre la racionalidad liberal (coloquio de Lippmann).
La reforma al poder judicial que forma parte del Plan C, impulsado por López Obrador, es una reforma anti-liberal (anti-neoliberal).
Ante la estrategia de la tecnificación del derecho que fue usada en las décadas del neoliberalismo, se postula una estrategia de politización del derecho, que estará siendo encaminada con las reformas al poder judicial en los meses siguientes.