Varios hechos, no necesariamente coincidentes, sino resultado de, probablemente, la determinación de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han venido a darle una cierta certidumbre a la transición gubernamental de Chihuahua.

En primer lugar, la sentencia del tribunal, que ratificó el fallo del Tribunal Estatal Electoral sobre el triunfo del panista Javier Corral Jurado en las pasadas elecciones del 5 de junio y cuyos resultados fueron impugnados por el PRI, le dió un enorme mentís a la muy pobre argumentación jurídica, supuestamente elaborada por un “equipo de 650 abogados”, que tanto presumió el líder priista, Guillermo Dowell, y cuya presentación fue defendida casi exclusivamente por integrantes del grupo gobernante, que dio paso, con toda seguridad, a la determinación de la oficina del Presidente Peña Nieto a que éste reciba al gobernador electo, Javier Corral, el día de hoy, lo que confirmaría, solamente, que la posposición de esa audiencia obedeció a que el TEPJF había resuelto, semanas atrás, darle entrada a la impugnación del PRI.

El presidente no podía recibir a quien estaba, todavía, bajo el cuestionamiento jurídico de que las elecciones no se habían realizado con apego a la legalidad.

Probablemente (n’ombre, como son mal pensados) la Presidencia de la República ya tenía conocimiento del sentido de la sentencia del TEPJF y por eso el anuncio de la audiencia al gobernador electo de Chihuahua, justamente a un día del relevo de Luis Videgaray en la Secretaría de Hacienda por quien ocupara ese cargo en la administración de Felipe Calderón, José Meade.

Casi al mismo tiempo, se daba a conocer que Corral había accedido a satisfacer uno de los requisitos planteados por Inbursa, la empresa financiera ganadora de la licitación para la bursatilización de los remanentes de los bonos carreteros, para proceder a la liquidación de los recursos de la bursatilización -la firma de anuencia del gobernador electo- ya se había solventado por éste y que, además, habría nombrado a Arturo Fuentes Vélez como su representante a fin de que vigilara la correcta aplicación de los recursos, conforme al decreto aprobado por el Congreso del Estado, esto es que la mitad de los 6 mmdp iría al refinanciamiento de uno de los créditos y la otra a la aplicación de pagos de proyectos productivos y pagos de proveedores.

“Ya firmamos a Inbursa” que accedimos a la aplicación de estos recursos, informaría, y que habría nombrado a Fuentes.

Sin embargo, tal información solo había aparecido en un portal, propiedad del periodista Antonio Payán -omnia.com.mx- en el que se asegura que tal información la proporcionó el mismo Corral en una entrevista, pero no aparece en la página de Facebook de Corral, lugar en el que generalmente publica la información referente a sus actividades.

De ese modo, probablemente, en la parte final del gobierno de César Duarte arrostre de mejor manera la difícil situación financiera de la administración estatal y a lo mejor el inicio de la de Corral no sea tan mala como se avizoraba apenas unas horas atrás. Podrá atisbar, así, a los problemas del déficit presupuestario para el año 2017, los propios y los generados, sin duda, por el recorte presupuestario del gobierno federal, calculado por el gabinete de Peña Nieto en alrededor de 300 mil millones de pesos, y exigido por el PAN en el doble.

Además, la resolución del TEPJF llega en el mejor de los momentos, prácticamente al inicio legal del proceso de entrega-recepción, al que no se le podrán oponer trabas legales, o formales. Entraremos, entonces, al sano -eso esperamos- desarrollo de una transición, dependencia por dependencia, en que le permitirá a la sociedad chihuahuense acceder -también eso esperamos- a la información sobre la administración estatal.

Finalmente, la sentencia del TEPJF vino a convertirse en el colofón de los numerosos desaciertos de la actual administración en los litigios que debieron ser resueltos en la instancia federal; no ganaron uno solo, incluido el de la legislación del fiscal anticorrupción.

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