Chihuahua, Chih.

Hoy elegiremos a la presidenta de México por medio de una elección que será, como todas las efectuadas en el primer cuarto del siglo, referendista.

En el 2 mil, la mayoría de los votantes lo hicieron, o porque se fuera el PRI del poder; en el 2006 la disyuntiva fue si López Obrador ascendía a la presidencia o no; en el 2012, sacar  al PAN, aunque regresara el PRI.

En el 2018, la elección fue la del hartazgo, ante la corrupción del PRI y la certidumbre generalizada de que solamente López Obrador podría enfrentarla.

Y ahora, en lo general, los electores oscilarán entre si debe continuar o no la 4T y, secundariamente, evaluarán al gobierno de AMLO. El mismo presidente la ha catalogado como el «referéndum» sobre su gobierno.

Quizá el argumento electoral que más pesó en la campaña, en este sentido, fue el de la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum, al sostener que su gobierno, de ganar, sería el «segundo piso» de la 4T.

De este modo, como las cuatro anteriores elecciones, la actual es una parejera, más parecida a las del 2006 y 2012 en las que, por mitad, se dividió, no solo el electorado nacionalmente sino, incluso, quien ganaba la mayoría en cada entidad; Calderón por su lado y Peña Nieto por el suyo ganaron en la mitad de las entidades y López Obrador en la otra, en ambas elecciones.

Llama la atención que de las cinco, la de menor participación fuera la más cerrada, la del 2006, pues en ella votó el 58.55% y en las otras tres, el porcentaje de participación rondó el 63% del padrón electoral.

Así, los resultados en ellas fueron los siguientes:

Año 2000: Votantes, 37.6 millones; participación del 63.97%. Vicente Fox, 42.52% (15.9 millones); Francisco Labastida, 36.11% (13.5 millones); Cuauhtémoc Cárdenas, 16.64% (6.2 millones).

Año 2006: Votantes, 41.79 millones. Participación del 58.55%. Felipe Calderón, 35.89% (15 millones); AMLO, 35.31% (14.756 millones); Roberto Madrazo, 22.26% (9.3 millones).

2012: Votantes, 48.9 millones. Participación del 63.1%. Peña Nieto, 38.21 (19.1 Millones); AMLO, 31.61 (15.8 millones); Josefina Vázquez Mota, 25.39% (12.7 millones)

2018: Votantes, 55 millones. Participación del 63.42%. AMLO, 53.19 (30.1 millones); Ricardo Anaya, 22.27% (12.6 millones); José A. Meade, 16.4% (9.28 millones); Jaime Rodríguez «Bronco», 5.23% (2.96 millones).

Como en todos los procesos electorales, tanto en el orden federal como en el estatal, la elección es oportunidad para que un buen porcentaje del electorado evalúe la gestión de los gobernantes. 

Claro que muchos aprovecharán para expresar su descontento sobre la obra de gobierno de López Obrador; y en el ámbito local, la administración de Maru Campos sufrirá la primera evaluación -además de los gobiernos municipales- que no podrá efectuarse sin que el factor de la elección presidencial pese en el ánimo de los electores.

Además, la evaluación de la gestión municipal, sobre todo en los casos de Juárez y Chihuahua, influirá de manera muy importante en la votación del resto de las candidaturas, especialmente en la presidencial, de tal modo que no serán pocos los ciudadanos que habrán de diferenciar su voto para los distintos cargos y que eludirán, por tanto, los llamados a votar de manera uniforme en todas las boletas -«marca todo igual en todas las boletas».

Con diferencias, pues en tanto en la capital del estado la evaluación a la gestión municipal pareciera ser más uniforme, en la del antiguo Paso del Norte, aparentemente, tendrá más opiniones críticas, cosa que ocurrirá en el ámbito estatal.

Aunque será prácticamente imposible saberlo pues al erigirse en dos grandes bloques de simpatías por las candidaturas femeninas a la presidencia, serán pocos los ciudadanos que habrán de valorar las gestiones municipales y estatales, por sus logros y que logren alejarse de aquellas.

Y si la elección presidencial se aprecia competida, en la disputa por la legislatura de Chihuahua ocurre igual, así como en la contienda al senado, competiciones que, como casi todo en el país, serán parejeras.

Es probable, sin embargo, que la integración de la nueva legislatura local se asemeje a la actual, quizá con la diferencia de, a lo máximo, dos diputaciones.

Como debe ser el caso de las democracias electorales, la incertidumbre sobre el resultado de la elección presidencial fue abriéndose paso, en una contienda marcada por la confrontación, las denuncias de corruptelas cometidas por unos y otros protagonistas, en la cúspide, en tanto que en las redes sociales y en la discusión pública ganó el insulto, la descalificación y el lenguaje misógino, que se cebó sobre las dos candidatas, centrando las descalificaciones en su físico.

Fueron lo común las acusaciones sin mayor sustento (aunque no fueron pocas en las que sí hubo presentación de evidencias que deberían valorar las autoridades prejudiciales).

En algunos casos apareció el uso de la procuración de justicia como mecanismo de agresión electoral.

Además, habrá un rasgo que al paso de los días se convertirá en tema importante, no solo en las discusiones en todos los niveles, sino en las que se celebrarán en los recintos parlamentarios en los próximos meses, pues estará presente la convicción generalizada de la necesidad de efectuar modificaciones al marco electoral, y no precisamente de manera regresiva, sino en la orientación marcada por todas las grandes reformas electorales efectuadas hasta la fecha.

La anterior aseveración se finca en la percepción de que la batalla electoral por las diputaciones federales y senadurías estará, al igual que la presidencial, extremadamente competida y que, por tanto, las fuerzas políticas que lleguen al parlamento estarán obligadas a eso, a parlamentar.

Por otra parte, no podía ser de otra manera, la violencia es nuestra realidad bajo el actual gobierno, la elección se efectuará con no pocas zonas de riesgo y ya está convertida -hasta el día de hoy- en la más violenta de la historia.

«De acuerdo con la Consultoría Integralia, se registraron más de 750 ataques a candidatas y candidatos, a sus familiares y a sus equipos de trabajo…». (Nota de Antonio López Cruz, El Universal, 31/5/24).

Además, el mismo despacho informó que fueron asesinados 35 candidatos hasta el 31 de mayo. 

Cifra ratificada por el Laboratorio Electoral que, a los candidatos añade a personas de los equipos de campaña de candidatos y partidos, para llegar a la suma de «82 personas asesinadas en el proceso electoral actual» y el columnista Raymundo Riva Palacio, en el mismo artículo, afirma que «Hasta el martes, 553 candidatos federales y siete funcionarios electorales tenían protección federal y más de mil la tienen estatal…». («El video que define al sexenio», Eje central, 31/5/24).

Aún más grave -si cupiera- es el hecho de que los partidos de oposición presentaron el 9 de mayo, tanto a los organismos electorales, como a la Secretaría de Seguridad Pública un mapa de alerta de riesgos. El documento fue rechazado en las dos instancias «y ahí asesinaron a 22 candidatos». (Nota de Antonio López Cruz, El Universal, 31/5/24).

«De acuerdo con información recopilada por los institutos políticos, desde el 1 de enero y hasta el cierre de campañas el pasado 29 de mayo, se registraron 43 casos de agresiones graves, de las cuales, 33 fueron asesinatos, seis atentados, dos detonaciones de arma de fuego y dos amenazas». (Ibídem).

De los 43 casos de violencia grave registrados, 67.5% fueron contra candidatos de la oposición, con un total de 29 agresiones, mientras que sólo 32.5%, 14 ataques, se cometieron contra aspirantes de Morena, PT y PVEM.

Sin ser de los niveles de inseguridad que en Chiapas, EdoMex, Guerrero, Michoacán y otros, en Chihuahua, de acuerdo con la información de la presidenta del Instituto Estatal Electoral (IEE), Yanko Durán, «Pidieron seguridad 14 candidatos por amenazas; renunciaron 237 por diferentes motivos». (Nota de Heriberto Barrientos, hbmnoticias, 31/5/24).

Finalmente, quien gane la presidencia de la república hoy, enfrentará una de las peores situaciones que presidente alguno haya sufrido en el pasado reciente; no será una tersa transición, particularmente si en la jornada aparecieran un buen número de incidentes que empañen la emisión del voto o, si aún sin problemas de este tipo, la elección se resuelva por márgenes menores -como para el escribiente así ocurrirá- y, además, por la cantidad de cargos en disputa, podrá convertirse en una mezcla altamente explosiva, sobre todo por el grado de encono presente en el país.

No será fácil para la presidenta, la deuda del gobierno mexicano ascendió a 17 billones de pesos, luego de que al cierre del 2018 era de 10.8. 

(https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2018/ivt/01inf/itindp_201804.pdf)

(https://www.secciones.hacienda.gob.mx/work/models/estadisticas_oportunas/comunicados/ultimo_boletin.pdf).

Del mismo modo, la de Pemex solo disminuyó tangencialmente y se ubicó, hasta marzo del presente año, en 1.69 billones de pesos –101.3 mil millones de dólares– además de que la producción habrá bajado notoriamente.

Por otra parte, el crecimiento en el sexenio solo llegará a niveles de 0.8 o 1.1% del PIB, el menor en muchos años, lo que, consecuentemente, repercutirá en todos los órdenes, particularmente en las finanzas públicas; no habrá presupuesto que alcance -con la exposición de estos cuantos números de las finanzas públicas nos habremos dado cujenta- para cubrir las exorbitantes promesas de apoyos sociales realizadas en las campañas electorales.

Gane quien gane.

Lo veremos.

Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023

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