Chihuahua, Chih.

A la memoria de Jaime Huerta López.

El fervor religioso, el uso mediático de la fe y la simpatía de la sociedad por la iglesia católica incluso, cuando no se tiene una militancia activa desde una congregación, no son solo manifestaciones populares de la religiosidad, también es muy político, tanto, que de cierta manera, definen la configuración política de cabildos, congresos y gobiernos; porque si bien la laicidad debería ser el eje rector de nuestro gobierno como parte de una república, es histórica la injerencia de la curia católica en asuntos de Estado.

El asunto de Estado por excelencia es la procuración de justicia. 

Es en la administración del poder en el poder judicial donde mayormente se han visto implicaciones directas de la influencia de la curia católica en procesos que pretenden presentar ante tribunales casos de pederastia y abuso sexual. 

Hace décadas, el silenciar sistemáticamente a las víctimas funcionaba y esos resabios aún prevalecen; de ahí, que las diócesis y arquidiócesis permanezcan calladas o establezcan alianzas con medios de comunicación para denostar o menoscabar las declaraciones cuestionando la vida personal, familiar o el entorno de quien se anima a denunciar, su comportamiento y si es una “buena víctima” en el sentido limitativo, estigmatizante y discriminativo de la percepción social que se define a partir de quién merece justicia y quién no por quién fue o es.

Un ejemplo claro de dicha alianza entre medios, el poder y la iglesia, fue en 1997 cuando las víctimas de Marcial Maciel se comenzaron a presentar en entrevistas, generando el boicot de anunciantes a medios que les brindaban un espacio; para ese entonces, se le habían documentado agresiones sexuales a más de 100 niños, entre ellos sus propios hijos, procreados con dos mujeres y su esposa, sus relaciones en el Vaticano donde operaba sobornos a los cardenales por conducto de sus infiltrados en la Santa Sede para mantener el favor y gracia del Papa mientras en México, fundaba escuelas y universidades a través del financiamiento a su orden, los Legionarios de Cristo. 

Solo fue producto de investigaciones independientes que el caso se logró dar a conocer a la sociedad y a pesar de haber sido sancionado administrativamente, suspendiéndolo del ejercicio público de la fe, fue solo hasta su muerte que sus delitos fueron conocidos a cabalidad y que el Vaticano reconoció parte de lo sucedido. 

Aun así, todavía existen quienes promueven la canonización del infame sacerdote.

Desde los años 50’s ante la ola de denuncias, la iglesia protege pederastas. 

La respuesta se ha centrado básicamente en dos estrategias: arreglos extrajudiciales en los que se han invertido más 3 mil millones de dólares teniendo como centro el The Boston Globe en Filadelfia en 2002 y hacerse pasar por víctimas de “intereses obscuros que les pretenden desprestigiar”, lo que ha tenido un efecto a medias, ya que son de tremenda contundencia los relatos de las verdaderas víctimas por al menos, más de 25 países donde se concentran la mayoría de las denuncias, incluido el nuestro.

En México, la Conferencia del Episcopado dio a conocer que hay 101 religiosos a quienes se les tiene abierto un proceso judicial por abuso sexual, luego de que 64 diócesis de las 95 que hay en el país, los denunciaron. 

Al parecer, podría parecer un avance; sin embargo, no otorgan nombres ni ubicación, no facilitan elementos que apoyen a las investigaciones puesto que “las diócesis no tienen obligación de proporcionar al Episcopado esa información, al ser autónomas y solo rendir cuentas al Papa.” En aquel momento, tampoco declararon el nombre de los 157 sacerdotes que fueron suspendidos por comprobárseles casos de abuso sexual contra menores y que son independientes a los que tienen una investigación abierta. (Notimex|Sin embargo|5/3/2019).

La estrategia definida por la iglesia sigue instrumentándose como lo es en el caso de la denuncia de una niña en Ciudad Juárez en contra del sacerdote Aristeo Baca, en la que nuevamente se ha puesto en entredicho la moral de la familia y acusando a la niña de mentir. 

Hace unos días sorprendió la licencia solicitada por el actual secretario del ayuntamiento, Maclovio Murillo para encabezar la defensa del prelado definiendo nuevamente la alianza del poder con la iglesia católica. A partir de ahí, se ha desplegado como estrategia señalar que la niña miente, que su familia la obliga a hacerlo en venganza y a colocar a Aristeo como verdadera víctima. 

Nada nuevo en lo que la iglesia ha mostrado como respuesta frente a estos casos.

La defensa básicamente se basa en decir que por tomar los votos es incapaz de actos tan atroces y que es una persona de edad. 

Ambas se caen por el peso de la evidencia histórica en la documentación de los relatos de las víctimas y los casos que la iglesia ha tenido que aceptar a través del pago de la reparación para perpetuar el silencio. 

También, se acusa a movimientos sociales, en especial al feminista, de generar una presión que puede ir en detrimento del sacerdote; no obstante, cabe preguntarse: ¿Hacía cuál lado se inclina realmente la balanza?

La presentación de un abogado que conoce y ha litigado desde las entrañas del poder en el estado no es casual, es evidente que hay cosas más allá del caso mismo que se buscan proteger ¿Qué o quién lo colocó ahí? ¿Solo la amistad? y ¿Los honorarios? 

Se sabe que los curas en activo ganan poco y fue evidente cuando se solicitó a la sociedad a través de medios de comunicación apoyo para el vocero de la arquidiócesis, Gustavo Sánchez Prieto que no podía enfrentar económicamente su enfermedad, poco antes del confinamiento por la pandemia.

Preguntémonos mejor por pura lógica básica ¿no es inequitativo qué quién fue primer abogado en el estado lo sea ahora de un sacerdote contra una menor cualquiera y su familia? Si se dice que el sacerdote no puede mentir ¿Por qué habría de hacerlo una menor cuando los niños y las niñas no mienten sobre cuestiones que no han vivido o no tienen referencia?

En un momento social de secularización en el que el poder y quien lo ostenta a la par de la iglesia son cada vez más cuestionados, el declive de la institución eclesiástica se basa en su erosión simbólica, porque ya no ejerce ni ostenta el monopolio de la moral por su profunda crisis de credibilidad.

Ojalá este caso se litigue verdaderamente conforme a derecho, se tenga un juicio justo para la víctima, lo que implica cero revictimización para la niña y se procese el caso con perspectiva de género y de infancias y no lo resuelvan las complicidades criminales del poder con la curia que ya acumulan cientos de víctimas.

Hago votos porque así sea.

#YoLeCreoALaNiña #YoSiTeCreo

@MarieLouSalomé