Chihuahua, Chih.

Y el veredicto llegó: el sacerdote es responsable por los cargos que se le imputan, su presunción de inocencia se agotó, es culpable y su sentencia no tarda en llegar. 

Aristeo Baca purgará condena, falta determinar dónde; sin embargo, la previsión de una reparación del daño para la niña víctima de violencia sexual y su familia se aproxima, en tanto, la Diócesis de Ciudad Juárez mantiene su silencio como si fuese un voto autoimpuesto para no defender lo indefendible hundiéndose mas en la crisis de feligresía que ya de por sí, atraviesa.

Al margen de la conquista que en Chihuahua representa presentar ante las autoridades a un sacerdote (en otro tiempo resultaba impensable) y más aún, procesarlo para finalmente conseguir un fallo condenatorio y así, comenzar a tejer procesos de justicia a nivel individual y comunitario, me gustaría resaltar tres grandes lecciones que nos deja todo este proceso:

Primera. - la importancia de creerle a las víctimas; sobre todo si son niños y niñas, porque no mienten en cuestiones que no han vivido o de las cuales, no tienen referencia. El abuso sexual a esa edad como en otros momentos de la vida, no solo se da con figuras de autoridad, también con quien niños y niñas aman y eso es lo más complejo de asimilar en una situación de esta naturaleza; si para alguien en edad adulta le es difícil comprender por qué alguien que dice amarle le daña, imagine cómo procesará la agresión un menor. 

Cuando el tiempo pasa y se obtiene mayor conciencia, las víctimas sopesan los costos de denunciar. El escarnio, la duda y el estigma que acarrea romper el pacto de silencio, los reproches por no hablar en el momento, de no hacer lo suficiente por evitar la agresión, de haberla provocado, ser señaladas como las culpables aún cuando el contexto en el que se da el abuso determina que este es posible por la asimetría de recursos entre el agresor y su víctima (poder, dinero, relaciones, influencia, edad, fuerza, etc.); de ahí que se diga con total acierto: “las víctimas de violencia sexual no hablan cuando quieren, hablan cuando pueden”, porque sin procesos terapéuticos o de acompañamiento, no es sencillo contar con herramientas emocionales suficientes para enfrentar a un sistema que favorece agresores.

Segunda. - La necesidad urgente de implementar la Educación Sexual Integral en las escuelas desde los primeros grados de escolaridad. 

En el proceso que cursó Aristeo Baca se ventiló que fue precisamente en una clase de educación sexual que la niña logró entender que lo ocurrido no había sido normal, que era abuso sexual y fue determinante en su decisión de denunciar; ese solo evento -una clase- fue suficiente para desencadenar la exigencia y consecución de una serie de derechos para reparar el daño que ella y su familia padecieron derivados de los actos criminales del sacerdote pederasta.

Tercero. - Por su relevancia y la necesidad de asentar un precedente histórico, la articulación institucional que se vio en este caso fue inédita. 

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que se pronunció puntual y públicamente en momentos sensibles, además del cercano acompañamiento a la familia y la Fiscalía Especializada en Delitos de Género en cumplimiento de su obligación, que generó condiciones para que sus MP’s integraran de manera adecuada una carpeta de investigación y todo el proceso se siguiera con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, no tienen por costumbre procesar de esta forma como regla general, la violencia sexual. 

Es común la falta de sensibilidad de la FEM para determinar causa en casos que prevén no serán de fácil resolución y que los MP’s descartan u omiten dar seguimiento a partir de los propios juicios y prejuicios de quien recibe las quejas, no sé diga de quien tiene que investigar.

Ojalá la violencia se atendiera de ese modo para todas, cuando proviene de parte de un cura y de un padre de familia, contra una niña o contra una joven que en medio de la parranda y tras haber ingerido alcohol, fue violada. 

Se requiere, es urgente esta vinculación institucional se normalice, que ya no sean necesarios acompañamientos adicionales de organizaciones especializadas para atender casos de violencia de cualquier tipo porque las instituciones funcionan.

Esa es la aspiración. Y ojalá se cumpla, porque con el fallo condenatorio al sacerdote pederasta una niña y su familia tuvieron acceso a la justicia, a pesar de los enormes costos que tuvieron que pagar por la persecución que les hicieron padecer en la que, incluso, personajes políticos de relevancia en este momento coyuntural estuvieron involucrados.

Hablemos también de la reparación comunitaria que llega cuando se cumple nuestro derecho a la verdad.

Ese que nos permite celebrar que un delincuente es exhibido como lo que es: un violador y una niña a la que no se le falló, porque siempre se le creyó.

@MarieLouSalomé