Chihuahua, Chih.
El sábado anterior salió de Ciudad Juárez con destino a la capital del país, la caravana “Por la Realidad del Norte”, que encabezan familiares de personas desaparecidas y activistas que representan otras causas igualmente preeminentes.
Luchas de causas no atendidas con la debida seriedad o por alianzas inconfesables y respaldadas por silencios cómplices, ratificados por la omisión de este nuevo periodo gubernamental, son las que se pretenden visibilizar con el periplo que en el transcurso, como se acostumbra, irá sumando solidaridad y apoyo en cada plaza que recorra como ha sido hasta el momento.
El fracking, los proyectos mineros que operan a cielo abierto, las permanentes desapariciones, la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, las ejecuciones y el permanente estado de sitio en la zona serrana y la narcoguerra son una constante en el estado, que se rige, como si fuera una fortaleza que vive idílicamente.
A eso se le suma la ominosa captura del “80” sin colaboración de las fuerzas estatales, con el ya evidente incordio del ejército destacamentado en aquellas regiones.
El absurdo no puede ser mayor: “Lo mantuvimos a raya durante un año y medio”, fue el comentario del gobernador respecto a la función que tuvo la Fiscalía estatal respecto a la captura de Carlos Quintana, realizada por agentes federales y del Ejército… “Señaló que el hecho de que no informen a las autoridades estatales del operativo para la captura no es relevante, sino que se realice la detención.” (El Diario de Chihuahua, Sábado 19 Mayo 2018). O sea, amén de la desatención en materia de seguridad, él mismo que define la política criminal no le resulta relevante saber cómo se define o actúa su Fiscalía en casos emblemáticos o de alto perfil.
En el tema de la minería a cielo abierto, abundan ejemplos como la canadiense- Francisco Gold Corp, que firmó en 2005 la compra a la mexicana Luismin, a fin de extraer de esta tierra una reserva probada de 2 millones de onzas de oro, en un área aproximada de 36 hectáreas que rodean al depósito; se trató de una mina de tajo abierto que cerró operaciones en octubre de 2014 cuando había sido programada para operar solo hasta 2010 y durar 3 años más en trabajos de remediación.
No sucedió así, tras 400 liquidaciones, una producción de cien mil 500 onzas de oro, se negoció con empresarios chinos para recuperar su operatividad sin que se le invirtiera (a la fecha) recursos suficientes para subsanar el daño ambiental. (Rubén Villalpando. La Jornada/V-10-2014).
La exigencia, se infiere, debió haber sido girada en la administración anterior; sin embargo, este gobierno no cuenta con políticas ambientales en la materia y menos, se ha interesado en poner en evidencia la estrecha relación de la operación de los grupos mineros canadienses con los grupos del crimen organizado que operan en las zonas serranas y demás áreas donde se encuentran sus sitios de operación, que depredan el agua, envenenan los mantos acuíferos e invierten el suelo, afectando de modo permanente el ecosistema.
En materia de feminicidios, en lo que va de 2017 se han registrado 602 asesinatos, de los cuales -por lo menos-, 75 podrían ser considerados como feminicidios. La mayoría de los casos se concentran en Ciudad Juárez, Chihuahua y Parral. En Juárez, los casos aumentaron más del 80% con respecto al año anterior: en 2016 se registraron 56 casos, para 2017 esta cifra subió a 70 y la cifra aumenta potencialmente.
Problemas tan sensibles sin atender colocan a la población en un evidente estado de indefensión, no solo se trata de políticas poco eficaces para el objeto con el cual fueron diseñadas, se trata de la negligencia que raya en lo criminal cuando coloca como contraparte, la defensa de un caso único que referente a las competencias jurisdiccionales para su atracción, que le darían al estado la posibilidad de erigirse entre olivos y laureles en su lucha “contra la corrupción”.
Y es que el pretexto siempre ha sido que esta bandera que abraza el ejecutivo estatal, de resolverse, le daría salida a los grandes problemas que nos aquejan; pero de bien a bien, ¿cuál sería el impacto real para el descenso del feminicidio, por ejemplo, con La Coneja en una cárcel estatal? Siendo realistas, ¿cómo se limitaría o dejarían de operar los grupos del crimen organizado del noreste del estado si se mete a César Duarte a la cárcel? Sinceramente no creo que la exigencia de la remediación de los territorios afectados por la minería a cielo abierto mejoren con una nueva solicitud de extradición.
La Caravana Por la Realidad del Norte representa y pretende poner voz, con recursos propios y otorgados solidariamente, a todas esas expresiones que no han gozado de reflectores ni visibilidad en mucho tiempo y menos ahora, que la megalomanía y grandilocuencia de un gobierno que respalda y da sustento a las políticas de viejo régimen que trabaja, apoya y perpetúa una gobernanza selectiva, a modo y que ignora desde la indolencia, que la “sociedad civil” somos mucha gente con diversas causas.
Y existe un amplio sector que se mantiene en resistencia, otra que ya está cansada y el cansancio siempre, es el mejor indicador del pulso social.
Eso hasta elecciones define.
marielacastroflores.blogspot.mx
@MarieLouSalomé
