Chihuahua, Chih.
El día de ayer, en un comunicado de prensa, el Gobierno del Estado sintetizó los motivos que, supuestamente, justifican la iniciativa de ley para crear la ‘nueva’ Ley de Transporte (LEY), en los términos siguientes:
La iniciativa ejecutiva: a) busca eliminar la concentración de concesiones, promover la libre competencia y terminar con el mercado ilegal, ya que no podrán ser transferibles; b) busca ordenar y actualizar el sistema de concesiones en toda la entidad; y c) pretende generar certidumbre jurídica para los concesionarios al contar con una regulación más clara, se ponga fin al manejo discrecional en el otorgamiento de las concesiones.
Asimismo, se mencionan los siguientes datos estadísticos: a) en el Estado están vigentes 2,727 concesiones para atender el servicio de transporte colectivo urbano de pasajeros en toda la entidad; b) el número de unidades en servicio no corresponde al de las concesiones, ya que los camiones que circulan son apenas 1,853 unidades; y c) de esa cantidad, únicamente 405 cumplen con la antigüedad de no ser unidades mayor de 10 años.
En otras palabras, se afirma que los concesionarios del transporte no cumplen los requisitos operativos establecidos en la LEY para que que el transporte urbano sea un servicio público digno y eficiente para los usuarios.
Violación legal pública y reiterada que data de décadas atrás, sin que se ordene cancelar las concesiones.
Yo me pregunto: ¿Qué intereses mezquinos prevalecieron, para que los últimos cuatro gobernadores no se atrevieran a cancelar las concesiones de transporte público, a pesar de las añejas y constantes violaciones a la LEY?
Por otra parte, el sábado pasado circuló por redes sociales un oficio suscrito por las diputadas Rocío González (Pan) y Carmen Estrada (Morena) en su carácter de presidenta y secretaria de la Comisión Legislativa de Obras, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano, por medio del cual se convoca para hoy lunes, a sesión para tratar lo relativo a la iniciativa ejecutiva.
Resulta evidente que la convocatoria a esta sesión de la Comisión delata que Javier ‘El Inútil’ Corral ordenó un albazo legislativo para que el Congreso apruebe la iniciativa lo más pronto posible y sin modificación alguna. Lo anterior, ya que resulta obvia su intención de deshacerse, de una vez por todas, de los permisionarios que no se someten a sus caprichos.
Sin embargo, el albazo legislativo que se avizora inicia con una flagrante violación al proceso legislativo: apenas hoy lunes, la Diputación Permanente turnará la iniciativa ejecutiva a la comisión de dictamen legislativo que corresponda. Luego, si dicha iniciativa aún no ha sido turnada, ¿Por qué diablos los diputados de esa Comisión pretenden analizar una iniciativa que aún no le ha sido turnada?
En efecto, la Ley Orgánica del Congreso establece, de manera expresa, que las iniciativas de ley -“en razón de su naturaleza”- serán turnadas a “dos o más Comisiones para que lo estudien y dictaminen”.
Y en el caso de la ‘nueva’ LEY, resulta claro que se está en presencia de una ‘nueva’ legislación de impacto socio-económico de suma importancia para la sociedad chihuahuense.
Por ello, el Congreso deberá ponderar el impacto de esta ‘nueva’ legislación, en virtud de que su objeto es el de garantizar el derecho humano de la movilidad social del universo total de usuarios del servicio público de transporte público en todo el territorio estatal.
Motivo más que suficiente, para que dicha iniciativa sea dictaminada por una Comisión Unida al estar involucradas diversas temáticas de orden público, como lo son los derechos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente, turismo, movilidad urbana y participación ciudadana.
Por último, precisar que los diputados están obligados a convocar a una amplia consulta ciudadana, ya que diversos grupos de ciudadanos han expresado su inquietud para opinar en torno a esta iniciativa. Petición ciudadana que habré de apoyar, política y jurídicamente.
