Chihuahua, Chih.

En 2018 el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) contaba con un millón 700 mil agremiados en todo el país. En el estado de Chihuahua, la Sección 8 del sindicato de maestros tenía 38 mil 500 miembros y la Sección 42 contaba con poco más de 20 mil maestros entre sus filas (“¿Cuántos integrantes tiene el SNTE?”, El Universal y Uno Noticias, 26 de febrero de 2018). 

El SNTE es uno de los sindicatos con mayor membresía y mayor poder en América Latina. Uno de los factores que permitió el triunfo de López Obrador en 2018, fueron los acuerdos firmados con una parte de los integrantes del sindicato de maestros que apoyaron su candidatura. 

La nómina magisterial en México es una enorme suma de dinero que ha redituado beneficios a particulares y empresas. Entre enero de 2015 y julio de 2018, la nómina magisterial que es manejada a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE) tuvo un gasto total de un billón 268 mil millones de pesos (“La batalla por la nómina”, revista Nexos, 1 de octubre de 2018).

El monto de la nómina que se paga a los trabajadores de la educación en México es cuantioso y se ha convertido en un botín económico que ha sido explotado por los líderes sindicales y por empresas privadas mediante diversos mecanismos financieros como el cobro de cuotas sindicales, el pago de seguros mediante descuentos quincenales, el otorgamiento de préstamos personales por parte de financieras privadas, la venta y el cobro de distintos productos y servicios que son descontados vía nómina, y la conformación de fideicomisos como el FigloSNTE, que hace uso de la nómina magisterial y de la estructura del sindicato de manera discrecional para hacer negocios. 

En los años del neoliberalismo en México, los líderes sindicales del SNTE diversificaron las formas de allegarse de recursos. Fue entonces que la nómina magisterial empezó a convertirse en botín para hacer negocios mediante puenteos que se generan entre lo público y lo privado. 

Una parte de la historia del SNTE en las últimas décadas, tiene que ver con la astucia de los dirigentes sindicales y de algunos empresarios para meterle la mano al cajón de la nómina magisterial de maneras variadas.   

Desde hace años, en los Estatutos del SNTE se incluyó a la Secretaría de Promociones Económicas, la cual ha servido de puente para que la nómina magisterial se convierta en un negocio que va más allá de la defensa de los derechos sindicales. Entre las atribuciones de esta secretaría del sindicato se considera: “solicitar a las empresas privadas que oferten productos y servicios a miembros del Sindicato.” 

Esta secretaría del SNTE tiene también la facultad de “celebrar, con autorización de la Secretaría General, convenios y contratos con organismos públicos y privados que ofrecen bienes y servicios a los miembros del Sindicato”. (Artículo 94 de los Estatutos vigentes del SNTE

Poco o nada se sabe de los convenios que la Secretaría de Prestaciones Económicas ha firmado con diversas empresas que hacen negocios con la nómina magisterial. 

Con el surgimiento de la Secretaría de Prestaciones Económicas en los años del neoliberalismo, los maestros han dejado de ser sujetos de derecho sindical y se han convertido en clientes potenciales. La abultada nómina magisterial en México, es un negocio en potencia que ha llevado a los líderes sindicales a pensar bajo la lógica empresarial. 

En el estado de Chihuahua, el asesinato de la maestra Sonia Madrid Bojórquez en abril del 2006, puso al descubierto los negocios turbios que se han generado entre los líderes sindicales y las empresas de seguros, con la intermediación de la Secretaría de Promociones Económicas. Los nombres que la maestra Sonia Madrid Bojórquez señaló en los actos de corrupción cometidos entre la sección 42 del SNTE y la aseguradora Aries en Chihuahua, destaparon una intricada red financiera. Entre los señalados en las investigaciones realizadas por Madrid Bojórquez, está el entonces Secretario General de la Sección 42, Miguel Ramírez Sánchez (“La sospechosa muerte de Sonia Madrid”, La Jornada, 18 de abril de 2006). 

Años después del asesinato de la maestra Sonia Madrid Bojórquez, se pusieron al descubierto una serie de redes empresariales que fueron usadas por Elba Esther Gordillo para hacer negocios con la nómina magisterial. Una serie de reportajes periodísticos publicados por la revista Proceso y por el periódico Reforma, entre los años 2013 y 2016, dejaron al descubierto los negocios realizados por Gordillo y sus operadores con la nómina de los trabajadores de la educación.

Elba Esther Gordillo «ordeñó la nómina de sus agremiados mediante esquemas financieros operados por Pedro Ramírez Campuzano, en tanto que Enrique Martínez Ríos, un funcionario del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), desvió recursos del magisterio a casas de préstamo que cobran elevados intereses a maestros para beneficiarla a ella y a sus líderes seccionales… Documentos financieros y judiciales, así como cientos de correos electrónicos consultados por la revista “Proceso”, detallan uno de los esquemas mediante el cual los líderes sindicales y personas físicas se quedaron con parte de la nómina del magisterio. Los nombres que aparecen en la trama financiera del SNTE y los créditos de nómina para sus agremiados incluyen, además de Ramírez Campuzano y Martínez Ríos, a Alejandro Rueda, así como las empresas Kondinero, Crédito Maestro y ConSuPago…» (“Al desnudo, la red bancaria de Elba Esther Gordillo”, revista Proceso, 4 de junio de 2016). 

Para ordeñar la nómina magisterial, los operadores financieros de Gordillo armaron una red de empresas fantasmas que triangularon el dinero que se obtenía por el cobro de comisiones ilegales a empresas que hacen préstamos a los trabajadores de la educación, con un alto de cobro de intereses de por medio. Entre los años 2009 y 2011, el SNTE recibió 188 millones de pesos a través de este esquema financiero. 

Los beneficios de los negocios que Elba Esther Gordillo realizó a partir de la nómina magisterial, llegaron hasta los bolsillos de los secretarios generales de diferentes secciones del SNTE en el país. 

Los secretarios generales de diversas secciones en el país, recibieron 11 millones de pesos tan solo en el año 2010. 

El entonces secretario general de la sección 8 del SNTE, José Ramón Álvarez, recibió 208 mil pesos por comisiones. 

Gustavo Martínez Aguirre, quien tenía el cargo de secretario general de la sección 42 del sindicato de maestros en Chihuahua, recibió 723 mil pesos (“Lavan igual la CNTE y el SNTE”, periódico Reforma, 14 de junio de 2016). 

En la ordeña de la nómina magisterial participaron empresas que le otorgaban créditos leoninos a los trabajadores de la educación, como Kondinero, Crédito Maestro y ConSuPago. Por esos años, la empresa Kondinero despachó sus negocios en uno de los locales comerciales de la sección 8 del SNTE, en la calle Homero número 344, en la ciudad de Chihuahua. 

Durante el año 2019, en los locales comerciales instalados afuera del edificio de la sección 8 en Chihuahua, despachó la empresa de préstamos TotalCrédit. 

Las denuncias que los trabajadores jubilados de la Sección 42 del SNTE han realizado sobre el cobro indebido de cuotas sindicales, no son un hecho aislado. El caso del asesinato de la maestra Sonia Madrid Bojórquez en 2006, las investigaciones sobre las dudosas operaciones de Elba Esther Gordillo entre los años 2009 y 2011, y las denuncias de los trabajadores jubilados de la sección 42 en Chihuahua sobre el cobro ilegal de cuotas sindicales, demuestran un “modus operandi” que funciona de manera sistemática en el saqueo de la nómina magisterial. Los líderes del SNTE han pasado de desempeñar tareas político-sindicales, a desempeñar actividades mercantiles que generan jugosos dividendos. 

Entre el 1 y el 31 de enero de 2020, las cuotas sindicales que se les han descontado de forma irregular a los trabajadores jubilados de la Sección 42, ascienden a 3 millones de pesos. Durante el año 2019, estos descuentos llegaron a los 33 millones de pesos. El artículo 20 del actual estatuto del SNTE le da razón al reclamo de los jubilados de la sección 42, al señalar que, en dado caso que aporten cuotas lo harán de manera “voluntaria” y mediante la celebración de los “convenios” correspondientes. Si los maestros jubilados de esta sección no autorizan que se les descuenten cuotas sindicales y si no existe el convenio que formalice y legalice estos descuentos, el profesor Ever Enrique Avitia, actual secretario general de la sección 42, estaría incurriendo en un acto de evidente ilegalidad. 

Pero lo que está en el fondo del reclamo de los trabajadores jubilados de la sección 42 del SNTE es una toma de distancia y una desautorización de los liderazgos sindicales. 

En el caso de la sección 8 del SNTE, recientemente un grupo de maestros adheridos al FOCAPS (Fondo de Capitalización y Ahorro para apoyo a Prestaciones Sociales), denunciaron el “uso indebido, discrecional, desaseado y la mala administración de los fondos” de este fideicomiso.  (“Denuncian maestros presunto mal manejo de recursos del FOCAPS en la Sección 8 y exigen una auditoría e investigar a Rosa María Hernández y Eduardo Zendejas”, periódico digital El Puntero, 23 de febrero de 2020). 

La ausencia de información y la incertidumbre sobre el manejo del dinero que pasa por las manos de los dirigentes sindicales, son una constante que ha roto de forma repetida la confianza de los trabajadores de la educación hacia el SNTE.