Chihuahua, Chih.
Mucho ha venido sucediendo en el tema de mujeres y el acceso a su derecho a una vida libre de violencia en esta última brecha del gobierno corralista que, con sus fallos y condiciones trazadas desde su ego desmedido, abonó a los afanes que suscribe la eventual gobernadora que ya emite iniciativas como si ya despachara en pleno, dibujando el estilo de gobernanza que estará caracterizando su administración.
De ultraderecha y acorde a los golpes y retrocesos que en distintos países de la región han dado en materia de derechos sociales grupos conservadores que han logrado incidencia, la próxima titular del ejecutivo estatal comenzó atacando las entidades del trabajo, cultura y mujeres; en una suerte de gestión de la protesta (en un deseo de no recibir su gobierno en medio de manifestaciones), “accedió” a mantener la Secretaria de Cultura, no corriendo con la misma suerte la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM) y el Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) del municipio de Chihuahua, Juárez y el que se encuentra en construcción en Cuauhtémoc, curiosamente, municipios para los cuales se decretó alerta de género, además de Parral y Guadalupe y Calvo.
Al puro estilo Bolsonaro, la intención es pretender instalar una “perspectiva de familia” que por tener origen religioso carece del rigor científico y metodológico que SI posee la perspectiva de género (que es una herramienta de análisis que provee el feminismo como teoría científica) y que ha permitido lograr avances significativos en materia de derechos humanos de las mujeres y que le ha dado un sustento complejo a las ciencias sociales para su estudio y que de forma concreta, nos habilita para la protección de la realidad social de diversos sectores y visibiliza las realidades que aún no son visibles al ojo público, como cosa pública y objeto de la permeabilidad gubernamental.
La iniciativa de Maru Campos reúne todos los principios de la derecha ultramontana cuando es gobierno: por haberse dedicado a realizar promesas de campaña con diversos grupos, incluidos los religiosos, en la gestión de las deudas de campaña en vez de hacer gobierno se dedican a pagar deudas políticas y lo necesario para no tener adversarios revanchistas poniendo como ofrenda los avances de las mujeres y sus derechos, como es el caso aquí con la FEM y el CEJUM, que ni siquiera fueron producto de la voluntad política de gobiernos anteriores, sino resultado de los esfuerzos y trabajo de una madre de víctima de feminicidio (Norma Ledezma) que conjuntó voluntades, gestionó políticamente y litigó estratégicamente para obtener una recomendación de instancias internacionales para trabajar en la prevención y atención a la violencia contra las mujeres y así, evitar más feminicidios.
Sin embargo; como la ultraderecha es hábil para manipular causas y discursos, se ha pretendido “justificar” la desaparición de ambos órganos con el pretexto de que la ola de feminicidio no ha disminuido, por el contrario, ha ido en incremento y ahora con alerta de género declarada, dicen “no son órganos especializados”, demostrando un amplio desconocimiento en el tema de violencia de género, asumiendo que la única violencia contra las mujeres es la que se da en el espacio privado, íntimo y es física, cuando no es así, son diversos las modalidades y tipos de violencia y su espectro de afectaciones y estas requieren atención especializada de personal profesional en el área que comprendan del ciclo de violencia, el síndrome de Estocolmo y la indefensión aprendida.
Porque el tema tiene diversas aristas: una es creer que con la mera emisión de la alerta se contendrá la ola de violencia feminicida y no, porque la violencia contra las mujeres es histórica, sistémica y estructural y no solo se va a solucionar con más policías con buenos sueldos, mejor armados, capacitados y sensibles en el tema de género, sino que es un esfuerzo comunitario conjunto en el que instituciones estatales y administraciones municipales observen condiciones mas allá de una lógica persecutoria y punitivista que se incline mas por el buen gobierno que siendo garante de derechos, genera condiciones para el buen vivir; por ejemplo, ampliar la red de alumbrado público en zonas de alta conflictividad, cortar la hierba en áreas públicas son acciones del ámbito municipal que abonan a que las agresiones en vía pública, disminuyan.
Por otro lado, el mero atentado de ampliar de atribuciones a la FEM sin modificar las condiciones que le hacen navegar en medio de la incapacidad operativa porque faltan elementos y presupuesto para generar cobertura en todo el estado y que, a su vez provocan rotación de personal que no se alcanza a sensibilizar ni capacitar y que provoca que se sigan rechazando usuarias porque cuando denuncian “no traen golpes visibles”.
La amenaza de la reestructuración pone en especial situación de vulnerabilidad al personal que desde los Centros de Atención a la Violencia contra las Mujeres (CAVIM’s) y los refugios, que son personal altamente capacitado que provee servicios jurídicos y psicológicos de modo gratuito y que no pueden ser sustituidos por el pago de favores de campaña, ya que han venido construyendo su expertisse a lo largo de varias administraciones.
Las condiciones están dadas: existen CAVIM’s que atienden el tema de la prevención, la FEM que requeriría un análisis para subsanar sus deficiencias, los CEJUM’s que unen los servicios de distintas dependencias para atender a víctimas de violencia y hay decretada ya una alerta de género con una bolsa presupuestal considerable, coordinando todo, el impacto será contundente.
¿Por qué Maru nos quiere quitar todas las instancias que aplicarían el presupuesto para la alerta?
No se nos olvide que está vinculada a proceso por desviar recursos, ¿qué va a hacer con estos si quiere borrar los espacios desde donde deben operarse?
Piense mal y acertará.
@MarieLouSalomé
