Chihuahua, Chih.

“Los nadies: los hijos de nadie,

los dueños de nada.

Los nadies: los ningunos, los ninguneados,

corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos,

rejodidos:

Que no son, aunque sean…

Los nadies,

que cuestan menos

que la bala que los mata.”

Eduardo Galeano



A tres años de la noche de Iguala, los eventos de conmemoración por la desaparición de 43 estudiantes desaparecidos de la normal rural de Ayotzinapa nos vuelven a motivar múltiples reflexiones que nos acuden por la verdad negada, la justicia retrasada y sobre todo, la nula garantía de la no repetición.



Y es que de los 10 compromisos que el gobierno federal estableció con padres y madres de los alumnos normalistas desaparecidos, ni uno solo se ha cumplido; estos son: profundizar y rediseñar el plan de búsqueda en vida de los 43 estudiantes desaparecidos, establecer una comisión mixta de seguimiento e información integrado por el personal a cargo de la investigación dentro de la PGR y SEGOB, brindar todas las facilidades y apoyos al Equipo Argentino de Antropología Forense, peritos independientes asignados por las familias de los estudiantes desaparecidos; reconocer desde el gobierno federal la condición de agraviados de la comunidad estudiantil; el compromiso del respeto de sus derechos humanos, honra y reputación; facilitar la coadyuvancia de la representación acreditada y garantizar el debido proceso; investigar las posibles conductas cometidas por cualquier persona en relación con los hechos del 26 y 27 de septiembre, así como los hechos ocurridos el 12 de diciembre de 2011; activar un Plan de Atención Victimal y la adecuada reparación del daño respecto de las víctimas de los hechos; continuar con la prestación de toda la atención médica necesaria para los estudiantes heridos y realizar un programa de redignificación de la infraestructura y los espacios de las Escuelas Normales Rurales del País.



Aunque todo lo anterior impliqué la aspiración de cualquier persona que sea víctima de un delito o enfrente una situación similar: que las autoridades cumplan con su trabajo.



No pueden concebirse los hechos de Iguala como algo en lo local y ajeno a otros procesos similares adecuados a los contextos propios de la región donde se desarrollan; hablamos de la colusión de autoridades municipales, estatales y federales al amparo de la mirada complaciente del ejército que en conjunto, implementan políticas de limpieza social y de disolución de la disidencia. Trasladado a nuestro entorno local, la política de la guerra, las complicidades de quienes ejercen el poder armado aunadas a los gobiernos omisos se traducen a caldos de cultivos donde es fácil germinen las actividades delincuenciales que en ambientes controlados, cumplen con el cometido de estigmatizar a sectores específicos y criminalizar a otros que no son adecuados ni útiles al sistema para el que producimos.



A casi cumplirse un año de esta nueva administración ya tiene una masacre emblemática que sirve como corolario de la fallida política criminal y estrategia de seguridad del gobierno estatal, la del centro de rehabilitación en la colonia Rosario donde fallecieron 16 personas y otras quedaron heridas. Los daños reales por afectaciones emocionales, psicológicas, mentales y físicas a largo plazo, son incalculables.



Tradicionalmente, el estado ha relevado en particulares su obligación de contribuir a la atención multifactorial de las adicciones como parte del derecho humano de las personas a la salud. Esto ha dejado en situación de profunda vulnerabilidad a las personas adictas, sus familias y a quienes colaboran a estos fines, primeramente, por dejarles cargar con el estigma sin ejercer acciones que socialmente coadyuven al entendimiento de las enfermedades emocionales que son la principal causa de cualquier adicción; posteriormente, por no brindar a dichos centros condiciones de seguridad básicas para su operación y resguardo con consecuencias como las que vimos en la trágica jornada de hace unas noches.



Todo esto en un marco de la narcoguerra que se opera desde esferas de élite con fines políticos que de primera vista dan la impresión de falta de voluntad para resolver la violencia exacerbada pero hasta eso implica un riesgo calculado. Se juegan posiciones en las próximas elecciones, por ejemplo.



¿O cómo se explicaría el abandono de las autoridades y de quien nos gobierna ante la masacre? ¿Por qué hasta el momento ni el gobernador ni la presidenta municipal han dado la cara al menos para comunicar que se han puesto en contacto con las familias de las víctimas? Al menos la alcaldesa se está jugando la reelección. Pero, ¿y las certezas que la ciudadanía requerimos para continuar? Habrían las administraciones municipal y estatal enfrentar la situación y no permitir que la sociedad se paralice en el miedo, sin gobierno ni representación; en esa desolación que se genera cuando no hay solución ni respuesta.



Los enemigos de esta guerra no son abstractos, no cabe la justificación oficial de otros tiempos: “se están matando entre ellos” porque los muertos(as) los seguimos poniendo nosotros(as). Para quien resulta con afectaciones como la desaparición o asesinato de un familiar o la pérdida del empleo porque se desactiva un sector económico importante que se dedica al esparcimiento que la vida nocturna ofrece no hubo cambio sustancial, seguimos teniendo un gobierno ineficiente, tolerante al crimen que no ha sido capaz de garantizarnos ni nuestra tranquilidad, seguridad ni la vida.



Ese es el balance al primer año del gobierno corralista.

La más brutal masacre que viene a recapitular una serie de ejecuciones que se cuentan por decenas.





marielacastroflores.blogspot.mx

@MarieLouSalomé