Chihuahua, Chih.

“Para honrar a la comunidad de cabalgantes de todo el Estado que cada año se congregan para conmemorar el inicio de la Revolución Mexicana, la diputada Ivón Salazar Morales (PRI) propuso declarar el 14 de septiembre como el Día Estatal del Cabalgante en Chihuahua”. (Nota de César Lozano/El Diario, 27 septiembre 2022).
Con estas palabras, la legisladora Salazar se sumó a la un sinfín de ancestros suyos en los quehaceres legislativos que año con año, a falta de otras propuestas legislativas que debieran elaborar y proponer, por si nos faltaran normas por aprobar, lanzan iniciativas como la mencionada, la que tiene el inconveniente, por añadidura, el de que se propone a partir de un hecho histórico, como lo fue el inicio de la Revolución Mexicana, que tiene su origen en el poblado de Cuchillo Parado, del municipio Coyame del Sotol.
Independientemente de la discusión generada en el quinquenio anterior acerca del origen del conflicto armado.
La legisladora dijo que, “un punto de encuentro, de coincidencia, que a través del tiempo y del espacio nos mantuvo unidos a pesar de las circunstancias” fueron“los caballos”, que, con motivo de esa fecha era la oportunidad para efectuarles un homenaje a quienes al paso de los años han mantenido esta tradición.
Y como si fueran los tiempos en los que sobran los recursos económicos para homenajear, entregar recompensas y estímulos a distintos actores sociales habló de qué se establecerían tales premios para quienes desarrollan estas actividades.
Sin embargo, con la celebración de este día, podrían sumar decenas las de las fechas que se han propuesto, por diversos legisladores, de distintos partidos políticos para conmemorar la más variada gama de actividades, que no tienen más trascendencia que la de la discusión alrededor de la propuesta y la que se genera, acaso, algunos meses más tarde.
Y es todo.
La iniciativa de la legisladora priísta nos hace revivir una antigua propuesta:
La de cambiar el sentido, contenido, duración, emolumentos, y acaso hasta los mecanismos de elección de los legisladores locales, para ubicarnos en la realidad reclamada por no pocos mexicanos, que deploran y les lastiman los elevados ingresos y prerrogativas de los legisladores, que año con año evidencian la inutilidad de su quehacer durante la mayor parte del tiempo.
¿Por qué no disminuir a la mitad el salario de los diputados?
¿Por qué no disminuir el número de días que deban laborar y con ello les permitiera desempeñarse, a lo largo del año, en sus actividades cotidianas como integrantes de la sociedad sin privilegios?
En algunos otros países, los legisladores, los regidores, los síndicos desempeñan sus trabajos sólo en una parte menor del año, y existe la legislación necesaria para que los empleadores les otorguen todas las facilidades necesarias a fin de qué puedan desempeñar la función pública para la que fueron elegidos, en la época que deban hacerlo.
En muchos países, no tienen más privilegios que los de las responsabilidades públicas desempeñadas y están muy lejos de la vida de privilegios que tienen los funcionarios públicos mexicanos.
En varias ocasiones hemos propuesto que los ingresos totales de los legisladores locales sean semejantes, por ejemplo, a los obtenidos por los catedráticos de tiempo completo de las universidades públicas, los que para llegar a ese nivel tuvieron que acreditar un largo desempeño académico y docente y sus ingresos, no rebasan, en promedio, los 70 mil pesos mensuales.
En cambio, los legisladores locales, muchos de ellos sin preparación académica más allá del nivel de bachillerato, -aunque en los últimos años eso ha empezado a cambiar- obtienen ingresos directos de más de 100 mil pesos al mes a los que se les agregan algunos arrimadijos que los llevarían, en algunos casos, como los presidentes de las comisiones o los coordinadores parlamentarios, los integrantes de la mesa directiva del Congreso del Estado, a tener ingresos extras superiores a los 50 mil pesos.
Todo eso debiera cambiar, significaría, esa sí, una profunda transformación de la vida democrática del país pues llevaría a que la clase política dejara de catalogar la función pública como el mecanismo para elevar su nivel de vida, y nada más.

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Fuente de citas hemerográficas recientes: Información Procesada (INPRO)
*Columna de Plata-APCJ 2008, 2015, 2017 y 2022