Chihuahua, Chih.
Tanto en las “mañaneras” como en los eventos de postcampaña, el Presidente López Obrador ha sido reiterativo en solicitar a la ciudadanía su colaboración para denunciar los actos de corrupción que son de su conocimiento. En su reciente visita a Chihuahua, expresó: “si no hay corrupción hay justicia, y sin corrupción no habrá pobreza”.
Su afán para que juntos empujemos al ‘elefante reumático y mañoso’ de la corrupción es una pretensión plausible; por desgracia, en los hechos no pasa de ser un slogan moralista que denota su ignorancia en cuanto a los obstáculos procesales que restringen el derecho a la denuncia a popular. Acreditémoslo:
Al inicio de su mandato, López Obrador creó la plataforma digital ‘Alertadores Internos y Externos de la Corrupción’, por medio de la cual se pone a disposición de cualquier ciudadano para “alertar” actos graves de corrupción (cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, abuso de funciones) y violaciones a derechos humanos, en los que se encuentren involucrados servidores públicos federales.
En el evento de presentación de esta plataforma digital, la titular de la SFP expresó: “En la lógica de la corrupción se ha querido menoscabar el valor de quien se atreve a denunciar, de quien tiene el imperativo moral de hacer lo correcto y una motivación ética de actuar en contra de la corrupción… también se les amedrenta y amenaza para que no digan nada, para que guarden silencio”.
Como mecanismo de participación ciudadana en el combate a la corrupción y la impunidad, afirmó que esta herramienta “permitirá a servidores públicos y a los ciudadanos presentar denuncias confidenciales sobre hechos de corrupción de los que sean testigos.
Yo me pregunto: ¿A quién diablos le importa presentar denuncias confidenciales y anónimas? Se equivocan los morenos.
Lo importante no es la “motivación ética de actuar en contra de la corrupción”, sino más bien, la existencia de tribunales imparciales que garanticen el castigo de los funcionarios corruptos.
A finales del 2019, se publicó en el Diario Oficial el ‘Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la Promoción y Operación del Sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción’, cuyo sustento es el siguiente argumento:
“…recuperar la confianza en las instituciones y el gobierno, a través del fomento a la participación activa de la ciudadanía, así como la apertura de espacios que permitan transparentar el quehacer de las personas servidoras públicas impulsando la denuncia ciudadana y el castigo de las conductas contrarias a derecho”.
Este Acuerdo pretende concretar uno de los propósitos de la Convención Interamericana en contra de la Corrupción (CIC), como lo es el de “asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio”.
Por desgracia, López Obrador y su séquito de colaboradores ignoran que la ‘Tremenda Corte’ ha establecido criterios jurisprudenciales que contravienen los principios de la CIC. Ya que fueron aprobados para garantizar, precisamente, la impunidad de los funcionarios corruptos. Tal y como se acredita a continuación:
“…cualquier persona tiene derecho a presentar quejas por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con las cuales se inicia, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente…”
“sin embargo, el orden jurídico otorga al particular una mera facultad de formular quejas por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin que pueda exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, de ahí que carezca de interés jurídico para impugnar en amparo la resolución que ordena el archivo del expediente por ser improcedente la queja…”
Así las cosas, me queda claro que el discurso anticorrupción de AMLO es puro rollo mediático.
