Chihuahua, Chih.

“Tenemos como periodistas, sin lugar a duda, una responsabilidad en nuestra sociedad, pues no hay verdadera democracia sin una prensa que ejerza un control minucioso sobre la legalidad de los actos del Poder Ejecutivo, pero creo que los límites de nuestro oficio se marcan justo donde no se trabaja desde una ética basada en la protección a las infancias, el respeto a la diferencia y la difusión de contenido “objetivo” y bien enterado que distinga entre opinión e información.”

Editorial del Latinoamerican Post.



En una sociedad democrática el periodismo tiene un objetivo primordial, es proveer a las personas información que ayude a ejercer ciudadanía, colaborar a construir sentido crítico y poder participar de forma activa en las decisiones de su gobierno y las dinámicas sociales derivadas de éstas; el periodismo ético observa las acciones de gobernantes y demás poderes para asegurarse en conjunto con la sociedad, que ejercen su labor como el mandato constitucional lo estipula.

De lo anterior se desprende que la libertad de prensa sea un derecho humano fundamental que fomenta la diseminación de ideas e información. En una sociedad libre el referido derecho sienta las bases del debate político y participación ciudadana; sin embargo, hablo de las sociedades libre.

Pero, ¿qué se puede decir de gobiernos que limitan, entorpecen y anulan la posibilidad de ejercer este derecho de forma directa e indirecta? Chihuahua es un buen ejemplo.

El pasado 17 de abril, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación en la que se determina que existen evidencias suficientes para acreditar la violación al derecho humano a la libertad de expresión de la periodista (al momento de los hechos, directora del Diario de Juárez) Rocío Gallegos por parte de servidores públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua. En uno de los últimos documentos firmados por José Luis Armendáriz (recomendación 36/2019) se resuelve que, se instauren procedimientos de responsabilidad contra los servidores públicos que hayan intervenido en lo denunciado, se sancione y que a la periodista se le inscriba en el Registro Estatal de Víctimas, se le someta ante el Comité del Sistema Integral de Seguridad para la Protección de Periodistas del estado la propuesta de capacitar a las y los servidores públicos sobre el respeto al trabajo de periodistas y la importancia de la libertad de expresión.

La denuncia incluía la sistemática campaña de desprestigio emprendida e instrumentada desde las oficinas de la secretaria de comunicación social de la ciudad fronteriza en la que se le acusaba a la hoy cofundadora de La Verdad Juárez, de ser “desestabilizadora” y al medio en el que en ese momento laboraba de ser “vocero del crimen organizado”, colocándola en un muy alto grado de indefensión porque cabe señalar, que la situación de violencia exacerbada en aquella región no se ha modificado desde entonces, Madera y sus alrededores siguen en llamas. A ese escarnio se sumó Javier Corral compartiendo el artículo de opinión en sus redes sociales con su opinión propia denostando la calidad y ética periodística de la agredida.

Dicha recomendación tiene como contexto el muy reciente segundo aniversario del asesinato de Miroslava Breach Velducea en el que el tratamiento de parte del titular del ejecutivo ha sido de profundo desprecio en conjunto con el nulo avance en las investigaciones de su homicidio; sumado a los 22 asesinatos de periodistas desde el año 2000, no se cuenta con el más mínimo interés en la entidad de implementar medidas que puedan dar protección a quien ejerce el oficio. Periodistas y defensores de derechos humanos siguen siendo asesinados/as sin que el supuesto mecanismo de protección de la Secretaria de Gobernación (existente solo de nombre) funcione realmente a falta de coordinación con el gobierno estatal por falta de voluntad política.

Otro más es el estrangulamiento del ejercicio periodístico a través de los convenios y contratos de publicidad, por los cuales, múltiples espacios están casi condenados a la extinción. El enorme dispendio de recursos del erario para cultivar la imagen del anterior gobernador convirtió en demanda social el ejercicio adecuado de los mismos de acuerdo a la obligatoriedad de la función que les corresponde. Estos, sin criterio alguno y a rajatabla continúan restringidos solo a ciertos beneficiados que han demostrado disciplina con Palacio y que al igual que muchas otras decisiones en las que se ha inmiscuido el ejecutivo estatal han sido señaladas por actos de corrupción, en este caso, por el anterior titular de la comunicación social en el estado Antonio Pinedo.

En contrasentido al supuesto estilo de gobernanza y emblema único de este gobierno: el combate a la corrupción.

La importancia de la recomendación (a pesar de no ser vinculante) es el precedente que está sentando. De no responder, el gobierno estatal deberá hacerlo frente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de ahí que el gobernador quede desenmascarado en su verdadera dimensión: un enemigo de la libertad de prensa e impulsor de discursos de odio en contra de quien ejerce el periodismo crítico en la entidad.

Yo no sé usted, pero habemos quienes consideramos al igual que Rocío Gallegos que la defensa de la libertad de expresión es una lucha por derechos y libertades y de ahí, que no hemos de dejar de denunciar la grandilocuencia de un gobernador que no soporta la crítica y la pretensión de que nos sea negado lo que ha costado vidas –incluso al día de hoy- poder gozar, como el derecho a saber y a la información.





marielacastroflores.blogspot.com

@MarieLouSalomé