Chihuahua, Chih.

Desde hace algunos años, a partir de la creación de la Guardia Nacional (GN), vemos una creciente militarización de la seguridad pública. 

El incremento del despliegue militar coincide con el declive del estado de fuerza de las policías. 11 estados cuentan con militares al frente de sus secretarías de Seguridad Pública: Baja California, Baja California Sur, Colima, Guerrero, Morelos, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas. 

Las fuerzas armadas son una institución de antaño que goza de altos índices de aprobación derivado de su institucionalidad y de la trayectoria, lealtad, doctrina y apego de sus miembros. 

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), el 90.1% de los mexicanos identificó a la Marina como la autoridad más confiable, seguida del Ejército con 87.2%. 

Los militares son excelentes cuadros para la seguridad nacional. Su doctrina y disciplina son muy útiles en escenarios de guerra y amenaza, sin embargo, no cuentan con la formación ni el perfil de proximidad que la seguridad pública requiere.

Por su parte, las policías civiles están concebidas desde su origen con un enfoque de atención ciudadana, proximidad y seguridad pública. 

A pesar de que la confianza ciudadana es menor en casi 30% que la de los militares si son estatales y 35% si son municipales, los estados en los que se ha logrado una mayor reducción en la incidencia delictiva, son civiles quienes encabezan las tareas de seguridad. 

Según el Inegi, en Nuevo León, los homicidios se redujeron 45% con Gerardo Pámanes como secretario de Seguridad. Coahuila es el sexto estado más seguro del país y el segundo con menos homicidios dolosos. Yucatán, con una tasa de 73.66 delitos por cada 100 mil habitantes, es el estado con menor incidencia delictiva y la menor tasa de homicidios dolosos en el país. 

Otro caso notable es el de la CDMX: Omar García Harfuch, expolicía federal, logró disminuir 58% los delitos de alto impacto, respecto a 2019. Prácticamente todos los delitos han disminuido al menos a la mitad desde 2018, y en 2022 se alcanzó la tasa de homicidios más baja registrada hasta la fecha. 

Esta realidad contrasta con algunos estados como Morelos, Zacatecas, Colima, Quintana Roo o Guerrero en los que la seguridad pública está en manos militares y la incidencia delictiva ha aumentado notablemente. 

En Morelos, por ejemplo, la seguridad ha empeorado desde 2018 a la fecha. Tan solo en los últimos 12 meses, el homicidio doloso aumentó 12.6%, los feminicidios 57.69% y la extorsión 30.2%, en comparación con el mismo periodo del año anterior, o Zacatecas entidad en la que de 2018 a 2022, la incidencia delictiva aumentó 21%.

Desafortunadamente, el efecto GN, aunado a la desaparición de fondos para las autoridades locales de seguridad pública, ha resultado en el debilitamiento institucional de estas. 

De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2024, la Sedena tendrá un alza de 121% con respecto al 2023 y la Semar un aumento de 63.7%. 

Esto contrasta con el aumento del 2% que tendrá la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). 

Uno de los peligros de este viraje hacia los mandos militares es que su entrenamiento concibe particularmente el combate al crimen organizado. 

Esto resulta en una falta de atención a otros delitos como el robo y la violencia de género. 

Otro riesgo es que las corporaciones a cargo de militares endurecen su forma de actuar: durante 2022, la CNDH recibió 577 quejas por abusos cometidos por la GN y 428 por el Ejército. 

Aunque son múltiples los factores que influyen en los resultados en materia de seguridad que hay en los estados del país, es innegable que la formación militar ha mostrado ser ineficaz en la seguridad pública, por ello no debemos militarizar la seguridad en los estados y municipios. 

Ojalá y el reciente nombramiento de Pablo Vásquez, experto en prevención en la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, marque la pauta para una nueva gestión en materia de seguridad que verdaderamente vaya a las causas con políticas serias y eficaces.

Finalmente, si a nivel federal la militarización es inminente, urge que los nuevos elementos de la GN sean formados en tareas de proximidad, mediación, perspectiva de género y DDHH, por instituciones ajenas al Ejército y que se implementen estrategias integrales que incluyan la prevención social de la violencia y el delito.