Chihuahua, Chih.

I.- El asesinato de los defensores de los recursos naturales en América Latina en los últimos años, puede leerse como el fracaso reiterado de la acción gubernamental. Los gobiernos han sido rebasados o coludidos por los intereses empresariales y por el crimen organizado que han extendido sus negocios al control de los territorios que pueden ser explotables por sus recursos naturales (madera, minerales, petróleo, gas, agua, etc.).

Si los asesinatos de activistas no se detienen, si las amenazas de muerte continúan y las acciones de gobierno son insuficientes, se puede entender que el gobierno ha fracasado en su tarea de proteger a las personas y las organizaciones que luchan por la tierra y los recursos naturales. La actuación fallida del gobierno ante los asesinatos de activistas se ha convertido en un mecanismo que se repite una y otra vez.

Primero están las denuncias de los activistas que han sido amenazados de forma recurrente. Vienen después las reacciones insuficientes de los gobiernos para protegerlos. Luego tienen lugar los asesinatos que se cuentan por decenas en México y el mundo. Y al final, las borrosas promesas para resolver los crímenes que en su mayoría han quedado impunes. Es un círculo vicioso que demuestra la incapacidad o la falta de voluntad de los gobiernos para detener los asesinatos de activistas.

Los gobiernos fallidos son algo más que un fracaso. La falta de capacidad gubernamental para resolver el problema trae consigo los rastros de la indolencia. La omisión que desemboca en la impunidad es una complicidad asumida en los hechos.



II.- Unas horas antes de ser asesinado en Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo, Julián Carrillo Martínez realizó una llamada con el teléfono satelital que las autoridades del gobierno le proporcionaron como parte de las medidas de protección. El defensor del bosque chihuahuense era beneficiario del Mecanismo Nacional de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

El líder indígena salió de su casa ante el acecho de un grupo de sicarios y realizó una llamada desde el monte. Fue lo último que se supo de él, antes de ser asesinado. Las autoridades de gobierno quedaron a cientos de kilómetros del lugar del asesinato, mientras la voz de Julián y el ruido del teléfono se apagaron de forma abrupta.

El mecanismo de protección de la SEGOB para Julián Carrillo Martínez se ejerció de manera dilatada y a distancia. Después de haber sido solicitado, las autoridades tardaron 17 meses para echar a andar este mecanismo que consistió solamente en facilitarle un teléfono satelital al activista.

Entre el lugar del asesinato de Julián Carrillo Martínez y las acciones de protección por parte de la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía del Estado, quedó una distancia enorme. Es la distancia de la que brotan la impunidad y la indolencia gubernamental.



III.- Los asesinatos de los indígenas defensores del bosque chihuahuense, son una forma de hacer política y de hacer negocios que ha sido redituable para algunas empresas, para los grupos criminales y para otras personas que resultan beneficiarias del saqueo de los recursos naturales. Los asesinatos de activistas e integrantes de la sociedad civil han sido concebidos por Achille Mbembe a partir de la idea de las “máquinas de guerra” (“Necropolítica, 2011):

“Estas máquinas se componen de facciones de hombres armados que se escinden o se fusionan según su tarea y circunstancias. Organizaciones difusas y polimorfas, las máquinas de guerra se caracterizan por su capacidad para Ia metamorfosis. Su relación con el espacio es móvil. Algunas veces mantienen relaciones complejas con las formas estatales (que pueden ir de Ia autonomía a Ia incorporación)… Una máquina de guerra combina una pluralidad de funciones. Tiene los rasgos de una organización política y de una sociedad mercantil. Actúa mediante capturas y depredaciones y puede alcanzar enormes beneficios. Para permitir Ia extracción de carburante y Ia exportación de recursos naturales localizados en el territorio que controlan, las máquinas de guerra forjan conexiones directas con redes transnacionales (empresariales).”

Las “máquinas de guerra” son un mecanismo depredador de los recursos naturales que usa la violencia y el asesinato como formas de control y sometimiento de las poblaciones. Máquinas políticas que funcionan como máquinas mercantilistas. No importa si se generan por unos u otros intereses empresariales, si se conectan con un cartel u otro, si construyen relaciones con una u otra de las administraciones gubernamentales, la lógica es la misma: saquear los recursos disponibles y asesinar a quienes se opongan a ello.

¿Cuál es el grado de omisión o de colusión entre las autoridades políticas, los empresarios y el crimen organizado para que estas “máquinas de guerra” sigan funcionando tal como lo hacen? ¿Cuál es el grado de responsabilidad gubernamental y/o empresarial en el funcionamiento de estas “máquinas de guerra” que han asesinado a quienes se oponen a sus formas de hacer política y negocios?

La incapacidad y la impotencia del gobierno federal y del gobierno estatal para responder ante estas “máquinas de guerra” dejan muchas preguntas en el aire. Las formas de gobernar ante el crimen organizado son, cuando menos, un “laissez faire, laissez passer” (“dejar hacer, dejar pasar”) que llega a un determinado grado de complicidad.

Puede afirmarse que de manera directa o indirecta, los gobiernos y los empresarios son partícipes de estas “máquinas de guerra”.



IV.- Las cifras del INEGI siguen posicionando al estado de Chihuahua como uno de los primeros productores mineros en México. Durante el año 2017 Chihuahua fue el segundo lugar en producción de plata a nivel nacional, con 66 mil 634 toneladas. Fue también el tercer productor de oro, con 1511 toneladas. En la producción de plomo y zinc, Chihuahua tuvo el segundo lugar en el país, con 3 mil 373 y 9 mil 169 toneladas. Los montones de dinero que se generan con la industria minera en Chihuahua son una bolsa demasiado jugosa.

Las cifras del desarrollo minero en Chihuahua corren paralelas a las cifras de asesinatos de activistas que defienden los recursos naturales. En enero de 2017, fue asesinado Isidro Baldenegro en Coloradas de la Virgen, Chihuahua. Unas semanas después, fue asesinado Juan Ontiveros Ramos, en la comunidad de Choreachi, Chihuahua.

El pasado 25 de octubre fue asesinado Julián Carrillo Martínez, también en la comunidad de Coloradas de la Virgen. El caso de Carrillo Martínez destaca por la violencia a la que ha sido sometida la familia en su conjunto, el 5 de febrero de 2016 fue asesinado su hijo Julián, su sobrino Guadalupe Carrillo Polanco fue ultimado el 1 de julio de 2016, otro sobrino de nombre Alberto Quiñónez Carrillo fue asesinado el 1 de julio de 2017, y un año después fue ultimado su yerno Francisco Chaparro Carrillo.

El asesinato de los activistas está ligado a la explotación ilegal de los bosques y a la instalación de compañías mineras extranjeras en la sierra de Chihuahua. En un comunicado de prensa fechado el 25 de octubre pasado, activistas y organizaciones sociales de Chihuahua ligan el asesinato de Julián Carrillo Martínez con la presencia de compañías mineras en la sierra de Chihuahua:

“Hace una semana, en el marco de la revisión de la mesa ambiental del plan de contingencia, uno de los beneficiarios del Mecanismo expresó ante organizaciones de la sociedad civil, autoridades estatales y federales su preocupación por la violencia al interior de la comunidad y por las cuatro concesiones mineras otorgadas irregularmente a sus agresores.” (En: http://cedehm.blogspot.com/2018/10/activistas-y-organizaciones-de-derechos.html).

La organización Global Witness emitió recientemente un informe que analiza los datos de los asesinatos de los defensores de la tierra y el medio ambiente en el mundo. El continente americano es la región con el mayor número de activistas asesinados durante el año 2017, con 121 casos. El año pasado fueron asesinados en México 15 activistas.

Los asesinatos documentados por Global Witness identifican “sectores específicos que las personas defensoras habían desafiado antes de su asesinato”. Estos sectores están ligados a la industria cuyo funcionamiento se traslapa entre lo legal y lo ilegal. Del total de los asesinatos cometidos en el 2017 en el mundo, 46 están ligados a la industria agroalimentaria, 40 a la industria minería y 23 a la explotación forestal.

El informe de Global Witness refiere que sobre los defensores de la tierra y el medio ambiente opera una red que hace uso de medios violentos que lo mismo provienen de instituciones gubernamentales que de otras instancias.

Los activistas viven sometidos a una serie de presiones como: acoso por parte de autoridades judiciales, vigilancia ilegal, ataques violentos, amenazas y ataques a la familia, chantaje, desaparición forzada y prohibiciones de viaje.

La violencia a la que se ven sometidos los defensores del bosque en Chihuahua es una constante que ha entrado en una vorágine en los últimos años. La fórmula que hace funcionar esta “maquinaria de guerra” que lo mismo es política que mercantil, opera bajo una triple lógica: la ambición desmedida de las compañías mineras y forestales que buscan explotar hasta el último milímetro de recursos naturales que puedan ser mercantilizados, la rapacidad de los grupos del crimen organizado que buscan una tajada del pastel en el negocio y la inacción gubernamental que lo mismo puede ser muestra de la incapacidad que de la complicidad.