Chihuahua, Chih.

Señoras y señores:

Nos reúne uno de los actos de mayor relevancia y significado de las efemérides nacionales. Hoy tengo el enorme orgullo de pronunciar estas palabras en representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. El orgullo, pero sobre todo, la responsabilidad se potencian por un hecho: por primera ocasión en nuestra historia una mujer preside el Poder Judicial de la Federación.

No es un logro personal, es un indicativo de avance social. Sepan todas y todos que trabajaré porque esta representación en el Poder Judicial Federal se traduzca en una auténtica reducción de las brechas de género y, consecuentemente, en una sociedad más justa e igualitaria.

Hace 106 años, en esta Ciudad, encabezados por Venustiano Carranza, 218 diputados, provenientes de toda la República, con muy distintas profesiones y oficios: abogados, pensadores, médicos, maestros, militares, ferrocarrileros, topógrafos, telegrafistas, integrantes de todo el abanico social de nuestro país, se reunieron para reformar, en principio, la Constitución de 1857. Pero fueron mucho más allá: encauzaron las reivindicaciones sociales emanadas de la Revolución mexicana, dando luz, en el mundo, a un pionero constitucionalismo social.

Repito las palabras de Donato Bravo Izquierdo, diputado constituyente: “Jamás he pretendido que el Congreso Constituyente de 1917... esté verificando una labor de perfecta sabiduría, pero sí creo que su obra es de evolución social, que hace conmover el cerebro y el alma del pueblo mexicano, ya que la Revolución le ofreció un horizonte de nueva vida que desconocía y que ha debido estudiar para obtener un progreso verdadero. 

Así, la sangre derramada en nuestras luchas intestinas no será estéril”, cierro comillas.

Las injusticias generan inconformidad, descontento, enojo, violencia. Pero para encontrar una verdadera solución a ellas, de largo plazo, se necesita crear conceptos, ideales, convicciones de lucha política, de fortalecimiento institucional.

Así ha sido en la búsqueda de igualdad entre las personas, con independencia de credos, de nacionalidades, condición económica, de orígenes étnicos o de género.

Enfrentar estas injusticias ha sido el mejor motor de las causas de la humanidad.

Quienes se reunieron en este gran recinto supieron hacerlas suyas y plasmarlas en leyes, en instituciones, para salir de la guerra fratricida y construir la gran Nación que hoy conformamos. Esa es la lección que imponen estos muros, y que no debemos olvidar, ni menospreciar.

Hoy, nuestra Constitución, con centenares de reformas, contiene los fines, los objetivos, las grandes metas del proyecto nacional y reconoce los derechos inherentes de todas las personas. 

Sin embargo, la deuda histórica con sujetos en particular y con enormes sectores de la sociedad, persiste. Mujeres, personas en situación de pobreza y discriminación. La infancia, las personas con discapacidad, las y los migrantes, los individuos, personas, comunidades y pueblos indígenas, todos ellos nos exigen, recordando a Donato Bravo Izquierdo y a sus colegas diputados constituyentes que nos dieron una Nación, seguir preparándonos para obtener un verdadero progreso. 

Sólo el conocimiento y la convicción en nuestros valores procuran la libertad y la igualdad.

Evitemos encuentros estériles, reuniones anuales con bellos ejercicios de oratoria, para tras ello, volver al escritorio con la falsa sensación de un deber cumplido.

Tenemos que esforzarnos más, cuestionar y cuestionarnos, replantearnos cómo lograr un cumplimiento cabal de nuestra Constitución.

La Ley Suprema tiene que ser una realidad en aras de la dignidad de cada persona, en aras, precisamente, de la consecución de los fines del proyecto nacional. La dignidad se construye día a día, con respeto entre los individuos, entre los poderes, e, incluso, entre las naciones.

Para hacer frente a esta enorme deuda histórica, el rol de quienes impartimos justicia, resulta crucial. Así lo asumo, así lo asumimos.

Nuestra principal responsabilidad es garantizar el acceso a la justicia, viendo por la dignidad humana a través de la promoción, protección, respeto y garantía de los derechos humanos contenidos en nuestra Constitución.

Conforme al paradigma de la centralidad de los derechos humanos, el Poder Judicial —guiado por la Constitución— no sólo resuelve las controversias, no sólo pacifica los conflictos, sino que también promueve y cataliza el cambio social.

No es accidental que en el vestíbulo principal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación esté grabado el apotegma: “somos siervos de la ley suprema para poder ser libres”. Nuestro actuar debe estar apegado al derecho para —de cara a la sociedad— rendir cuentas en el ejercicio de nuestra función. Los juzgadores estamos siempre sujetos al imperio de la ley, pero nuestra función no se limita a una

aplicación formal.

Por mandato constitucional, la impartición de justicia exige también interpretar atendiendo a los valores y principios inmersos en las normas. Esta importantísima labor, la realizamos como seres sociales, insertos en una cultura política, con diversos perfiles éticos, que se proyectan inevitablemente en nuestra labor. 

La diversidad entre quienes impartimos justicia, no sólo es inevitable, es deseable.

Es sano y necesario ponderar la actividad de los jueces en virtud de las resoluciones que emiten, y nunca perder de vista la independencia judicial —la de los juzgadores y la de uno de los poderes constitutivos de la República. Una judicatura independiente es pilar de nuestra democracia. Es el legado que nos transmite nuestra ley fundamental.

Tenemos la responsabilidad de preservarla y fortalecerla. De lo contrario, corremos el riesgo de mermar esa garantía en detrimento de las propias personas que nos demandan justicia.

La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, es el principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos. La independencia judicial es la principal garantía de imparcialidad del Poder Judicial, siempre, en beneficio de la sociedad.

Señoras y señores:

Como Ley suprema, la Constitución es un inmenso y muy poderoso manto protector de certeza, de confianza, de seguridad y, sobre todo, de unión entre las y los mexicanos. Nos obliga a todas las autoridades, en el ámbito de nuestras competencias a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y —muy destacadamente— progresividad.

Hoy, les invito a que trabajemos, hombro con hombro, por el bien de nuestro país, para dar ejemplo de que, en la unidad nacional, somos dignos herederos de nuestra historia.

La Constitución es el pacto federal que nos permite superar nuestras diferencias y estar de acuerdo en lo fundamental, como lo expresara Mariano Otero.

 Es el centro de gravedad donde convergen los fines y los entramados institucionales para llegar a ser el México que podemos y debemos ser. De la Constitución emanan todas las leyes, en ella están plasmados nuestros derechos y libertades. En la Constitución ésta la organización y el funcionamiento de nuestra República. Nuestro compromiso con México es cumplirla y velar por su cumplimiento.

Hagámoslo posible. Les aseguro a todos que cuentan con el Poder Judicial Federal.

Muchas gracias.