Chihuahua, Chih.
Mire usted ¿desde dónde le operan los prejuicios? Cuando hablamos de inclusión ¿de qué específicamente estamos hablando? Bien, de todas las personas ni más ni menos. De esas que no viven como usted precisamente, las que con una realidad distinta tienen que enfrentar una serie de impedimentos, barreras y obstáculos que le impiden su libre desarrollo y convivencia en la sociedad.
Si hasta aquí usted ya imaginó identidades de género u orientaciones sexuales, no se agite que ni siquiera voy a tocar ese tema.
Hablo de los obstáculos que viven las personas con discapacidad y que irremediablemente les condenan a la exclusión y eventualmente, van degradando las posibilidades que tienen de acceso a una vida digna y para eso, le quiero contar de un viejo amigo, se llama Manuel. Él y yo coincidimos laboralmente en el Congreso del estado por un tiempo, a raíz de un accidente perdió la movilidad de 2 terceras partes de su cuerpo que le obligaron a usar una silla de ruedas.
Desde su traslado de casa al trabajo tenía que pedir un Uber con un conductor que estuviera dispuesto a apoyarle a subir al vehículo y guardar su silla; su llegada al edificio implicaba la misma mortificación a la inversa para luego tener que esperar en la puerta a que los guardias lo cargaran para que lo ayudaran a entrar.
El transcurso del día era menos que una odisea, los baños de los hombres estaban entre los pisos así que no podía resolver sus necesidades (porque, obvio, no podía utilizar escaleras) a menos de que fuera martes o jueves cuando hay sesión y podía acceder al sanitario del salón de plenos; imposible usar los cajeros automáticos so pena de estrellarse con las gruesas puertas de vidrio que resguardan el recinto legislativo en su parte posterior.
Por todo lo anterior, no podía asistir toda la semana a trabajar lo que afectó su desempeño laboral y los beneficios del mismo. Tuvo que dejar su encargo.
Él vive con una discapacidad motriz; sin embargo, ampliando, según el Anuario Estadístico y Geográfico de Chihuahua 2014 de INEGI, en Chihuahua existen 268,482 personas con discapacidad, de las cuales se señala al 45% con problemas para caminar o moverse, un 8% con discapacidad mental, el 3% con problemas de aprendizaje y el 6% con alguna dificultad para comunicarse o hablar.
En esta segmentación no se considera de las necesidades especiales que requieren niños, niñas y adolescentes en cuestión educativa y que son materia que se votó la semana anterior en el mismo recinto hostil para Manuel, eliminando del artículo 5, fracción IV, 51 segundo párrafo, 51 Ter del dictamen de la Reforma a la Ley Estatal de Educación, referente a la educación inclusiva, cuya finalidad es favorecer el aprendizaje de todos los educandos haciendo "énfasis en los que están excluidos, marginados o en riesgo de estarlo", que de sostenerse, beneficiaría a los USAER (Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular) que son instancias técnico-operativas de la Educación Especial y que en un marco de educación INCLUSIVA proporcionan apoyo técnico, metodológico y conceptual a toda población escolar que así lo requiera, sobre todo, a aquellas que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación, o sea, personas con discapacidad o para quien por su contexto se le dificulta aprender o participar de las oportunidades de aprendizaje o ámbitos educativos en cualquiera de sus espacios o campos de formación.
Su objetivo es pues, a través del acompañamiento al alumnado construyendo aulas inclusivas y el desarrollo de escuelas que no se discrimine.
Empero, esta no es la opinión de la fracción parlamentaria de Acción Nacional, que votó (cortesía del diputado Fernando Álvarez Monje, líder de los diputados de ese partido) por mantener estas barreras; no comparten que las personas con necesidades especiales o con discapacidad tengan derecho a la educación.
Se sabe que lo que en realidad pretenden es coartar el principio constitucional que mandata que la educación, además de obligatoria y gratuita, debe ser universal, inclusiva y laica.
Ominosamente están pretendiendo obviar la discusión (distrayendo la atención) para eliminar la obligación que tienen de garantizar el respeto irrestricto de la dignidad de las personas con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, en el que se incluyen, desde luego, los planes y programas de estudio que tienen que ser tranversalizados por la perspectiva de género y una orientación integral.
En términos llanos: lo que buscan es la posibilidad legal de eliminar los programas de educación sexual y reproductiva.
Y ¿sabe qué? Son muchos brincos estando el suelo tan parejo, por mandato constitucional la ley debe ser acatada. No puede ser que por sus pánicos morales se sacrifique el derecho a la educación de miles de personas en el estado que suelen ya cursar algún elemento de exclusión, como ser pobre o tener serias limitaciones económicas por la precaria oferta laboral, o no poder acceder a especialistas de consulta privada.
¿Cuántas escuelas con USAER conoce? ¿Cuántos niños y niñas conoce que vayan o tengan necesidad de asistir a uno? ¿cuántos de ellos no pueden acceder porque no hay transporte público que les pueda trasladar, o no tengan para pagarlo? ¿cuántos de ellos no asisten porque la escuela queda lejos y no hay quien les lleve? ¿Cuántas madres jefas de familia tienen que resignarse a no poder pagar opciones privadas porque tienen que trabajar fuera sin redes de apoyo que les hagan acceder a la opción que existe en la escuela pública?
Hablar de inclusión es hablar de justicia social, de hacer más cortas las brechas de desigualdad.
Son pocos porque, presupuestalmente, es imposible que haya unidades de USAER en todas las escuelas, pero es bueno saber que gracias al PAN y al PRI serán menos porque prefieren creer en monstruos imaginarios a garantizar derechos a través de la representación para la cual, fueron elegidos/as.
Es cuanto.
@MarieLouSalomé
