Chihuahua, Chih.

De a poco se van construyendo conductas que se van constituyendo en “normales” en el ejercicio del poder público. Sólo cuando aumentan notoriamente las cantidades gastadas en determinados rubros se encienden las luces de alarma en la sociedad.

Tal cosa ocurre con los gastos de la publicidad gubernamental, en la que, con mucha frecuencia, se la analiza bajo el enfoque de cuando la preeminencia de los medios de comunicación abarcaba, solamente, además de la radio y la Tv, a los medios impresos.

La irrupción de las diversas plataformas en internet, que han dado origen a lo que genéricamente hemos denominado “redes sociales”, orillaría a evaluar con otros instrumentos y otra óptica lo que los gobernantes gastan en la publicidad oficial.

Algo de eso es lo aparecido en una investigación periodística.

Resultó que el gobernador Javier Corral gastó 5 veces más en su imagen que lo presupuestado originalmente, debido a que el gasto fue más allá de lo contenido en el rubro de Comunicación Social.

Tal desproporción la aportó fundamentalmente el Presupuesto de Relaciones Públicas que pasó de 9 a más de 50 mdp en dos años. Esa dependencia tiene sólo dos objetivos: “fortalecer la imagen del Ejecutivo con la sociedad civil” y el “fortalecimiento de las relaciones con la ciudadanía y las organizaciones”. (Nota de Javier Olmos, El Diario de Juárez, 18 Junio 2019).

Expositor, casi hasta la saciedad, de un discurso de “restricción absoluta” en materia de publicidad oficial, aplicada por la Coordinación de Comunicación Social -que pasó de 9 millones en 2017, a 49.6 en 2018 y a 50.7 en 2019-, la realidad es que el gasto de la difusión de las actividades gubernamentales, y especialmente las del gobernador Corral, va mucho más allá, lo que contradice estruendosamente el discurso del mandatario, centrado, desde el inicio de su gobierno, en criticar acremente a los medios de comunicación, a los que acusó de postrarse ante el ex gobernador César Duarte, gracias al reparto de inmensas cantidades, cosa que ocurrió con numerosos medios de comunicación, tanto locales, como los de la Cd. de México.

Corral acusó a Duarte de ejercer el presupuesto de Comunicación Social de manera totalmente discrecional para fortalecer la imagen del ballezano, en el afán de éste por colocarse en la administración federal.

Bueno, pues las noticias son de que, al igual que en otros aspectos del gobierno de Javier Corral, la incongruencia es el signo relevante.

En ello juega un papel relevante la Coordinación de Relaciones Públicas del Gobierno del Estado que “con una plantilla de 26 empleados que le absorben anualmente 7 millones 514 mil 237 pesos en remuneraciones”, es la “unidad de apoyo que fortalece la imagen institucional del titular del Ejecutivo, promoviendo una mayor vinculación con la sociedad civil, organismos y entidades, así como los distintos sectores con los que interactúa para lograr los objetivos de Gobierno del Estado”. (Ibídem).

¡Ahí se disparó el gasto en 441%!

“La Coordinación de Relaciones Públicas tiene dos funciones principales en el aparato burocrático: fortalecer la imagen del Poder Ejecutivo frente a los habitantes y unir las relaciones entre la ciudadanía y las organizaciones. Para lograrlo, el presupuesto de la dependencia pasó de 9 a 50 millones de pesos en dos años.

En 2017, el primer año completo de Gobierno de Corral, se asignó a la coordinación un presupuesto de 9 millones 367 mil 483 pesos, cifra que para 2018 subió a 49 millones 654 mil 462 pesos, mientras que para este 2019 fueron 50 millones 692 mil 630 pesos”.

Además de “ser la unidad que garantiza la planeación y operación eficaz de las decisiones que el titular del Ejecutivo requiera tomar en materia de relaciones públicas, análisis y fortalecimiento de la imagen y vinculación institucional, a través de líneas de acción planeadas estratégicamente”.

En términos llanos, significa que es la dependencia encargada, incluido su gasto, de fortalecer la imagen del titular del Poder Ejecutivo en Chihuahua.

¡Vóytelas!

¿Y todas las regulaciones encaminadas a evitar el uso de los recursos públicos en la promoción de la figura e imagen de los gobernantes?

¿Recuerdan el gasto de la caravana, emplazada, según su promovente, para presionar al gobierno de Peña Nieto a que detuviera a César Duarte?

Promoción pura del gobernante chihuahuense.

Peor.

En el quinquenio de la transparencia “de la nueva amanecida” la opacidad es la reina: “Aunque el artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua la obliga (A la Coordinación de Relaciones Públicas) a rendir cuentas del desempeño de sus objetivos institucionales, al cierre del año pasado la dependencia estatal ni siquiera actualizaba los avances de trabajo logrados. Ese reporte indica que debió elaborar mil 300 eventos, pero al finalizar el cuarto trimestre del 2018 el informe permanecía en ceros…”. (Ibídem).

Más. De acuerdo con una investigación periodística, los “Gastos en imagen del gobernador Javier Corral (por el gasto en Relaciones Públicas), compra de espacios para publicidad oficial sin licitaciones públicas y viajes en aeronaves privadas, entre otros, han representado un gasto de 452.5 millones de pesos del erario estatal durante la actual administración”. (Nota de Miguel Chavarría, El Diario de Chihuahua, 21 de Junio 2019).

De esa cantidad, la Coordinación de Comunicación Social ha “gastado 291.8 millones de pesos en publicidad oficial y otros servicios por medio de contratos firmados por adjudicación directa”. (Ibídem).

Si bien habría que diferenciar el gasto empleado en la publicidad oficial en los medios de comunicación, de lo gastado en otras áreas relacionadas, no con los medios, sino con la difusión de la imagen del gobierno del estado, o del gobernador, como podría ser el ejercido para la creación, diseño y publicación del semanario -hoy desaparecido como medio impreso- “Cambio 16”, en el que, necesariamente, debieron licitar los servicios que necesitaban para diseñarlo e imprimirlo.

Cosa contraria a lo que sucede con la contratación de espacios en los medios de comunicación en los que deben recurrir a una de las excepciones establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, pues los servicios que le otorga al gobierno cada medio son únicos, debido a que la difusión de los mensajes gubernamentales en cada uno de ellos va a un sector distinto, el de los usuarios de ese medio en concreto.

Y es que el artículo 74, fracción I de la norma estatal dicta que, en caso de que el costo del servicio por el que fue contratada una empresa, sobrepase el monto de un millón 109 mil 592 pesos, deberá llevarse a cabo un proceso de licitación pública.

Pero la excepción contenida en el artículo 73 de la misma norma es la aplicable: “Los entes públicos podrán contratar a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres proveedores o de adjudicación directa, cuando se presente alguno de los siguientes supuestos: I. No existan bienes o servicios alternativos o sustitutos técnicamente razonables, o bien, que en el mercado exista una sola persona oferente…”.

Así, aunque el periódico X le contrate sus servicios al gobierno y éste pretenda uniformarlo con el periódico Y, no se puede, pues el universo de lectores de cada uno de ellos es distinto.

Igual ocurre con el resto de los medios, de ahí que la excepción mencionada puede aplicarse -y se aplica- correctamente, aunque, por desgracia, no con la fijación de parámetros que acaben con la enorme discrecionalidad con la que se contratan las tarifas a los anuncios gubernamentales, sujetos, como ya lo sabemos, al de la ley “López Portillo”: “No te pago para que me pegues”.

Sin embargo, a pesar del discurso gubernamental, lo gastado por Comunicación Social llegó a la cifra de 291.8 millones de pesos, en el que el mayor gasto se hizo en radio y, por otra parte, violando la norma vigente, Comunicación Social “firmó contratos con 43 proveedores para la prestación de servicios (otros, no con los medios de comunicación), los cuales suman 55.5 millones de pesos adjudicados de forma directa”, entre los cuales se encontraba la celebración del contrato para la impresión de Cambio 16, realizada de ese modo, y otros, como los relacionados con la parentela del diputado federal, Miguel Riggs, o de los familiares del ex coordinador de Comunicación Social, el también amigo del gobernador Corral, igual que Riggs, Antonio Pinedo.

Puesto en la tesitura, formidable oportunidad que no se les ha dado a otros impulsores de la regulación de la publicidad gubernamental, Javier Corral tuvo en sus manos la posibilidad de demostrar, en los hechos, que su propuesta en ese tema era la más cercana a las necesidades de la sociedad mexicana.

Lo único que debía hacer era aplicar, de concretar, tantas propuestas efectuadas a lo largo de más de dos décadas.

No sirvió de nada el pasado, se comportó de la misma manera que los gobernantes del pasado, creyendo que el presupuesto de la administración podía ser usado de manera discrecional, arbitrariamente para promoverse al siguiente cargo público.

¡Qué fracaso!

En tanto, Chihuahua se sumerge en otra espiral de sangre y violencia incontrolables, sin que se advierta, ni por asomo, la puesta en vigor de alguna estrategia que la enfrente.

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