Chihuahua, Chih.

Menudo problema tendrá el hoy candidato priista a la presidencia de la república, José Antonio Meade, consistente en el modo de deslindarse de los numerosos casos de ex funcionarios del partido gobernante, acusados de corruptelas, en los que se puede presumir la participación la Meade, y si no se dió, peor.

Uno de ellos, el de la “exoneración” del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, es uno de ellos, quizá no el de menor importancia, porque, a diferencia de prácticamente el resto de los casos, en éste, la acusación planteada por el abogado Jaime García Chávez, consiste en el acumulamiento de dinero para invertirlo en la creación -futura- de un banco, Unión Progreso, cuando se transforme de sociedad de crédito a institución bancaria.

A partir del próximo sábado iniciará la transmisión de los primeros spots de la campaña presidencial.

El candidato “ciudadano” del PRI decidió iniciar por su postura frente al problema de la corrupción, pero es indudable que sus estrategas publicitarios viven en otro mundo, hacen decir a Meade que ha combatido a la corrupción pues ha llevado ante los jueces a muchos ex funcionarios, pero al momento en que fue interrogado, Meade dijo que eran muchos:

“… –¿A quiénes? –fue la pregunta concreta.

–Hay varios: desde la Secretaría de Hacienda se implicó a gobernadores, algunos alcaldes involucrados en el huachicoleo, funcionarios de empresas productivas del Estado y directivos del sector financiero involucrados en maquinaciones de evasión fiscal.

–¿Podría dar nombres? –se le insistió.

–Ustedes saben quiénes son. Y si no, averigüen”. (Nota de Enrique Méndez, La Jornada, 27/III/18).

Pero apenas cuatro días antes, quiso deslindarse del desistimiento del ejercicio de la acción penal de la PGR en contra de César Duarte, la excusa es todo un monumento a la picaresca nacional (en muy pocos días de plena exposición mediática, el aspirante presidencial del PRI se ha convertido en fuente frecuente) pues Meade precisó que “Hacienda dio opinión, mas no exoneró a César Duarte”. (Nota de La Opción, 23/III/18).

Más preciso, dijo que “fue sólo una opinión técnica emitida a la Procuraduría General de la República”.

Bueno, pues fue con base en ese peritaje “técnico” que la PGR emitió la “exoneración” del ex mandatario chihuahuense: “Es completamente incorrecto, la Unidad de Inteligencia Financiera (de la Secretaría de Hacienda) da una opinión técnica, que valora en su caso la Procuraduría General de la República en una investigación que está abierta y que nosotros pedimos y exigimos que continúe, que se deslinden responsabilidades… El documento técnico que ahí se cita habla de que faltan elementos, que la Procuraduría pida que se profundice y que tengamos todos la certeza de que se está aplicado adecuadamente la norma, pero no confundamos un documento técnico, de quien no tiene capacidad de exonerar, en una investigación que sigue abierta”. (Ibídem).

No tiene desperdicio la resolución de la PGR. Sus peritos afirmaron que los 65 millones de pesos provenían, 40 millones, de los diversos negocios de Duarte, “antes de que fuera gobernador”, y 25 millones “corresponden a un préstamo”, que en su momento informaron que se lo había otorgado el fallecido diputado federal, Carlos Hermosillo, el antiguo chofer y protegido del exgobernador.

Bueno, pues ese peritaje no fue comunicado recientemente a la PGR.

Fue enviado el 16 de febrero de 2017 por Ángel Salvador Vargas Mitre, director de Procesos Legales "A" de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y cuando el titular de esa unidad era -puras coincidencias- Alberto Bazbaz Sacal, quien fuera Procurador del Estado de México en el Gobierno de Enrique Peña, y que saltara a la picaresca nacional (también fue estrella rutilante de esta) con el famoso caso del asesinato de la niña Paulette Gebara Farah, debido a que el cadáver de la niña apareció diez después de su desaparición ¡en su recámara! la misma que había sido analizada “exhaustivamente” por los peritos de la PGEEM.

Bazbaz ocupa hoy la titularidad del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

¡Ay nomás pa’l gasto!

Así, el círculo de funcionarios cercanos al presidente Peña aparece como el grupo que mantiene bajo su control y marca los ritmos de la supuesta, supuestísima, lucha contra la corrupción planteada por José Antonio Meade.

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