Chihuahua, Chih.

En los últimos 12 años, en México se registraron 879 conflictos sociales en torno a 304 proyectos de infraestructura: en minería, hidrocarburos, hidroeléctrica y eólicas, los estados con hechos más violentos según este estudio: Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Oaxaca, Guerrero, Zacatecas, Chiapas y Puebla.

De acuerdo a un estudio realizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), organización intergubernamental regional autónoma para América Latina y el Caribe, creada en 1957 por iniciativa de la ONU – Unesco, y en la cual participan 18 Estados miembros uno de ellos México.

Gisela Zasemberg, profesora investigadora de FLACSO México, destacó la importancia de que exista una Ley Nacional de Participación Ciudadana, que facilite a las comunidades tomar las decisiones que afecten su territorio, su vida.

En el Estado de Morelos, una hidroeléctrica con un costo de 25 mil millones de pesos, con posibilidad de suministrar energía eléctrica a todo el Estado de Morelos, fue sometida a consulta, con el fin de determinar si la planta se pondría a funcionar o no, lo anterior en vista de que algunos pueblos de la zona se oponen a su funcionamiento, por considerar les perjudica.

Uno de los pueblos que se oponen es el de Ayala, donde vive un descendiente directo de Emiliano Zapata, a decir en notas periodísticas, este líder emblemático, se manifestó en contra del proyecto pero dispuesto a aceptar el resultado de la consulta.

La consulta se efectuó con algunos incidentes, el más importante, el asesinato de unos de los principales líderes en contra de este proyecto: Samir Flores, integrante del Frente en defensa de la Tierra, el Agua y el Aire de Morelos, Pueblo de Tlaxcala, Jaime Domínguez, integrante del mismo frente, exigió al Presidente Andrés Manuel y al Gobernador Cuauhtémoc Blanco, que esclarezca el asesinato de Samir, porque “en nuestro país estos asesinatos siempre quedan impunes”.

En el Estado de Chihuahua, tenemos varios ejemplos: 1. El caso de la minera MAG Silver Corp, listada en la Bolsa de Valores de N.Y. y en la de Toronto, en el Mpio. de Buenaventura, 2. El inconcluso Aeropuerto del Mpio. de Creel, 3. La empresa TransCanada en el gasoducto de Chihuahua–Topolobampo contra la comunidad indígena Rarámuri en Mogotavo, Mpio. de Urique, como ejemplos de la contradicción entre los intereses particulares de una comunidad y los intereses de empresas extranjeras.

Conflictos originados a partir de la violación de los derechos de las comunidades, a ser consultados (Convenio 169 OIT-ONU), previamente a la puesta en práctica de proyectos de infraestructura que afecten sus intereses.

En los tiempos de la 4T, ¿Cómo conciliar los intereses legítimos de los pueblos y comunidades, con los intereses también legítimos de la nación, y de inversionistas nacionales y extranjeros?

En el anterior sistema de capitalismo salvaje, rebautizado como neoliberal, todo era más sencillo: se imponía a la población el criterio del Gobierno en turno, de forma autoritaria, quien se opusiera podría terminar, en la cárcel o en el panteón.

Hace unos días, Andrés Manuel nos informó que la Comisión Federal de Electricidad subsidia a empresas nacionales y extranjeras por 21 mil millones de dls., por 7 ductos que en la actualidad se encuentran inactivos, propiedad de las empresas nacionales de 2 de los hombres más ricos de México, Carlos Slim (Grupo Carso) y Carlos Ruiz Sacristán (IEnova), más TransCanada, Trasnacional energética de Canadá.

Según el titular de la CFE, Manuel Barlett, el motivo de este subsidio es una cláusula, que tienen los contratos con de las empresas del gobierno como CFE y PEMEX, con grandes empresas contratistas como las ya mencionadas, dicha cláusula consiste en que –cualquier causa de fuerza mayor– (conflictos sociales) que impida a las empresas continuar la obra para la que fueron contratadas, obliga a las empresas del gobierno a pagar como si estuvieran recibiendo el insumo, aunque esto no fuera así en la práctica, por motivo de un conflicto social.

No sabemos cuáles de los problemas que argumentan las empresas, son reales y cuáles son inventados, deben auditarse para pagar o no pagar, las cantidades estratosféricas a las más grandes empresas de México y del mundo.

En los últimos 30 años tuvimos un 2% anual en el PIB, descontada la población es un crecimiento cero en la economía, Andrés Manuel ofrece en la 4T tendremos un crecimiento anual promedio de la economía del 4%.

Para lograr esta meta del 4%, se requiere, entre otras cosas, que en los grandes proyectos de infraestructura: aeropuertos, ferrocarriles, hidroeléctricas, gasoductos, puertos, etc. sean conciliados los intereses de los pobladores donde se realizan estos proyectos, con los intereses de los inversionistas nacionales y extranjeros, y sobre todo, los intereses de la soberanía nacional.

Urge la Reforma Constitucional al Art. 35 que regula la participación ciudadana, estamos en la era de la 4T, es decir, soluciones democráticas no autoritarias.

Bienvenido a Chihuahua Andrés Manuel.