Chihuahua, Chih.

I.- Ensombrecido por los manejos indebidos del poder y del presupuesto público, el gobierno panista de Javier Corral se encamina a su final con un cúmulo de casos que no han sido procesados por las instancias correspondientes.

Ni la Secretaría de la Función Pública, ni la Fiscalía, ni la Auditoría Superior del Estado, ni el recién creado Sistema Estatal Anticorrupción, han procesado debidamente las denuncias de los casos de corrupción cometidos por los funcionarios panistas durante el actual gobierno.

En su edición del 24 de agosto de 2019, “El Diario” hizo un recuento de los casos que generan incertidumbre por los manejos indebidos del poder y del presupuesto público (“Sin castigo corrupción en Gobierno corralista”).

En esa nota se menciona al exsecretario de Salud, Ernesto Avilés, quien fue señalado por los contratos otorgados a la empresa farmacéutica Centrum Promotora Internacional SA de CV. Esta empresa fue denunciada en el año 2016 por funcionarios del IMSS ante la COFECE (Comisión Federal de Competencia Económica), debido a prácticas monopólicas. Otro de los asuntos por los cuales fue señalado Avilés, es el otorgamiento indebido de un bono de 102 mil pesos a diversos funcionarios de la Secretaría de Salud en Chihuahua, en diciembre de 2016.

Se menciona también el caso de Antonio Pinedo, quien estuvo a cargo de la oficina de Comunicación Social en los primeros años de gobierno de Javier Corral. Pinedo fue señalado por sus conexiones con la empresa Xtreme Sports, a la cual le fueron otorgados contratos publicitarios de manera indebida por parte del gobierno del estado.

“El Diario” documentó que a esta empresa le fueron otorgados contratos publicitarios por 4.9 millones de pesos (“Funcionario da contratos millonarios a cuñada”, 10 de septiembre de 2018).

Entre los señalados están también la Secretaria de Cultura, Concepción Landa, y la funcionaria de esta misma institución, Austria Galindo. Ambas hicieron uso de los viáticos de la Secretaría de Cultura para comer en restaurantes de lujo y para otros beneficios personales.

“El Diario” ha cuestionado también la construcción de una casa propiedad del fiscal del estado, César Augusto Peniche, en el fraccionamiento privado San Francisco Country Club en la ciudad de Chihuahua (“Es de Peniche residencia de $20 millones”, 22 de agosto de 2019). El valor de la residencia de 20 millones de pesos, comparado ante el salario que recibe el funcionario, genera incertidumbre.

Por lo menos, este caso hace notar que la política es una actividad que genera las ganancias suficientes para enriquecer a los funcionarios, para que estos trasladen su residencia de las zonas habitacionales populares, a las zonas exclusivas de las principales ciudades del estado.

En el caso del gobernador del estado, también “El Diario” ha documentado la compra dudosa de una casa y un terreno adjunto en el cruce de las calles Costa Rica e Ignacio Peña en ciudad Juárez (“Amplía Corral su casa con patio ajeno”, 23 de septiembre de 2019). A Javier Corral se le ha comprobado la adquisición de bienes inmobiliarios en Ciudad Juárez, Chihuahua capital, Mazatlán y la sierra chihuahuense. A lo largo de su trayectoria como político, Corral ha tenido la capacidad económica de convertirse en coleccionista de bienes inmobiliarios.

Entre las diversas denuncias presentadas por “El Diario” en sus ediciones de Chihuahua y Ciudad Juárez, falta documentar los actos de corrupción cometidos en la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua (UPNECH), que a continuación se señalan.

II.- Después del proceso de descentralización de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en Chihuahua, que convirtió a las entonces unidades de Juárez, Parral y Chihuahua en la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua (UPNECH), comenzó el crecimiento de la rectoría de esta institución.

Antes de ser creada la UPNECH, en agosto del 2011, no existía la rectoría. Para gobernar a la Universidad Pedagógica Nacional en Chihuahua, eran suficientes las direcciones de las unidades de Juárez, Parral y Chihuahua, que se hacían cargo de las subsedes ubicadas en otras ciudades del estado.

Desde la creación de la UPNECH, la rectoría de esta universidad se ha convertido en un botín político que ha funcionado como agencia de colocación de empleos de los afines al gobierno en turno, como oficina para administrar recursos presupuestales a discreción y como puente para entablar relaciones políticas de alto nivel, dando lugar a una casta de privilegiados.

La rectoría de la UPNECH es un elefante blanco y/o negro, que flota y se acomoda a partir de los intereses de los grupos de poder que gobiernan Chihuahua. De inicio, el nombramiento del rector, normado por la ley que descentraliza a esta universidad, puede entenderse como un vasallaje. La lógica de gobierno de la UPNECH convierte al rector de esta institución en un vasallo de los intereses del gobernador en turno.

En octubre de 2016, recién iniciado el gobierno de Javier Corral, se nombró como rectora de la UPNECH a Victoria Chavira, quien desconocía por completo a la universidad, pero que tiene una biografía ligada al panismo chihuahuense y a Javier Corral en específico.

El nombramiento de Chavira obedeció a intereses panistas y corralistas, que terminaron por llevar a esta institución a una crisis de gobernabilidad a lo largo del año 2018. Pero lo más lamentable de la llegada de Chavira a la rectoría de la Universidad Pedagógica Nacional en Chihuahua, no fue su nombramiento en función de los intereses partidistas o corralistas, tampoco fue su desconocimiento de la universidad, sino la voracidad que mostró la funcionaria para servir a sus intereses privados desde las primeras semanas en el cargo.

En dos auditorías practicadas a la rectoría de la UPNECH por parte de la comisaria de la universidad, Dolores Guadalupe Silva Robles, el 7 de mayo y el 30 de agosto de 2018, se registraron una serie de señalamientos sobre los primeros meses de la gestión de Victoria Chavira. Entre estos señalamientos, destacan dos pagos que la UPNECH le hizo al Instituto Regional de Estudios de la Familia (IREFAM), una institución particular cuya dueña es la misma Chavira.

Seis semanas después de que Chavira asumió el cargo como rectora, el 29 de noviembre de 2016, la UPNECH realizó dos pagos al IREFAM por un total de 379 mil 400 pesos. En las observaciones de las auditorías realizadas, de la cuales se cuenta con los documentos probatorios, se afirma que: “la Secretaría de Educación y Deporte menciona que no se realizan contratos por los servicios dentro del programa Escuela Segura.”

El programa de Escuela Segura, que sirvió de coartada para emitir los pagos de la UPNECH al IREFAM, funcionó en su momento para beneficiar a escuelas del nivel de educación básica. No queda claro cuáles fueron los “servicios prestados” por parte del IRAFAM a la UPNECH a través del programa Escuela Segura, lo que sí queda claro es que se realizó un pago de cerca de 400 mil pesos por estos “servicios”.

El mecanismo que se usó para beneficiar al IREFAM durante la gestión de Chavira, es similar a los mecanismos que fueron usados por los funcionarios de las Secretarías de Hacienda y de Educación durante el saqueo del sexenio de César Duarte.

La única diferencia, es que los funcionarios duartistas que desviaron recursos de la Secretaría de Educación hacia empresas privadas, han sido denunciados y procesados penalmente, mientras Victoria Chavira goza de cabal libertad bajo el manto protector del corralismo.

Durante las movilizaciones que se generaron en protesta por la gestión de Chavira en la UPNECH a lo largo del 2018, quedó demostrado que en otras ocasiones Victoria Chavira hizo uso de los recursos de esta universidad para beneficiar a la escuela de su propiedad. Su proyecto consistía en abrir sucursales del IREFAM en otras ciudades del estado, además de Chihuahua, usando como plataforma a la UPNECH.

El 17 de septiembre de 2017, la entonces Secretaria de la Función Pública, Estefany Olmos, declaró que después de practicada una auditoría a la rectoría de la UPNECH “no se encontraron actos indebidos” (“Reveló auditoría de UPNECH irregularidades de Limón. Hay otra investigación”, “Entrelíneas”, 17 de septiembre de 2018). 

Cabe preguntarse, ¿Estefany Olmos estaba enterada de los actos de corrupción cometidos por Chavira durante su gestión como rectora? Si no lo estaba, habría que subrayar la ineptitud de la funcionaria. Si lo estaba, habría que dejar en claro la complicidad de la entonces Secretaria de la Función Pública.

Desde hace meses, los trabajadores del Campus Chihuahua de la UPNECH hemos solicitado a la rectoría, a la Secretaría de Educación y a otras instancias, que se nos informe sobre los resultados de la auditoría practicada a la gestión del Doctor Gerardo Arturo Limón.

La auditoría practicada a la gestión del Dr. Limón sigue siendo una incógnita. Lo que no es una incógnita, son los resultados de la auditoría practicada a la gestión de Victoria Chavira como rectora de la UPNECH. Chavira usó a la UPNECH para beneficiar al IREFAM, una escuela de psicología privada de la cual es propietaria.

Durante el conflicto que vivió la UPNECH en el 2018, la entonces rectora Victoria Chavira, declaró que había “abierto la letrina de la corrupción en UPNECH”. Desde luego que Chavira “abrió la letrina de la corrupción en UPNECH”, y cuando abrió esta puerta, ella misma tenía claro que su cuerpo estaba flotando entre el excremento y las aguas negras de los manejos indebidos del panismo (“Abrí la letrina de la corrupción en UPNECH”, nota publicada en “El Heraldo de Chihuahua”, 2 de marzo del 2018).

También queda claro que Javier Corral queda salpicado por las aguas negras y el excremento de la letrina de Chavira en la UPNECH. A los funcionarios en turno queda por plantearles una sola pregunta: ¿Cuándo inician los procesos legales para llevar ante la justicia los actos de corrupción cometidos por Victoria Chavira?...