Chihuahua, Chih.

La semana pasada, el edil capitalino Marco Bonilla presentó una Controversia Constitucional en contra de “la aprobación, promulgación y publicación decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”. 

Lo anterior, dada cuenta que dicha reforma legal se traduce en una “invasión de las esferas competenciales que afecta gravemente la autonomía indispensable para el buen desempeño de sus atribuciones, así como al derecho humano de las personas de acceso a la información”.

La porción normativa impugnada consiste en el nuevo tope del gasto público a que quedan sujetos los Entes Públicos en materia de Comunicación Social, el cual “en su conjunto, no debe rebasar el 0.1% del Presupuesto de Egresos Anual correspondiente”.

Para Marco Bonilla dicha reforma es inconstitucional porque “a todas luces es atentatoria de la libre administración hacendaria y de la autonomía hacendaria del Municipio de Chihuahua… (y) porque restringe esa libertad de autogobierno, que es la libertad de los vecinos del Municipio, representados por su Ayuntamiento”. 

Otro argumento impugnativo, es el siguiente: “el Congreso de la Unión no puede limitar a un Municipio en el diseño cuantitativo de su presupuesto, menos con un porcentaje como el previsto… pues no está tomando en cuenta el tipo de Municipio, el tamaño de su población, si su zona es urbana o rural, la necesidad y naturaleza de las campañas de comunicación social”.

“Aunado a lo anterior, el Congreso de la Unión carece de facultades expresas para poder legislar sobre techos presupuestales a los municipios, con lo que en la expedición de esta Ley General se excede en sus facultades, invadiendo así las del Municipio Libre de Chihuahua”.

En materia de trasparencia, el reclamo del edil capitalino es que “al imponer el legislativo federal -de manera arbitraria- como límite el porcentaje del 0.1% del Presupuesto de Egresos, implica la vulneración al derecho humano de los vecinos para acceder a todos los programas, ya que el acceso a la información se vería directamente afectado porque el Municipio de Chihuahua carecería de un presupuesto suficiente para informar a las personas”. 

“En consecuencia, se estaría violentando la obligación que tiene el Municipio hacia las personas que habitan y transitan dentro de esta circunscripción territorial, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y con ello se estaría interfiriendo, obstaculizando e impidiendo el goce de los derechos humanos a sus titulares”.

Para una mejor comprensión de este reclamo constitucional, es oportuno citar la definición legal de Campaña de Comunicación Social: “Estrategia específicamente diseñada y ejecutada por los Entes Públicos en diversos medios de comunicación para promocionar e informar sobre los servicios públicos, programas, obras, normas y demás acciones relevantes a la población”.

Por último, destacar que el edil capitalino solicitó la suspensión de la norma impugnada “a fin de evitar la materialización de la violación a la autonomía hacendaria y financiera municipal, así como de evitar el daño irreparable a los derechos humanos mencionados en el presente escrito”.

A mi parecer, la Controversia Constitucional presentada por el Municipio de Chihuahua es de trascendental importancia, en virtud de que constituye un precedente de rechazo en contra del centralismo legislativo que impera en México.

Por desgracia el servilismo político de nuestros legisladores, federales y locales, ha permitido -desde hace décadas- que se aprueben leyes ‘generales’ que anulan la autonomía de las entidades federativas y de los municipios.

Más aún, cuando en este caso resulta evidente que la reforma legal impugnada evidencia la perversa intención, por parte del Gobierno Federal, para monopolizar la propaganda oficial durante los meses previos a los comicios federales del 2024; y por supuesto, durante todo el proceso electoral federal en el que habremos de elegir al nuevo Presidente de la República.