Chihuahua, Chih.

"¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?".

El día de hoy se realizará la primera consulta popular. 

Se trata del primer ejercicio de carácter constitucional y legal, conducido y ejecutado por el organismo electoral, no solo encargado, sino facultado, para hacerlo.

Se celebra en medio de un entorno por demás desfavorable para un ejercicio democrático de este talante pues, como lo hemos sostenido reiteradamente, contestar en uno ú otro sentido no arrojará resultados concretos; por tanto, no servirá para los fines que la mayor parte de los ciudadanos aspiraban encontrar en este procedimiento.

Las consultas populares, las que se inscriben en el marco legal de cualquier país, deberán resolver algún asunto de la vida pública de la manera más sencilla y clara posible; la del día de hoy no cumple, ni de lejos, esto.

Contrariamente a lo publicitado por el presidente y su partido, la pregunta no tiene que ver con los supuestos delitos cometidos por los expresidentes, ni con nadie que haya ocupado un lugar en la administración pública; tampoco resuelve nada acerca de la creación de una supuesta “Comisión de la Verdad” que en los últimos días diversos sectores y actores de Morena han anunciado que se crearía.

Rescatemos la máxima que establece los alcances y atribuciones de los funcionarios públicos y de los ciudadanos: Estos últimos pueden hacer todo lo que no prohiben las leyes, pero los funcionarios están obligados a hacer lo que expresamente las leyes les facultan.

¿De dónde pueden derivarse actos obligatorios de la respuesta positiva en la consulta para algún funcionario? ¿De dónde puede derivarse la obligación de crear una “Comisión de la Verdad”? De la consulta no.

Dejemos de lado la imposibilidad de que más de 37 millones de ciudadanos vayan a votar e imaginemos que ese número, o uno mayor, acuda a las casillas el día de hoy, y que la mayoría diga sí al supuesto enjuiciamiento de los expresidentes ¿De dónde puede sostenerse que esa respuesta a la pregunta pueda obligar al Fiscal General de la República, o a los fiscales de las entidades, a actuar en contra de alguno “de los actores políticos”, que hubiesen tomado algunas “decisiones políticas … en los años pasados”?

Peor aún, la respuesta positiva no facultaría a ninguna autoridad a efectuar acción alguna, sino solamente a un por demás ambiguo “proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados”.

¿Porqué no actúa judicialmente el gobierno de la república en contra de los expresidentes? Tiene las facultades necesarias para ello y el presidente ha expuesto varios argumentos que, supone, colman los supuestos establecidos por la ley para fincarles responsabilidades a las personas, y en este caso a quienes tuvieron la máxima responsabilidad ciudadana en México.

Aún si no tuviese los elementos para proceder en contra de todos los señalados, en los últimos días López Obrador y algunos de sus funcionarios han descrito suficientes argumentos -con motivo del escándalo del espionaje perpetrado a través de la plataforma Pegasus- como para fincarle cargos a los expresidentes Calderón y Peña Nieto ¿Qué espera?

El presidente es un mar de contradicciones. 

Anuncia que irá a votar en contra de someter a juicio a los expresidentes (que ya lo vimos, eso no está a discusión en la consulta), pero durante meses ha sido el principal promotor de la consulta y no solo eso, fue el promovente de la pregunta ¿Entonces, a quien seguir, al presidente que promovió la consulta, o al que dice que votará en contra, porque, dijo desde la toma de posesión, que había que “darle la vuelta a la página”?

¿Cómo explicar esa postura que echa mano del doble discurso –no, pero sí– y elude denunciar, como podría, presuntos delitos para, en su caso, perseguirlos. Desde esa óptica la consulta sobra, como también si al final todo concluye en la creación de una comisión de la verdad.

¿Y entonces su despliegue mediático, y el de los integrantes de Morena, cómo explicarlo? ¿Están “por el punto final”, o por el enjuiciamiento de los exmandatarios como resultado de la consulta?

Si quieren seguir los “mandatos” del “pueblo sabio”, no batallen, ahí están las encuestas, en todas la opinión abrumadoramente mayoritaria es la de someterlos a juicio.

¿Para qué ir a la consulta sobre un asunto que no debe consultarse y para el cual tienen, además de amplias facultades, un inmenso arsenal de información en su poder, la que poseen las oficinas del gobierno, de toda la administración pública federal?

No, la explicación es porque el presidente ha fracasado en sus intentos de aparecer en la boleta electoral. 

El ejercicio de hoy es extremadamente ilustrativo de tal objetivo. 

Fracasó en el intento de que la revocación de mandato se celebrara en la misma fecha de las elecciones; luego, ante la imposibilidad de que se aprobara la reforma constitucional, aceptó que la consulta para llevar a consulta a los expresidentes se realizara el día de hoy, pero él insistió tercamente en que debiera ser el mismo día de las elecciones de mitad de sexenio.

No lo pudo hacer.

Luego, ante la imposibilidad de que Morena obtuviera el número mínimo de firmas de ciudadanos para pedir la consulta, decidió presentarla él.

La redactó mal, su pregunta era claramente inconstitucional pues les imputaba un presunto delito, por eso la Corte la rechazó, y en violación a las facultades que posee la Suprema Corte, la modificó. Es la pregunta de hoy.

Todo lo anteriormente hecho por el presidente tenía una sola motivación: Influir en el proceso y el resultado electoral, sabedor de que el principal capital político de Morena es su persona y su arrastre político.

Y no se podrán quejar -como ya lo intentan los seguidores del presidente desde ahora- de que el INE será el responsable del fracaso de la consulta: “Contra lo que ha dicho el Presidente, el INE sí promovió la consulta. En total, a través de 3 mil 499 emisoras de radio y televisión difundieron 377 mil 833 spots promocionales y alrededor de 800 mil pautas en las redes sociales, al margen de los casi 7 mil espacios de publicidad exterior y alternativos, y decenas de inserciones en diarios en todo el país”. (René Delgado, El Financiero, 30/VII/21).

Tres días atrás el presidente nos ofreció otra evidencia de que la motivación electoral es lo importante para quien se asume como el autor de la 4a “transformación” que debiera concretarse en el país: 

Como en marzo se realizará la consulta acerca de la revocación -o no- de su mandato, anunció que “ahora sí” utilizará cubrebocas, una vez que se decrete la veda electoral, “… las conferencias van a continuar, pero para asuntos públicos no sé cómo le voy a hacer, ahí sí voy a tener que usar cubrebocas”.

¿Y porqué en la reciente campaña electoral no lo hizo?

Por desgracia, el país acude hoy a un ejercicio por demás inútil, fruto del voluntarismo del presidente, quien debiera someter, en todo caso, varios otros asuntos a cual más de importantes, o haber puesto bajo el mismo ejercicio a varias de las acciones ordenadas por su gobierno que han concitado intensas polémicas y poner más su atención en algunas de las situaciones más problemáticas que ocurren en el país.

Además, son muchos los que pierden con esta consulta:

Quienes pierden con esta consulta son los ciudadanos que creyeron en el presidente y confiaron en que si votaban a favor habría acciones judiciales inmediatas contra los expresidentes;

Pierden el Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte, en colectivo, y su presidente en particular, porque no fueron capaces de decirle que no al presidente con su pregunta;

El país perdió a los ministros de la Corte porque ¿Acaso no se dieron cuenta que la redacción de la pregunta es un galimatías y que es un mamotreto cuyo destino debía ser el basurero?;

Pierde credibilidad el ejercicio de la democracia participativa pues algunos mexicanos se “vacunarán” en contra de estas figuras y las considerarán como parte esencial de la capacidad manipuladora de los gobernantes; y

Pierde el presidente porque ha publicitado que es un ejercicio para enjuiciar a los ex presidentes. Lo ha dicho reiteradamente a sabiendas de que miente.

Además, lo exhibe en su verdadera apariencia, la de la doble moral.

Y en Chihuahua tiene muchos asuntos urgentes que atender.

Por supuesto que el problema del agua -y no solo la de las presas- en el que la Conagua ha jugado papel fundamental en el saqueo del agua y el agotamiento de la mayoría de los mantos freáticos, en medio de infinidad de denuncias de las corruptelas ahí existentes, a lo largo de décadas, y cuya situación no ha cambiado en los casi tres años de la 4T, y que su gobierno agravó con el ilegal manejo del agua de las presas.

Hoy le ha sumado factores por demás inaceptables: La persecución de la Unidad de Inteligencia Financiera en contra del líder Salvador Alcántar y la injusta e ilegal detención de Andrés Valles, Rosendo Lerma, Juan Lechuga y Juan Carlos Rivera Márquez.

Por si fuera poco, desde 2009 Chihuahua ocupa el primer lugar nacional en homicidios. Ocupa, también, uno de los primeros lugares, tanto en feminicidios, como en violencia doméstica.

El tema de la violencia debiera llevarlo a replantearse lo hecho por su gobierno a lo largo de casi 3 años. 

No ha habido, desde el gobierno federal, ni ahora, ni antes, una estrategia diferente que haya enfrentado el problema, por el contrario.

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