Chihuahua, Chih.

“Es mi deber respetar y hacer respetar el Estado laico y no imponer mis convicciones personales a mis gobernados, libres de practicar la religión que deseen, pero también estoy obligado a observar y hacer cumplir la ley civil y que esta responda a la realidad que vive la sociedad para que pueda ser respetada y aplicada …Juzgo legítimo que la Iglesia católica pida a aquéllos que practican su fe que respeten ciertas prohibiciones. Pero no es la ley civil la que puede imponerlas con sanciones penales, al conjunto del cuerpo social…Como católico estoy en contra del aborto; como presidente de los franceses considero necesaria su despenalización.”

Valéry Gyscard d’Estaing. Presidente francés entre 1974 y 1981 y federalista europeo.







El pasado 10 de octubre se aprobó la nueva Ley General de Salud*, en ella, con las recientes modificaciones se permite que médicos, enfermeras y demás profesionales de la salud puedan objetar conciencia antes de realizar un aborto, lo que puede traducirse en una manera de negar el inalienable derecho a la salud de las mujeres que atraviesan una situación de embarazo no deseado.



A la letra, la norma con su modificación establece: “el personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud podrán ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece esta ley”. Lo anterior, como respuesta a la reciente modificación de la NOM-046 que dicta ninguna restricción para interrumpir un embarazo por violación en cualquier estado de la República, es decir, el aborto es permitido por causales como violación (sin mediar denuncia previa ante las autoridades), cuando significa riesgo de vida para la madre o cuando el feto no es compatible con la vida.



Sin embargo y como históricamente sucede, las excepciones han servido como candados para que las mujeres puedan ejercer sus derechos. En este caso, la dispensa al personal médico sirve como restricción moral para que las mujeres no puedan decidir sobre su maternidad aún acudiendo a los servicios públicos de salud que les corresponden, haciéndolas pasar por un viacrucis que puede terminar por agotar los plazos legales que la ley establece para practicar la interrupción bajo la tutela del estado.



¿Por qué se pregona que vivimos en una sociedad democrática cuando en temas de salud pública los derechos de las mujeres siguen colocándose en un segundo plano? En el primero se encuentran los intereses religiosos e individuales de gobernantes y grupos de poder que se sobreponen a sus deberes y obligaciones institucionales. Con la aprobación de dicha norma se consumó un retroceso de décadas en la lucha social que ha implicado que seamos consideradas personas con derechos y se le ha abonado a la inopia y displicencia que se traduce en mortandad femenina solo por la necedad de intervenir en las decisiones individuales de las mujeres como sujetas sociales.



A estas alturas es difícil de entender el poco asombro que se percibe de parte de la sociedad a razón de dicho retroceso. No es difícil adivinar que la intrusión de grupos religiosos -católicos y evangélicos principalmente- en los temas de estado y decisiones trascendentales en lo que refiere a política pública está cobrando fuerza y peso de frente el próximo proceso electoral, ya que son un capital político al que partidos políticos y gobernantes en busca de la reelección no quieren enfrentar, así sea pasando sobre la ley.



A esta andanada se le ha sumado la estatal; desde que el jacobino Leyva inició su batalla jurídica contra el titular del ejecutivo estatal por violar la laicidad nombrando a un clérigo dentro de la estructura de la administración pública estatal, se advertía la disposición del gobernador a no respetar el carácter laico de la república allanando una larga tradición constitucional. Pareciera que dicho nombramiento resultó estratégico ya que desde su posición el sacerdote Ávila puede apuntalar el desecho de los reclamos de las víctimas que se vean afectadas por las modificaciones a la ley de salud. Una más de Corral que se suma al nombramiento de Cuarón como Secretario de Educación y ejecutor de la política de privatización de la educación en la entidad.



Es el ejemplo perfecto de cómo se van desarticulando los instrumentos que representan la libertad y la autodeterminación como elementos fundamentales para la construcción de un estado democrático. Es de ponerse a temblar ver como el Estado laico se escurre entre las manos y con ello, el federalismo; ante el punto de vista único y singular que representa el religioso imperante que, además, no representa en su totalidad a la ciudadanía.



La objeción de conciencia es un candado moral que no debería estar por encima de un derecho humano inalienable como lo son la salud y la vida.



En tiempos en los que se dice que las mujeres ya contamos con todas las prerrogativas que el Estado otorga, que podemos ejercer todos los derechos, que si no llegamos a todos los espacios es porque no queremos; habría que plantearse porqué para nosotras la ley establece excepciones impuestas por quien ejerce el poder siempre en detrimento de que lo ejerzamos nosotras, así sea única y exclusivamente sobre nuestro propio cuerpo.



Para eso y por eso se está violando Estado laico.



¿Será que estamos mudando de una república democrática a un estado teocrático? Todo parece apuntar a eso y en ello, lamento el destino que tenemos de frente las mujeres.



*De acuerdo al proceso legislativo, la reciente ley aprobada en la cámara de diputados(as), espera su turno en el Senado para su aprobación y entrada en vigor.





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@MarieLouSalomé